El rechazo de PP, Vox, Junts y UPN vuelve a dejar sin respaldo los objetivos de estabilidad del Ejecutivo y reduce el margen fiscal previsto para las comunidades autónomas
El Gobierno ha enfrentado nuevamente un revés parlamentario en uno de los pasos iniciales para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Este jueves, el Congreso rechazó por segunda vez en pocos días la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029, con 176 votos en contra, 166 a favor y cinco abstenciones, evidenciando otra vez la dificultad del Ejecutivo para alcanzar una mayoría parlamentaria y complicando la negociación de las futuras cuentas públicas, aunque no impide formalmente su presentación.
La iniciativa propuesta por el Ministerio de Hacienda, actualmente bajo la dirección de Arcadi España, volvió a fracasar debido a los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria apoyaron los objetivos de estabilidad. PP y Vox mantuvieron la postura que defendieron en la primera votación días atrás, sumándosele de nuevo Junts, mientras Podemos y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto optaron por abstenerse.
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Este resultado representa un nuevo escollo para el Ejecutivo en una legislatura marcada por la dificultad para aprobar iniciativas parlamentarias significativas. La senda de estabilidad constituye el primer trámite en el proceso presupuestario, pues establece los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto para los próximos tres años. Aunque su aprobación no es requisito indispensable para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, condiciona el margen financiero con el que pueden elaborarse.
De hecho, el Gobierno asegura que seguirá trabajando en la preparación de las cuentas públicas y presentará un proyecto de Presupuestos después del verano tomando como base el Plan Fiscal Estructural enviado a la Comisión Europea, que ya incluye objetivos de déficit del 1,8% del PIB para 2027 y del 1,6% para 2028. La diferencia es que este plan no distribuye el esfuerzo de consolidación fiscal entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, algo que sí regula la senda de estabilidad rechazada por el Congreso.
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Un mayor margen para las comunidades autónomas
La propuesta de Hacienda establecía un objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029. Para las comunidades autónomas, prevía un margen de déficit del 0,1% anual durante esos tres ejercicios, lo que, según el Ejecutivo, habría significado cerca de 5.850 millones de euros adicionales en capacidad de gasto para las autonomías.
Este fue precisamente el argumento principal que utilizó el ministro Arcadi España para intentar persuadir a la oposición durante el debate. Antes del inicio del pleno, manifestó su confianza en que algunos grupos reconsideraran su postura y preguntó directamente si preferían “la derrota del Gobierno o contar con 5.849 millones de euros más de margen fiscal para sus comunidades autónomas”.
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Desde la tribuna insistió en este mensaje y solicitó evitar el “bloqueo” para que las comunidades pudieran disponer de mayores recursos presupuestarios. No obstante, la oposición mantuvo la misma postura expresada en el debate previo.
El diputado del PP José Vicente Marí incluso retomó el Diario de Sesiones de la votación anterior para demostrar que el Ejecutivo presentaba exactamente la misma propuesta. “Usted no puede presentar una senda para el futuro porque representa el pasado”, le recriminó al ministro.
Junts también fundamentó su rechazo al argumentar que el Gobierno había llevado otra vez al Congreso una iniciativa idéntica a la previamente rechazada. Su portavoz, Josep Maria Cruset, sostuvo que repetir la misma propuesta con el previsible resultado demostraba, en su opinión, que el Ejecutivo no buscaba en realidad alcanzar un acuerdo presupuestario.
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La senda no es obligatoria, pero condiciona las cuentas
La senda de estabilidad es un plan plurianual que define los objetivos para reducir el déficit público, la evolución de la deuda y la regla de gasto, conforme a los compromisos asumidos por España con la Comisión Europea. Su objetivo es disminuir el desequilibrio entre ingresos y gastos de las administraciones públicas y asegurar la sostenibilidad financiera.
Aunque el rechazo parlamentario no impide jurídicamente que se presenten los Presupuestos Generales del Estado, sí altera el marco con el que deben elaborarse. Al no contar con una senda aprobada que distribuya las metas entre administraciones, las comunidades autónomas tendrían que presupuestar casi en equilibrio, careciendo del margen adicional de déficit del 0,1% contemplado por Hacienda.
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El Ejecutivo sostiene que la Constitución le obliga a presentar un proyecto de Presupuestos y que el rechazo de la senda no puede impedir el cumplimiento de los compromisos fiscales acordados con Bruselas. Por ello, mantiene su intención de elaborar las cuentas tomando como referencia el Plan Fiscal Estructural ya aprobado por la Unión Europea.
El Pleno del Congreso rechazó este jueves, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para todas las administraciones entre 2026 y 2028, lo que constituye un paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. (Fuente: Congreso)
Sin embargo, este fracaso parlamentario pone nuevamente en evidencia la fragilidad de la mayoría que sostiene al Gobierno y anticipa una negociación complicada para unos Presupuestos que aún no tienen fecha definida de presentación. La Constitución establece que el proyecto debe remitirse al Congreso antes del 30 de septiembre, aunque el propio ministro de Hacienda ha señalado recientemente que octubre es un plazo “razonable” para registrar las cuentas.
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El rechazo de la senda se produjo en el último pleno extraordinario de la temporada política, una sesión en la que el Gobierno logró aprobar otras iniciativas. El Congreso convalidó el decreto ley que prolonga algunas de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de Oriente Próximo y otro decreto que desbloquea la jubilación parcial del personal laboral en las administraciones públicas, gracias, en este último caso, a la abstención del PP. Además, la Cámara aprobó definitivamente tres leyes procedentes del Senado, elevando a 74 las normas aprobadas por el Ejecutivo desde el inicio de la legislatura.