Fuente de la imagen, Cortesía Ministerio Público de Panamá

- Autor, Leire Ventas
- Título del autor, Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles
Fecha de publicación 17 julio 2026
Tiempo de lectura: 12 min

Para José Antonio González, el vuelo 901 que partió la tarde del 19 de julio de 1994 representaba el inicio de muchos más.

“Tony, como le decíamos con cariño, acababa de cumplir 19 años en mayo”, recuerda su madre, Marta Márquez. “Recién había completado su formación de piloto en Estados Unidos, siguiendo el camino de su padre, y comenzaba su entrenamiento como observador. Estaba lleno de emoción”.

Para Saúl Schwartz, empresario de 35 años con negocios en la Zona Libre de Colón —segunda ciudad de Panamá en la costa Caribe a 80 kilómetros de la capital— aquel era un vuelo habitual.

Una ruta corta y común que lo llevaría, al igual que a la mayoría de los 18 pasajeros que abordaron aquel avión de Alas Chiricanas, desde la segunda zona franca más grande a nivel mundial —y principal centro de distribución comercial en América Latina— hacia su domicilio en Ciudad de Panamá.

Pero, diez minutos después del despegue en el aeropuerto France Field, la aeronave explotó en plena altura, dispersando sus fragmentos sobre el cerro Santa Rita sin que nadie lograra sobrevivir.

Tras más de 30 años con preguntas sin responder y falta de justicia, ahora la resolución del caso parece más cercana que nunca.

Con un acusado extraditado desde Venezuela y señalado en Israel como miembro de Hezbolá —grupo político y armado chiita con base en Líbano y apoyo iraní—, la Fiscalía de Panamá califica lo ocurrido como “un acto con características típicas de terrorismo”.

Si esta tesis es confirmada, sería el ataque terrorista más grave en la historia panameña.

“Hemos recopilado nuevas pruebas que, en nuestra opinión, son fundamentales para esclarecer los hechos”, afirmó a BBC Mundo la fiscal responsable, Geomara Guerra. “Avanzamos en la dirección correcta”.

La investigación inicial: sin progresos relevantes

Entre los primeros en buscar a los suyos en las laderas de Santa Rita el trágico 19 de julio estuvo el cineasta panameño Abner Benaim, sobrino de Saúl Schwartz.

“Había lluvia e inmenso barro. Caminé y caminé, hasta hoy desconozco la distancia. Algunos me dicen que cruzamos un río. Al final llegamos a la finca donde cayó el avión”, relata a BBC Mundo.

La policía ya estaba en el sitio, y un agente le comunicó que no podía ingresar. “Le expliqué que era familiar de uno de los pasajeros y que deseaba colaborar. Me respondió: ‘No, no, están todos muertos’”, recuerda.

Esa frase dio origen a un documental en el que trabajó varios años, hoy considerado un proyecto muy personal y a la vez una persistente búsqueda de respuestas a las incógnitas que aún rodean el caso.

“De pronto, algo que le podría haber ocurrido a mi tío en 1994 se volvió lo más importante de mi existencia. Sentí como si la explosión del avión hubiera sido sobre mí”, confiesa a su psicóloga en una escena de la película titulada “Paraíso tropical”, estrenada finalmente en abril de este año.

¿Qué pasó realmente? ¿Quién estuvo detrás? ¿Quiénes colaboraron? ¿Quién o quiénes fueron el blanco? ¿Por qué sucedió en Panamá?

Fuente de la imagen, Cortesía Ministerio Público de Panamá

Con el paso del tiempo, algunas dudas han sido aclaradas, mientras que otras permanecen ocultas bajo una neblina tan densa como la que envuelve las colinas caribeñas durante la temporada de lluvias.

Lo que se supo con mayor rapidez fue que, entre las 21 víctimas fatales, había 12 personas integrantes de la comunidad judía panameña —entre ellos Schwartz— y tres estadounidenses.

Conforme avanzaron los días, todos los cuerpos fueron reclamados por sus familiares, excepto uno.

La investigación forense, tomando en cuenta las laceraciones del cadáver y otras pruebas, apuntó a que podría tratarse del individuo que transportaba el explosivo que provocó la detonación del avión. Más tarde se le identificó como Lya Jamal o Ali Hawa Jamal, ocupante del asiento 6, quien supuestamente activó la bomba desde un radio de comunicación.

Este dato, junto al hecho de que la tragedia ocurrió apenas 24 horas después del atentado con coche bomba que causó 85 muertes en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires —el principal centro comunitario judío en esa ciudad— y continúa sin resolverse, complicó aún más la investigación.

Con dos líneas de investigación principales —un probable atentado contra la comunidad judía atribuido a los hutíes, movimiento chiita militante autodenominado Ansar Allah que actúa en Yemen y con vínculos a Hezbolá, o un “ajuste de cuentas” relacionado con un individuo “posiblemente vinculado a cárteles de drogas colombianos”— el caso en Panamá sufrió varios giros y terminó sin resultados determinantes.

BBC Mundo solicitó entrevista con el entonces fiscal principal Juan Antonio Tejada, quien remitió el contacto a los actuales responsables del Ministerio Público.

El sistema judicial argentino realizó una investigación propia, documentada en un expediente reservado.

Información proporcionada años después por los servicios de inteligencia de Israel y el FBI estadounidense motivó que, en 2018, el gobierno liderado por entonces por Juan Carlos Varela pidiera reabrir el caso.

Reapertura del expediente

Para el expresidente Varela, el caso tiene también una dimensión personal.

“Mauricio Harrouche, compañero de universidad, iba en el avión. Estudiamos juntos durante cuatro años en el Georgia Tech en Atlanta. Vivíamos puerta con puerta y en nuestro último año compartió vivienda conmigo”, relata a BBC Mundo.

La relación entre sus familias se fortaleció al regresar ambos a Panamá. Varela comenta que, al llegar a la vicepresidencia en 2009, comenzó a darle seguimiento al caso, manteniendo contacto con agentes del Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales israelí (Mossad) en Bogotá.

También obtuvo información gracias a un agente del FBI involucrado en la investigación, a quien conoció en una recepción ya como presidente, según explica.

Además, una carta recibida del primer ministro Benjamín Netanyahu durante una visita oficial a Israel motivó su solicitud para que la justicia panameña retomara las indagaciones.

En la misiva, Netanyahu afirmaba que los servicios de inteligencia israelíes disponían de pruebas que respaldaban que la explosión del avión fue “claramente un ataque terrorista”.

“Tendremos reuniones con autoridades panameñas e internacionales para solicitar formalmente la reapertura del caso Alas Chiricanas y que se identifique a los responsables de este atentado”, declaró Varela en una conferencia de prensa en mayo de 2018.

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“Hacer justicia por mi amigo se convirtió en un objetivo para mí”, comenta el exmandatario, quien también fue llamado a juicio en el marco del escándalo Odebrecht, una de las investigaciones de corrupción más extensas y relevantes en América Latina, vinculando presuntamente a una constructora brasileña con políticos, funcionarios y empresarios de al menos diez países entre 2005 y 2014.

Varela negó en su momento haber recibido “pagos indebidos” de Odebrecht o algún otro contratista del Estado y afirmó estar dispuesto a “enfrentar el juicio”, el cual, debido a su condición de diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), debe realizarse ante la Corte Suprema de Justicia.

Las investigaciones del FBI e Israel

Mientras tanto, el FBI continúa investigando el “caso Alas” y desde el 29 de mayo de 2024 mantiene en su web una petición de información.

Entre los elementos que presenta está el retrato robot de Ali Hawa Jamal, señalado como sospechoso de transportar la bomba en el avión, junto a tres imágenes en blanco y negro extraídas de un video de seguridad, que muestran a hombres no identificados que podrían estar relacionados con el suceso.

Según la información, el 27 y 28 de mayo de 1994, un hombre de origen mediooriental desconocido utilizó una tarjeta de crédito robada de un ciudadano estadounidense para alquilar dos vehículos 4×4 en Ciudad de Panamá y un sistema telefónico con dos líneas. Los vehículos fueron encontrados abandonados tiempo después cerca del aeropuerto Tocumen.

“No se sabe si los hombres no reconocidos en las imágenes eran cómplices de Ali Hawa Jamal. Se presume que viajaron a Colombia, Venezuela, Costa Rica y Líbano, y se indica que tuvieron contacto con personas vinculadas a traficantes de armas”, añade.

Además, el Departamento de Estado de EE.UU. ofrece una recompensa de hasta US$5 millones por información “que conduzca al arresto o condena en cualquier país de cualquiera involucrado, que intentara, conspirara o colaborara en el atentado con bomba del vuelo 901 de la aerolínea Alas Chiricanas, o que fuera cómplice o instigador de este ataque que causó la muerte de tres ciudadanos estadounidenses”.

Fuente de la imagen, FBI

En 2020, la agencia además difundió un cartel solicitando datos sobre Ali Zaki Jalil, descrito como un hombre de unos 52 años, 91 kilos y 1,80 metros de altura, “aficionado al paracaidismo que viajaba frecuentemente y propietario de varios bares en la isla Margarita (Venezuela)”, al considerarlo posible poseedor de “información clave” para el caso.

La Oficina Nacional de Prensa del FBI confirmó a BBC Mundo que no hay más detalles disponibles para compartir y ratificó que la recompensa continúa vigente.

Por su parte, Mike Benham, miembro de la División Antiterrorista del FBI en Miami, aseguró al documentalista Benaim que la investigación sigue activa, que se trabaja “sobre diversas hipótesis” y que se han identificado “tres personas de interés”.

Fuente de la imagen, FBI

Buscando agotar todas las posibles fuentes, el cineasta viajó también a Tel Aviv.

En su documental, Shabtai Shavit, exdirector del Mossad entre 1989 y 1996, le responde a cámara que no puede hablar sobre el tema por ser un “tabú” y porque han pasado tantos años que no recuerda detalles.

Sin embargo, Yaacov Peri, exjefe de Shin Beit, otro organismo de inteligencia israelí, y Yoram Schweitzer, director del Programa sobre Terrorismo del Instituto Nacional de Estudios de Seguridad, respaldan la hipótesis de que Hezbolá estuvo detrás del atentado.

“Al principio nadie sabía que se trataba de un ataque terrorista, por lo que no lo investigaron como tal. Cuando lo descubrieron, a partir del cuerpo del suicida y otras pruebas forenses, comenzaron a indagar, pero el tiempo transcurrido (…) complicó la obtención de evidencias. El tiempo es un factor decisivo”, comenta en cámara.

Peri destaca que, aunque “cualquier ataque terrorista mundial interesa a la comunidad de inteligencia israelí”, la investigación quedó en manos de Panamá, país que “ha realizado un trabajo adecuado, en cooperación con Argentina”.

Extradición y “caso complejo”

La captura en noviembre de 2025 de Hage Jalil, colombiano con nacionalidad venezolana y ascendencia libanesa, en la isla turística Margarita, abrió un nuevo capítulo judicial del proceso.

Fue extraditado de Venezuela a Panamá en abril de este año, acusado por su presunta implicación en lo que la Fiscalía de Descarga de Homicidio investiga como “un acto con características propias del terrorismo”.

“Esta extradición envía un mensaje claro: el gobierno (de Donald) Trump tiene memoria larga y alcance aún mayor”, señaló entonces el embajador Kevin Marino Cabrera en un comunicado oficial.

Añadió: “Esperamos que el procedimiento legal y su posible resolución otorguen paz a las familias de las víctimas que han esperado más de 30 años justicia”.

Geomara Guerra, la fiscal al mando, afirma a BBC Mundo que su equipo se enfoca ahora en “llenar los vacíos en la investigación que requerían fortalecerse” y en recopilar nuevas “pruebas esenciales para aclarar lo acontecido”.

“Hemos logrado identificar lugares donde la persona que supuestamente portaba el explosivo estuvo antes de los hechos y hemos vinculado a otros dos individuos al caso”, explica, aunque admite que las más de tres décadas transcurridas juegan en contra.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo investigativo, pero muchos datos ya no pueden ser obtenidos, como las formas de comunicación o las llamadas telefónicas”.

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Entre las pruebas obtenidas está un comunicado presuntamente emitido por Ansar Allah en un diario libanés cinco días después del incidente, lo que según la fiscal Guerra apoyaría la única teoría vigente en la investigación.

Este caso también ha puesto en el centro la posible operación de redes militantes transnacionales en América Latina. Funcionarios de Estados Unidos y la región han alertado durante años que grupos como Hezbolá tienen presencia financiera y logística en ciertas zonas, a menudo a través de negocios comerciales y comunidades de la diáspora.

En audiencia del 27 de abril, Hage Jalil se acogió a un derecho constitucional y rehusó declarar; mientras su defensa solicitó la prescripción de la acción penal, argumentando que había transcurrido más de 20 años y que esta sería la pena máxima de acuerdo con el Código Penal vigente en la época.

A principios de junio, y a petición de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá declaró el proceso como “causa compleja”.

Esto otorga a los fiscales un plazo adicional de 12 meses para profundizar la investigación antes de presentar cargos formales y solicitar el juicio. “Aunque no implica que usemos todo ese tiempo; pretendemos avanzar lo más rápido posible”, aclara Guerra.

El impacto profundo de la violencia

“Después de 32 años y tras todas las investigaciones, ¿es aún posible reunir más evidencias?”, plantea Marta Márquez, madre de Tony, uno de los pilotos fallecidos en el vuelo 901 de Alas Chiricanas.

“Nunca tuve muchas esperanzas de que detuvieran a alguien o que el tema se reactivara. Pensé que esto quedaría así”, confiesa.

“Por eso fue un alivio enterarme que el caso fue reabierto y que probablemente se haga justicia. Sería un cierre, aunque no nos devuelva a nuestros seres queridos”.

Fuente de la imagen, Cortesía Ministerio Público de Panamá

Benaim, por su parte, enfatiza que no solo quedan muchas preguntas sin resolver sobre el caso. “¿Cuál fue el motivo? ¿Qué se buscaba? ¿Por qué Panamá?”, repite constantemente.

El cineasta también señala que el proceso emocional sigue abierto, algo que comprendió al presentar el documental ante el público y observar reacciones, tanto de quienes recordaban bien los hechos como de quienes no tenían conocimiento alguno.

“Esa fue mi intención: comprender el porqué y mostrar que hechos como ese tienen consecuencias duraderas, afectando a generaciones enteras y transformando vidas”, explica.

“No suelo dejar moralejas, pero esa idea de que la violencia nos afecta a todos, por más común que suene, es cierta. Realmente no se puede imaginar el daño que genera hasta experimentarlo”.