Las claves
CC OO solicita al Ministerio del Interior la autorización para que la Policía Local pueda utilizar armas largas, como la escopeta Franchi SPS 350.
Esta solicitud tiene como objetivo actualizar el armamento de los agentes locales frente a los riesgos actuales vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.
El sindicato pide una revisión de la regulación vigente de 1983 para ajustarla a las circunstancias presentes y garantizar la seguridad de los policías en su trabajo.
La propuesta contempla el uso de armas largas para servicios concretos, siempre bajo criterios de necesidad, formación certificada y protocolos estrictos para su custodia y empleo.
Dotar a los agentes de la Policía Local con armas largas para mejorar su operatividad y ofrecerles mejores garantías ante escenarios emergentes relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, caracterizados por una logística más sofisticada y la aparición de nuevas organizaciones. Así lo ha solicitado Comisiones Obreras (CC OO) a la Secretaría de Estado de Seguridad.
Miguel Alcaraz, coordinador Estatal de Policías Locales y Agrupaciones Profesionales de CC OO, apuesta por proporcionar a esos policías «herramientas de trabajo actualizadas», como «la escopeta que emplea la Policía Nacional, modelo Franchi SPS 350″.
Este modelo de escopeta comenzó a utilizarse en la Policía Nacional en 1988, según un blog especializado en la historia del Cuerpo Nacional.
En particular, la Unidad de Seguridad Ciudadana la emplea debido a su cañón corto y la posibilidad de acoplarle una bocacha para lanzar botes lacrimógenos y fumígenos, además de pelotas. El cartucho es de calibre 12 y sus postas tienen un bajo riesgo de rebote letal.
La solicitud de CC OO, transmitida por Miguel Alcaraz en un encuentro con técnicos del Ministerio del Interior, se fundamenta en un informe jurídico que pide al ministro Fernando Grande-Marlaska la modificación de la normativa vigente que prohíbe a la Policía Local portar armas largas.
«Solicitamos la revisión del Real Decreto 740/1983, que regula las licencias de armas para policías autonómicos y locales, con el propósito de asegurar la seguridad laboral de los agentes». «Este decreto es de los años ochenta y la situación delictiva ha cambiado notablemente», enfatiza Alcaraz (Murcia, 1969).
«La asignación del armamento debe ajustarse a las funciones que la Ley Orgánica 2/1986 otorga a las Policías Locales», sostiene Miguel Alcaraz Durán, veterano sindicalista de CC OO y policía local con 25 años de experiencia en San Javier.
En esencia, la propuesta de Comisiones Obreras para el Ministerio es «adecuar los recursos materiales» de los policías locales «a las responsabilidades que efectúan en la actualidad», las cuales han cambiado notablemente desde 1983.
«Principalmente en ámbitos como la protección de autoridades, la intervención frente a riesgos graves para la seguridad ciudadana, la cooperación con otras Fuerzas de Seguridad del Estado y su participación en operativos conjuntos».
“La evolución de las amenazas a la seguridad pública y el papel que actualmente desempeñan las Policías Locales junto con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad justifican la necesidad de actualizar una regulación que responde a una realidad operativa de más de cuarenta años”.
No es un permiso irrestricto
La propuesta no busca otorgar libremente armas largas a todos los policías locales del país.
CC OO plantea que el Ministerio del Interior coordine con las administraciones locales o autonómicas la distribución de armas largas como equipamiento colectivo para servicios determinados, siempre atendiendo a criterios de proporcionalidad, necesidad, evaluación de riesgos, formación homologada, controles periódicos y rigurosos protocolos para su custodia y uso.
Según advierte Miguel Alcaraz: «Las autoridades correspondientes deberán aprobar protocolos específicos para la custodia, asignación, activación operativa, transporte, depósito y auditoría de estas armas. Para su uso individual se requerirá una habilitación especial, además de evaluaciones psicofísicas periódicas y formación certificada».
A la reunión con expertos del Ministerio también asistieron Álvaro Castellano, responsable de Relaciones Institucionales de CC OO, y Juan José Regatos, secretario general de Administración Local de CC OO.
El departamento encabezado por el ministro Grande Marlaska, según los sindicalistas, se comprometió a «examinar la propuesta» y estudiar el informe jurídico elaborado por el sindicato.
«Esta iniciativa no implica ampliar las competencias de las Policías Locales, sino asegurar que los recursos materiales disponibles estén acordes a las funciones que ya tienen legalmente asignadas y a los riesgos que enfrentan a diario», destaca el coordinador Estatal de Policías Locales y Agrupaciones Profesionales de CC OO.
«La Administración tiene la responsabilidad de equipar a los profesionales de la seguridad pública con los medios adecuados para que realicen su labor con máxima protección, especialmente en escenarios relacionados con el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico o incidentes de alta intensidad».
Alcaraz afirma que el equipamiento debe ser «coherente» con las funciones legales que desempeñan los policías locales en todo el país. «No se trata solo de un debate jurídico, sino que representa un riesgo para la integridad física de los agentes» frente a la evolución del crimen.
«Por una carencia de claridad normativa, pueden quedar desprotegidos ante nuevas amenazas».