Las claves
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió el rescate de Plus Ultra y la inocencia de Zapatero con afirmaciones que combinaban medias verdades y falsedades.
El testaferro de Zapatero, ‘Julito’ Martínez, declaró que el expresidente le notificó con 12 días de antelación sobre el rescate de Plus Ultra, lo que fortalece la investigación por posible tráfico de influencias.
Los informes técnicos internos de SEPI mostraron reservas y no fueron firmados por todos los responsables, a pesar de que la portavoz sugirió un respaldo unánime al rescate.
La Comisión Europea y el TJUE avalaron el régimen general de ayudas por la covid, pero no aprobaron en concreto el rescate a Plus Ultra, como afirmó la portavoz.
La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes no fue un evento común. La ministra portavoz, Elma Saiz, salió mal parada al ofrecer una respuesta preparada que contenía falsedades y manipulaciones de medias verdades, defendiendo el rescate de Plus Ultra y, por ende, al imputado José Luis Rodríguez Zapatero.
Moncloa respaldaba el rescate de Plus Ultra casi a ciegas. Porque justo a esa hora, en la Audiencia Nacional, ‘Julito’ Martínez estaba por determinar hasta qué punto confirmaba ante el juez José Luis Calama sus declaraciones del día anterior, que incriminan penalmente al expresidente socialista.
El testaferro de ZP envió el lunes un escrito contundente al juzgado, detallando que el 26 de febrero de 2021 Zapatero le avisó de que la compañía recibiría 53 millones de fondos públicos, 12 días antes de que el Consejo de Ministros aprobara la operación.
Este dato, clave para la investigación por blanqueo y corrupción, corroboraría el posible tráfico de influencias de Zapatero con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Además, fue precisamente esta información la que la portavoz del Gobierno no pudo justificar, aunque se le insistió en preguntarle cómo Plus Ultra pudo conocer el rescate con dos semanas de anticipación.
Tampoco fue clara en cuanto a la «confianza en la credibilidad» del expresidente tras los escritos de su socio y de los directivos de Plus Ultra, del día anterior. La portavoz se limitó a «defender la presunción de inocencia», que es un derecho básico.
Silencios básicos
Saiz llegó a la sala con un guion estándar de respuestas: respuestas evasivas a preguntas clave envueltas en una sucesión de controles, informes y «avales» encadenados. Todo esto para transmitir la impresión de que todo estaba «adecuadamente revisado» y que, si el modelo de ayudas era legal, la actuación de Zapatero no podría considerarse delito.
El problema para el Ejecutivo es que muchas de estas afirmaciones son medias verdades o directamente falsas, según muestran las resoluciones judiciales, los informes técnicos y testimonios internos de la SEPI.
Cuando se le preguntó reiteradamente a Saiz si el Gobierno mantenía su confianza en Zapatero, evitó dar una respuesta directa. Solo indicó que Moncloa «respeta las decisiones judiciales» y que el expresidente tiene derecho a «la presunción de inocencia».
Respecto a la pregunta crucial —cómo supo Plus Ultra del rescate antes de su aprobación— la portavoz del Ejecutivo tampoco respondió, afirmando que el Gobierno «no comenta las estrategias de defensa» de los investigados, aunque «colaborará con la Justicia»…, y retomó su guion sobre los supuestos «avales a la operación».
Sin embargo, el caso que investiga la Audiencia Nacional es mucho más grave, pues gira en torno a un posible blanqueo de dinero venezolano mediante Plus Ultra y el uso del rescate para ello, devolviendo préstamos vinculados a esa red con esos fondos.
La declaración de Martínez, acordada con los directivos de la aerolínea y el italiano Roselli, describe como una «comisión» el 1% sobre los 53 millones del rescate —es decir, 530.000 euros— canalizada hacia el expresidente mediante la sociedad Análisis Relevante, que la Fiscalía relacionó con Zapatero.
Informes internos y externos
En este contexto, Saiz recitó su respuesta:
“Este expediente fue tramitado y respaldado por los servicios técnicos de la SEPI. Contó con asesoría jurídica externa. Fue revisado por el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. También fue analizado por la Comisión Europea, fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y objeto de seguimiento de la propia Comisión Europea. El TJUE asimismo avaló el régimen de ayudas. La actuación del Gobierno de España en ese expediente fue correcta, no cabe duda”.
Es cierto que el expediente se tramitó en la SEPI, pero el «respaldo» de sus servicios técnicos dista mucho de la unanimidad que insinúa la portavoz.
El vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, admitió que los departamentos jurídicos, financieros y de planificación se negaron a firmar los informes y que fue él quien los firmó «en representación de todos» tras las reticencias internas, según fuentes de la corporación.
El director de Participadas, José Ángel Partearroyo, elaboró el informe final de propuesta pero se negó a firmarlo, lo que desmonta la idea de un respaldo incondicional de los servicios técnicos.
La afirmación de Saiz de que el expediente «tuvo asesoramiento jurídico externo» es objetiva, pero omite detalles fundamentales.
El Gobierno negó la publicación de esos informes y no se conoce qué información se facilitó a esos asesores ni las conclusiones completas emitidas. Solo se sabe que el análisis financiero reflejó incertidumbres sobre los préstamos participativos utilizados para maquillar la solvencia de Plus Ultra.
El auditor de la aerolínea cuestionó la viabilidad de la empresa y alertó que estaba en situación de quiebra antes del covid, lo que objetivamente impide cumplir los criterios para recibir ayudas directas.
Distintos tribunales y Bruselas
Sobre el «respaldo» del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, esto no es correcto. Es verdad que esta instancia judicial revisó el rescate, pero no le dio aprobación alguna. De hecho, el caso penal resultado de las querellas de Vox y Manos Limpias se archivó por defectos formales.
En cuanto a la Comisión Europea, Saiz también mezcló verdades y falsedades.
Bruselas sí gestionó y autorizó el Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dotado con 10.000 millones para rescatar compañías afectadas por la covid. Sin embargo, no examinó ni aprobó individualmente el rescate a Plus Ultra por 53 millones, cantidad inferior al umbral de notificación obligatoria.
Respecto al «seguimiento» de la Comisión, la propia Bruselas ha subrayado que España no requirió su aprobación específica para Plus Ultra y que no evaluó dicho expediente de forma concreta.
Lo que sí supervisó fue la aplicación general del régimen de ayudas covid.
Tampoco el TJUE «avaló» las ayudas a Plus Ultra; únicamente revisó el régimen español de ayudas, y nuevamente en términos generales.
El tribunal desestimó el recurso de Ryanair y confirmó que el fondo de solvencia era compatible con los tratados y las excepciones derivadas de la pandemia.
La portavoz solo acertó plenamente al referirse al Tribunal de Cuentas, que sí fiscalizó el fondo y archivó la denuncia de Ciudadanos al no encontrar responsabilidad contable en la operación de Plus Ultra.
Aunque debe destacarse que su enfoque estuvo más en el cumplimiento formal del procedimiento y la normativa presupuestaria, no en el destino final del dinero ni en las supuestas comisiones relacionadas con la trama venezolana que hoy investiga la Audiencia Nacional.
Ante todo ello, la afirmación final de Saiz —»la actuación del Gobierno de España en ese expediente fue la correcta, no hay ninguna duda»— encaja entre los argumentarios que evitan entrar en el fondo de la cuestión, tanto jurídica como técnica.
La realidad son dudas que no se despejaron por Elma Saiz pese a las reiteradas preguntas de los periodistas en la sala de prensa de Moncloa.