Entre los altos cargos bajo investigación se encuentran la directora de la Sepi, la presidenta del tribunal de impugnaciones y el responsable del fondo de rescate.
La red del PSOE organizada por su secretario de Organización, Santos Cerdán, alcanza en la Audiencia Nacional a la cúpula del sector público empresarial estatal. De los 25 imputados este lunes por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, una decena son empleados públicos y, entre ellos, cinco altos cargos en funciones. Según la Fiscalía Anticorrupción, todos presentan indicios de delitos como malversación, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y participación en organización criminal. Esta imputación cuestiona la transparencia en la gestión de grandes entidades públicas del Estado, como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y otros organismos como Isdefe o incluso el tribunal de Hacienda encargado de resolver impugnaciones de empresas públicas. Entre los afectados por la red popularizada por Leire Díez figuran integrantes de la élite económica del Estado.
LA PRESIDENTA DE LA SEPI
La responsable del brazo industrial estatal, con participaciones en compañías del Ibex, como Telefónica o Indra, e incluso europeas, como Airbus, está bajo investigación por posibles delitos relacionados con el rescate público a Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros. Se le atribuye un rol principal en esta operación, tras la cual la red habría recibido comisiones del grupo vasco. Durante su dirección, se pudo decidir el rescate bajo «presión política» y con revelación de información confidencial a favor de la red. Gualda, nombrada presidenta de la Sepi por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ocupa el cargo desde 2021 y gestiona activos por 20.000 millones. Fuentes gubernamentales han defendido su actuación y descartan su destitución: «En las diligencias no aparece ningún indicio que comprometa a la presidenta de Sepi, Belén Gualda. Por ello, mantenemos plena confianza en ella y en la labor desempeñada al frente de una empresa pública que ha salvado miles de empleos». De acuerdo con el informe de la UCO, Gualda se comprometió con el también investigado y entonces presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, a aprobar el rescate a pesar de las dudas iniciales del Ministerio de Economía y de la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen.
LA PRESIDENTA DEL TACRC
La encargada de garantizar la transparencia en las contrataciones públicas está también imputada. Se trata de la actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), Conchita Ordiz. Este organismo tiene la función de resolver disputas y recursos presentados por empresas contra decisiones administrativas, no obstante, según la Fiscalía, su titular podría haber cometido delitos al colaborar con la red. «Conchita ha cumplido», afirmó el cabecilla de la trama y ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández, en uno de los mensajes donde celebraba haber influido en la Administración en beneficio de uno de sus clientes. Ordiz era considerada en la Sepi como una protegida de Fernández, quien la promovió al cargo de secretaria general de Hispasat en un periodo previo. Actualmente, también representa a España en la red europea de tribunales de impugnaciones.
EL DIRECTOR DEL FASEE
El responsable del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), Julián Mateos Aparicio, también está bajo investigación. Es el encargado de supervisar que Plus Ultra, Tubos Reunidos, Duro Felguera y otras compañías devuelvan los fondos recibidos. La Fiscalía Anticorrupción destaca su colaboración con la red, siendo él quien autorizó una condonación de 10 millones en la deuda de Tubos Reunidos con el Fasee. Este alivio fue acordado previamente entre directivos de Tubos Reunidos y el propio Santos Cerdán, según indica la UCO en su informe. «El 28 de marzo de 2025, la solicitud de Tubos Reunidos fue aprobada mediante resolución firmada por Julián Mateos-Aparicio, por delegación de la presidenta Belén Gualda González. Por estas acciones, Tubos Reunidos acordó abonar a Vicente Fernández 40.000 euros (IVA no incluido)», se detalla en el auto de Pedraz.
DIRECTIVA DE ENUSA
La actual directora corporativa de Enusa, Rosario Arévalo, ha sido también incluida en la lista de la Fiscalía Anticorrupción debido a sus contactos y colaboración con Vicente Fernández en una operación empresarial en Melilla impulsada por la red.
DIRECTIVA DE ISDEFE
La actual directora de Desarrollo Corporativo y Estrategia de Isdefe, Mayte Castillo, figura imputada por su etapa anterior en Mercasa, durante la cual facilitó información interna a la red para una operación inmobiliaria. Isdefe, empresa pública de consultoría e ingeniería dependiente del Ministerio de Defensa, juega un papel clave en la actual fase de incremento del gasto militar público.
Además, permanece activa en su puesto como secretaria general de la Fundación Sepi la imputada Rosario Martínez Manzanedo. Fue confianza de Vicente Fernández cuando dirigía Participadas en la Sepi y llevó al Consejo Gestor presidido por Gualda la gestión del rescate de Tubos Reunidos.
El que ya renunció como interventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, transmitía información privilegiada a la red, al igual que otros empleados públicos de Sepides colaboraron en las acciones.
Dos expresidentes de empresas públicas, José Vicente Berlanga (Enusa) y José Ramón Sempere (Mercasa), también figuran en la lista, que incluye además directivos de épocas vinculadas a Forestalia, Acciona y otras compañías privadas.
En el procedimiento –del que se deriva la investigación sobre las cloacas de Ferraz– se revisan cinco operaciones de la Sepi en las que habrían intervenido la fontanera, el ex presidente de la Sepi y el empresario Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán. En todas estas operaciones, habrían recibido comisiones por su gestión. Los asuntos se trataban en un chat denominado Hirurok (nosotros tres, en euskera).
Según señalan las fiscales, el análisis global de las operaciones de la red revela «un patrón común» orientado a influir en decisiones de distintas empresas públicas para «la obtención de contraprestaciones económicas».