Las claves
El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, exconsellera de Agricultura del Govern de 2017, eximiéndola de responsabilidad penal por el 1-O.
Serret fue sancionada con un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por desobediencia grave al facilitar la realización del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Es la primera consellera del Govern del 1-O en beneficiarse de la ley de amnistía, tras el reciente respaldo del Tribunal de Justicia de la UE.
Serret volvió a España en 2021 luego de pasar tres años en Bruselas, presentándose ante el Supremo después de que otros exconsellers solo recibieran condenas por desobediencia.
El Tribunal Supremo ha concedido la amnistía a Meritxell Serret, perteneciente a ERC, convirtiéndose así en la primera consellera del Govern impulsora del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 que se beneficia de dicha ley.
Serret, exconsellera de Agricultura, fue sancionada con un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave al facilitar el 1-O siendo parte del Govern presidido por Carles Puigdemont en 2017.
«Desde ERC expresamos nuestra satisfacción por la amnistía otorgada a la consellera Meritxell Serret, resuelta hoy por el Tribunal Supremo. Se confirma la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía», manifestó ERC en un comunicado.
En una resolución a la que ha tenido acceso Efe, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que los actos imputados a Serret están «amnistiados» y, por tanto, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudo haber contraído.
Los republicanos destacan que esta decisión del Supremo se produce poco menos de dos semanas después del respaldo “contundente” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía.
Por ello, el comunicado señala que «era inevitable que el Tribunal Supremo finalmente hiciese lo que debió hacer desde el inicio: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados».
«Esta es la resolución que debería adoptarse sin demora en el resto de causas, para restaurar todos los derechos políticos de las personas represaliadas, que los exiliados puedan regresar a casa y que se pueda debatir política y democráticamente el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión», enfatiza ERC.
Condenada por desobediencia
En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Serret, en ese entonces consellera de Acción Exterior del Govern presidido por Pere Aragonès, a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave.
Según la sentencia del TSJC, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret estaba «perfectamente informada» de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían la celebración del 1-O, los cuales le fueron notificados personalmente; sin embargo, los desatendió de manera “consciente y deliberada”, sin realizar ninguna acción para detener el referéndum.
La sentencia también indica que Serret hizo un «reconocimiento directo» del delito al negarse a responder a las preguntas de las acusaciones y limitarse a un alegato donde admitió que no actuó para impedir el referéndum debido a sus «convicciones personales sobre el derecho de autodeterminación del pueblo catalán».
Después de la declaración unilateral de independencia, Serret permaneció tres años en Bruselas en situación de exilio; en 2021 regresó a España para ponerse a disposición del Supremo, tras comprobarse que el horizonte judicial se despejaba luego de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con un papel similar al suyo en el 1-O, fueran condenados únicamente por desobediencia —sin pena de prisión— y no por malversación.