Las claves
El PP ha requerido al Gobierno que revise la instrucción que amplía la ‘ley de nietos’, argumentando que supera lo autorizado por el Congreso.
La demanda del PP busca que la validez de dicha instrucción sea analizada por el Consejo de Estado ante las dudas planteadas por la Junta Electoral Central.
El partido reclama la suspensión de nuevas inscripciones en el censo que surjan de la ley hasta esclarecer los criterios y asegurar el arraigo de los nuevos nacionalizados.
Cuatro vocales de la Junta Electoral sostienen que es su deber impedir la ampliación del censo «contra legem», aumentando la presión sobre el Gobierno.
El voto particular de 4 vocales de la Junta Electoral: «Tenemos la obligación de impedir que se amplíe el censo ‘contra legem'»
El Partido Popular ha presentado «el paso jurídico necesario» para intentar dejar sin efecto la instrucción de Sofía Puente que modificó la aplicación de la denominada ley de nietos «contraria a lo aprobado por el Congreso».
El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha registrado ante la Secretaría de Estado de Justicia una solicitud oficial para iniciar un procedimiento de revisión de oficio y evaluar la «nulidad total» del texto.
«El propósito es que el Gobierno se vea obligado a atender a los vocales expertos de la Junta Electoral [JEC]», resumen fuentes de la dirección del PP, mencionando la resolución de la semana pasada, que planteaba «dudas razonables» sobre la legalidad de la instrucción.
Confían en que el Ministerio de Justicia «no tenga más opción» que actuar. De ser así, la ley le obliga a presentar una consulta al Consejo de Estado sobre la validación de la norma interna que ha extendido de facto el ámbito de la Ley de Memoria Democrática, en relación con los cientos de miles de nacionalizaciones concedidas.
En Génova están seguros de que el dictamen del órgano consultivo coincidiría con el de la JEC. Más aún con los argumentos expuestos por los cuatro votos particulares que rechazaron la «incompetencia» del organismo de garantías electorales para intervenir.
«Si el Consejo de Estado respalda» ese escrito, que recogía «lo manifestado por la mayoría de la JEC de que la ampliación de la ley es contra legem», señala el PP, «el Gobierno deberá declarar la nulidad de la instrucción» y rehacerla.
Las mismas fuentes subrayan que la norma interna de la exdirectora general, y asimismo hermana del ministro Óscar Puente, introdujo presunciones de exilio y criterios de nacionalización «que exceden lo aprobado por el Parlamento».
Por ello, el PP vincula su acción jurídica con la resolución de la Junta Electoral, que considera ilegal esa ampliación pero no se vio capacitada para anularla y remitió la cuestión al Gobierno.
Detener la ampliación del censo
De forma paralela, el PP demanda que se suspendan las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la ley de nietos hasta que queden definidos los criterios.
«La JEC ha solicitado seguimiento, arraigo y justificación, ahora el Gobierno debe poner orden en la instrucción que ha provocado el descontrol», enfatizan las fuentes.
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, aumenta la presión política contra Pedro Sánchez por su «escaso respeto a las instituciones del país y a los diferentes poderes, y por su menosprecio al Parlamento al permitir que una instrucción modifique una ley aprobada en el Congreso”.
Para Gamarra, la resolución de la Junta Electoral fue «un paso fundamental» para asegurar que el censo «no pueda ser alterado sin garantías ni controles». Ahora, su formación aprovecha ese respaldo y se apoya en la JEC para instar al Gobierno a corregir su actuación.
Se recuerda que «las nacionalizaciones están ligadas al derecho a voto», por lo que la inclusión en el censo «no debe ser arbitraria, sino estar vinculada al arraigo» en una circunscripción específica.
La vicesecretaria del PP afirma que el acuerdo de la JEC, adoptado a petición de los propios funcionarios consulares, permitirá evitar «la modificación artificial del censo».
La dirigente popular insiste en que esa instrucción «carece de validez por exceder lo aprobado en el Congreso» y que el Ejecutivo debería actuar con la misma rigurosidad que la JEC.
Para el PP, el voto particular de los cuatro vocales que afirman que la JEC tiene la «obligación de impedir que se amplíe el censo en contra de la ley», fortalece su argumento y legitima la presión para revisar la instrucción de oficio.
Funcionamiento del proceso
Sobre esa base, el PP desarrolla ahora su estrategia legal.
La revisión de oficio, regulada en el artículo 106 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo, permite a la Administración anular actos y disposiciones cuando contravienen gravemente el ordenamiento, siempre con consulta previa al Consejo de Estado para normas generales.
Fuentes de la cúpula de Feijóo reconocen que el Gobierno «no está obligado» a iniciar ese procedimiento, pero consideran que el clima político y el aviso de la JEC «le dificultan hacer la vista gorda».
Si el Ejecutivo se niega siquiera a tramitar la revisión, «quedará patente que prefiere mantener una instrucción ilegal antes que someterse al control del Consejo de Estado y de la propia Junta Electoral», concluyen.
Por el contrario, si Justicia comenzase el expediente, se abriría un periodo de informes, audiencia y consulta al Consejo de Estado, cuyo dictamen sería vinculante, y podría culminar con la anulación de la instrucción de Puente.
El PP apuesta a que la suma de las advertencias de la JEC y del dictamen del Consejo de Estado terminará forzando al Gobierno a corregir lo que consideran «una versión modificada» de la ley de nietos, que ha alterado el censo exterior «sin las garantías necesarias».