Las claves
La defensa de Zapatero alega que la UDEF accedió a su cuenta bancaria sin autorización judicial dentro de la investigación sobre pagos vinculados al Grupo Gloria.
El informe policial examina la situación económica personal de Zapatero, incluyendo sus ingresos, gastos y transferencias durante los últimos cinco años.
La defensa argumenta que para investigar la vida financiera de una persona se requiere una autorización judicial concreta, que en esta ocasión no existió.
El juez Calama sostiene los informes de la UDEF, afirmando que los hechos analizados podrían tener una naturaleza distinta a la inicialmente considerada.
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un recurso contra la negativa del juez José Luis Calama a devolver a la UDEF y excluir del proceso el informe policial que analiza el cobro por parte del expresidente de 200.000 euros del grupo empresarial Gloria.
Dicho pago estaría relacionado con la intervención de Zapatero ante las autoridades de Bolivia para anular una multa impuesta a la cementera boliviana Soboce, participada por el Grupo Gloria.
Calama «respalda indebidamente una instrucción que excede los límites legales y favorece una investigación claramente prospectiva» en relación con Zapatero, «ampliando el ámbito del procedimiento sin respetar las garantías legales», afirma la defensa.
El pago del Grupo Gloria, realizado a través de la empresa peruana Focus Social Research, apareció mencionado inicialmente en un informe de la UDEF fechado el 22 de abril y fue objeto de un informe específico el 22 de junio. Este último es el que la defensa solicita retirar del procedimiento.
La UDEF «ha examinado las actividades de todo tipo de Rodríguez Zapatero, tanto profesionales, como consultor de forma general, como personales, refiriéndose a sus ingresos, gastos, endeudamiento y amortización de créditos, etc. Es decir, perfilan su economía personal y cuenta bancaria sin autorización legal alguna«, denuncia la defensa.
Esto sucede porque ninguna autoridad judicial permitió a los agentes policiales acceder a una cuenta bancaria de Zapatero cotitulada junto a su esposa, Sonsoles Espinosa.
En el informe de abril, la UDEF realizó «un inventario completo y sistemático de casi todos los ingresos en esa cuenta bancaria, con 174 transferencias de once pagadores, sumas por pagador, importes exactos hasta el céntimo, y rastreo de fondos reenviados a otras cuentas cotituladas», además de todos los movimientos durante un periodo de cinco años.
«La precisión y orden contable de la información no se asemeja a una comunicación fragmentada del SEPBLAC [la Fiscalía pidió datos al servicio antiblanqueo, pero sobre otros investigados], sino al análisis íntegro de un extracto bancario, realizado mediante acceso completo a la cuenta, que es justamente lo que exigiría un mandamiento judicial nominal», señala.
«Investigar la vida financiera de una persona requiere una autorización judicial particular, motivada y proporcional» que en este caso no se ha registrado, apunta.
Para la defensa, la inclusión en el informe de la UDEF de 174 transferencias de terceros, «totalmente desvinculados tanto de Plus Ultra como de cualquier presunto delito de tráfico de influencias o blanqueo de capitales», carece de justificación, «a menos que se busque abrir una suerte de investigación indiscriminada (‘fishing expedition’)» contra el expresidente del Gobierno.
«Presentar un inventario completo de todos sus pagadores no contribuye a cerrar la investigación sobre el rescate de Plus Ultra, sino que abre posibles líneas futuras que poco o nada tienen que ver con la compañía aérea».
La UDEF «expone y revela» en este procedimiento la «realidad económica completa» del expresidente, «que no es información pública».
Además, muestra «su medio de vida» y «su privacidad financiera», incorporando estos datos al proceso con «una clara connotación incriminatoria que ningún dato individual, por separado, posee».
«Esto genera –o puede generar– la impresión de unos ingresos elevados, de un patrimonio internacional, que opera mediante canales que podrían parecer sofisticados: sociedades en el extranjero, premios de Emiratos Árabes Unidos, etc., creando así una atmósfera donde puede surgir la sospecha de ilegalidad, aunque ningún dato aislado pruebe algo ilícito», critica.
Calama ha mantenido los informes de la UDEF argumentando que no se descarta que los hechos, aparentemente legales, mencionados puedan tener otra naturaleza, «y por ello deben ser investigados».
Para la defensa, el planteamiento del juez «incurre en un razonamiento circular, ya que presupone lo que debería haberse demostrado de forma indiciaria«.
«La mera posibilidad abstracta de que un ingreso lícito ‘pueda’ encubrir otra cosa, sin indicios que lo sugieran, no es indicio real, sino sospecha o conjetura; y la sospecha no legitima la incorporación de un informe que fiscaliza una relación profesional que la propia unidad instructora calificó como lícita dos meses antes; en conclusión, si no existen indicios, no hay fundamento para incluir en las actuaciones el informe de junio [sobre el pago del Grupo Gloria]; y si los hay, debieron notificarse a las partes», sostiene.
«No resulta casual», indica, que el informe policial extienda «esa prospección» sobre Focus Social Research y la actividad de Zapatero. «Responde a un método sistemático de investigación: no existe conexión, indicios ni siquiera sospechas sobre hechos específicos; lo que hay es un escrutinio global de su vida y actividades».