Las claves
Durante el último año de la legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta doce juicios de gran repercusión, involucrando al propio presidente, su familia y altos dirigentes del PSOE.
Entre estos procesos destacan los casos contra el exministro Ábalos, su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez, todos ellos acusados de presuntas irregularidades y actos de corrupción.
Además, se investigan manipulación en contratos de obras públicas, anomalías en la contabilidad del PSOE y supuestas redes de comisiones ilícitas relacionadas con figuras destacadas y empresarios cercanos al partido.
La agenda judicial coincide con el calendario electoral, aumentando la presión política sobre el Gobierno y el PSOE ante las elecciones próximas.
El final de la XV Legislatura llegará en el verano de 2027, siempre que el presidente continúe con su intención de no adelantar comicios.
El plazo límite para celebrar elecciones es el 22 de agosto, aunque convocarlas en plena temporada estival y con gran parte de la población de vacaciones parece poco probable, sobre todo si Pedro Sánchez busca la movilización de su base electoral.
Por ello, las elecciones se adelantarían, como máximo, a julio de 2027, lo que implicaría disolver las Cámaras legislativas a finales de mayo o a comienzos de junio del próximo año.
Este cronograma obliga al Ejecutivo y al PSOE a afrontar, durante el próximo año, el mismo conjunto de doce procesos judiciales que han sido, son y seguirán representando un serio problema para Moncloa.
Un camino complejo que incluye, entre otros, el caso Leire, el caso Adamuz y los juicios en que serán juzgados Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su hermano, David Sánchez.
Igualmente, está próxima la sentencia del Tribunal Supremo sobre el exministro José Luis Ábalos, figura clave para el presidente no solo en el Ejecutivo, sino también en el PSOE, donde ocupó el cargo de secretario de Organización hasta 2021.
El primer episodio de este calvario judicial será, presumiblemente, la condena de Ábalos, que incluso él mismo dio por segura durante su interrogatorio en el Supremo.
De confirmarse esta condena —lo que parece probable dada la «prueba contundente» mencionada por la Fiscalía— se generará un hecho sin precedentes: un exministro condenado mientras el presidente que lo nombró permanece en el Palacio de la Moncloa.
En este contexto, la sentencia sobre Ábalos, más allá de establecer la posible responsabilidad penal, tendrá implicaciones relevantes en el ámbito político parlamentario, especialmente para Sánchez.
1. El ‘caso Ábalos’
El pasado miércoles, cerca de las nueve y media de la noche, Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Segunda del Supremo, declaró «visto para sentencia» el juicio relacionado con el caso Ábalos.
Pocos minutos antes, el principal acusado, el exministro, ejerció su derecho a la última palabra alegando: «Debo aprovechar, porque arriesgo la poca vida que me queda».
Ábalos está acusado de recibir sobornos y comisiones ilícitas, al igual que su asesor principal, Koldo García, en relación con la manipulación de contratos públicos.
También se le imputan favores para insertar en la Administración a dos mujeres: su ex pareja, Jésica Rodríguez, y la ex miss Asturias sénior, Claudia Montes.
Esta investigación, también llamada caso Mascarillas, se centra en dos adjudicaciones directas realizadas en 2020, en plena crisis sanitaria, a la empresa Soluciones de Gestión SL para proveer mascarillas al Ministerio de Transportes.
Durante su declaración, Ábalos adoptó una actitud victimista, lamentando que este «caso mediático» ya haya sido «juzgado con condena clara» previamente en su contra.
2. Juicio al hermano
El 28 de mayo arrancará en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.
Profesionalmente músico, se le acusa de obtener una plaza artística en la Diputación de Badajoz otorgada expresamente, según la juez instructora, por Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de dicha institución y líder del PSOE en Extremadura.
Gallardo también enfrentará juicio junto a otros miembros de la Diputación, varios vinculados al PSOE.
Entre los acusados figura Luis Carrero, exasesor de Moncloa que en 2023 pasó a colaborar con David Sánchez en la Diputación pacense.
La instructora Beatriz Biedma destacó en una de sus resoluciones la notable «influencia» de Pedro Sánchez sobre el PSOE de Badajoz cuando, en 2017, se produjo la contratación del hermano en la Diputación.
3. El ‘caso Begoña’
Si la Audiencia Provincial de Madrid no lo impide, Begoña Gómez comparecerá ante un jurado popular en una fecha aún por definir.
Este jurado estará compuesto por nueve ciudadanos comunes, sin formación jurídica, quienes evaluarán su culpabilidad o inocencia.
En abril pasado, el juez Juan Carlos Peinado propuso que Gómez fuera juzgada junto al empresario Juan Carlos Barrabés y a la asesora Cristina Álvarez.
Álvarez, aunque percibía un salario público, realizó trabajos privados en beneficio empresarial de la esposa de Sánchez, principalmente relacionados con la cátedra universitaria que co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Barrabés formó parte del claustro del máster vinculado a ese proyecto académico, ayudando a diseñar su plan de estudios, y en 2021 presentó para dos licitaciones públicas cartas de recomendación firmadas por la esposa del presidente.
4. Manipulación en obras públicas
El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, investiga una supuesta red que amañó contratos de obras públicas a cambio de sobornos. Entre los investigados destaca Santos Cerdán, quien sucedió a Ábalos como secretario de Organización del PSOE.
Koldo García, también implicado, grabó en secreto conversaciones con Cerdán en las que el dirigente, mientras era número tres del PSOE y diputado, alude a un posible reparto de sobornos pagados por Acciona.
Asimismo, según publicó EL ESPAÑOL, Javier Herrero, exdirector general de Carreteras vinculado a este caso, recibió 25.440 euros de una constructora que obtuvo un contrato público licitado por su departamento por más de 92 millones de euros.
En este proceso, Ábalos y Koldo García también están bajo investigación.
García intervino en la designación de Herrero como director de Carreteras en 2018.
En un documento encontrado por la Guardia Civil y difundido por este medio, el asesor de Transportes destacó la importancia de que Herrero alcanzara un cargo relevante.
«Lo han tenido dos años a pan y agua por socialista», escribió García.
5. Los gastos del PSOE
El mismo juez Ismael Moreno analiza, en una pieza separada, supuestas irregularidades contables dentro del PSOE.
Denominado caso Tickets, se originó tras la declaración como testigo del exgerente Mariano Moreno en el Supremo durante la instrucción del caso Ábalos.
Moreno reconoció que no verificaba con detalle la autenticidad de los gastos que los altos cargos cargaban al partido, los cuales luego eran reembolsados desde la contabilidad del PSOE.
El juez instructor, Leopoldo Puente, advirtió que esta falta de controles podría facilitar el blanqueo de capitales.
6. La ‘fontanera’ del PSOE
El juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez por presuntos delitos de soborno y tráfico de influencias. Esta figura es conocida como la fontanera del PSOE.
Zamarriego examina sus supuestas maniobras para obstaculizar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.
Ambas instituciones originaron algunas de las pesquisas previas, como los casos Begoña, Ábalos y David Sánchez.
Díez mantuvo reuniones con el fiscal Ignacio Stampa y con empresarios indagados por la Audiencia Nacional, haciendo referencia a altos cargos del Estado para fortalecer sus propuestas en negociaciones.
En una de esas reuniones, grabada en secreto por el fiscal, Díez se definió como «la mano derecha de Santos Cerdán» y «la persona que ha puesto el PSOE».
7. Leire y la SEPI
El caso Leire no es el único en que la fontanera del PSOE está implicada. El juez Santiago Pedraz profundiza en otra investigación sobre una presumible red criminal que, entre 2021 y 2023, cobró sobornos a empresas a cambio de ejercer influencias.
En concreto, Díez, junto a Antxón Alonso y Vicente Fernández, estarían implicados en al menos cinco amaños valorados en un total aproximado de 132 millones de euros, según la UCO.
Alonso es socio constructor de Santos Cerdán en la empresa Servinabar 2000 SL.
Fernández, cercano a la exministra de Hacienda y exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, preside la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Montero es también la candidata socialista a las elecciones de la Junta de Andalucía.
Este proceso se lleva a cabo bajo secreto sumarial, y existen más investigados cuyos nombres aún no se han hecho públicos.
8. Plus Ultra
El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional investiga una red internacional que habría blanqueado dinero mediante un rescate de 53 millones concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.
El apoyo público fue otorgado en marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investigó esta ayuda hasta 2023, cuando la juez Esperanza Collazos cerró el caso sin haber citado a ningún representante de la aerolínea como investigado, debido a un error procesal por no prorrogar la instrucción en plazo.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia con nueva información relativa a un presunto blanqueo de capitales a través de los fondos del rescate.
Collazos reabrió el caso y lo remitió a la Audiencia Nacional. Entre los investigados destaca Julio Martínez, conocido como Julito, amigo cercano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Lift recibió 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades, casi la misma cifra que después abonó a Zapatero por supuestos servicios de consultoría.
9. El ‘caso Forestalia’
Tras una investigación del Seprona que concluyó con seis detenciones, un Juzgado de Teruel indaga una supuesta red de corrupción ambiental vinculada a certificados de parques eólicos y solares.
Entre los investigados figuran Fernando Samper, propietario de Forestalia, y Eugenio Domínguez, exalto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica.
La investigación se centra en presuntos delitos de prevaricación, soborno, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal.
Se sospecha que Domínguez, durante su desempeño en el Ministerio, influyó de forma irregular para la emisión de resoluciones ambientales en Teruel a cambio de sobornos.
10. El ‘caso Sendaviva’
El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona investiga por soborno y tráfico de influencias al empresario Carlos Vidaurre Oraven, propietario de Adentro Construimos SL.
El caso Sendaviva incluye, por un lado, la reconstrucción del parque Sendaviva en la Ribera de Navarra tras el incendio de 2022, y por otro, las obras realizadas por la constructora en un piso del diputado socialista Ramón Alzórriz.
Se examina si el Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, fraccionó una obra en contratos menores para adjudicar cerca de 800.000 euros a Adentro Construimos SL durante la rehabilitación del parque, situado a 80 kilómetros de Pamplona.
Las cuatro adjudicaciones fueron presentadas como contratos menores, cada uno con un importe inferior a 200.000 euros. Uno de ellos fue exactamente 199.999 euros, apenas un euro por debajo del límite legal.
Recientemente, la juez Rebeca Esther Alonso, titular del Juzgado, envió la querella inicial presentada por Vox al Tribunal Superior de Justicia de Navarra para que decida sobre la investigación del diputado Alzórriz, quien posee fuero.
También está siendo investigado Rubén González Martínez de Morentin, exgerente de Parquenasa, la entidad gestora de Sendaviva, participada por NICDO, dependiente del Gobierno de Navarra.
Carlos Vidaurre es un empresario conocido en el ámbito socialista navarro. Fue responsable de la reforma de la sede del Partido Socialista de Navarra y de las obras en la vivienda que adquirió Ramón Alzórriz en 2024.
11. Tragedia en Adamuz
El Juzgado de Instrucción número 3 de Montoro (Córdoba) investiga las causas del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos.
La Guardia Civil concluyó que una fractura en la vía fue la causa del siniestro.
Aunque no hay políticos investigados por ahora, el PP ha criticado al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la apertura del procedimiento.
Durante la investigación, surgieron varios enfrentamientos entre Adif, empresa pública que gestiona la infraestructura ferroviaria, y la juez titular Cristina Pastor.
Un informe de la Guardia Civil señaló que la fractura ocurrió la noche anterior al accidente y que el sistema de alertas falló por problemas en la señalización.
El sistema está configurado con una sensibilidad insuficiente para detectar esa fractura específica.
En esa zona, un sistema más sensible generaría numerosas falsas alarmas.
Por ello, el umbral de alerta está establecido en 0,780 voltios. Como la tensión tras la fractura descendió solo hasta 1,5 voltios, la alerta no se activó, pese a la caída brusca.
12. El ‘caso Hidrocarburos’
En esta causa, la Audiencia Nacional indaga un presunto fraude fiscal sobrepasando los 200 millones de euros, cometido por empresas del sector del combustible.
Entre los investigados está Víctor de Aldama, quien organizó una reunión en el Ministerio de Industria entre representantes de Villafuel SL y el jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto.
Hazte Oír, como acusación popular, solicitó al juez Santiago Pedraz que también investigase a José Luis Ábalos y Koldo García tras conocerse un informe de la UCO que indicaba que la supuesta red criminal destinó «un millón de euros a comprar la voluntad» del exministro de Transportes y otros cargos para obtener permisos en hidrocarburos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 denegó esta petición.
Sin embargo, en esta causa está imputada Carmen Pano, quien asegura haber entregado 90.000 euros en dos bolsas en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, Madrid.