Las claves
El Parlamento de Canarias señala a Ángel Víctor Torres por favorecer a determinadas empresas en contratos de emergencia durante la pandemia, como Soluciones de Gestión, MegaLab y RR7.
El informe concluye que Torres actuó con «interés personal», desoyó advertencias de funcionarios y mantuvo una gestión deliberadamente opaca en los pagos relacionados con la ‘trama Koldo’.
Se pagaron precios hasta un 560% superiores al mercado y se abonaron 4 millones a RR7 sin recibir mascarillas, demostrando una grave falta de supervisión política sobre fondos públicos.
La comisión asigna la responsabilidad política principal a Torres y su entorno cercano por emplear estructuras sin respaldo legal y desplazar los controles administrativos en la contratación sanitaria.
El Gobierno de Canarias bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres «favoreció a empresas específicas», como Soluciones de Gestión, MegaLab y RR7, en contratos de emergencia originados por la pandemia.
El actual ministro de Política Territorial «ignoró las advertencias realizadas por funcionarios», comprometió millones de euros de fondos públicos y «ocultó la verdadera implicación política en todas estas operaciones».
Esta es la conclusión de la extensa comisión de investigación que el Parlamento de Canarias ha cerrado tras tres años de trabajos.
Según el informe de 136 páginas, al cual ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la responsabilidad política recae de manera directa y «especialmente intensa» en el entonces presidente socialista de las islas, el exviceconsejero de Presidencia Antonio Olivera, así como en el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, quien posteriormente asumió la dirección del SCS.
El informe concluye que esta persona fue incorporada «por una decisión política atribuible a Torres» para gestionar de modo deliberadamente «opaco» contratos que el actual ministro «siguió y promovió personalmente» con «acciones incompatibles con la imparcialidad que debe tener un presidente».
«Interés», «implicación», «decisivo»
Torres favoreció a empresas como Soluciones de Gestión SL, vinculada a la trama Koldo, por un «interés personal», otorgándoles contratos por un total de 12,3 millones.
También tuvo una «implicación directa» en contratos firmados con RR7, que recibió 4 millones sin entregar ninguna mascarilla.
Fue «determinante» en la formación de «una estructura paralela» para concesiones a MegaLab, por una cuantía adicional de 5,4 millones.
Para ello, contó con el apoyo de Olivera, quien posteriormente fue su jefe de Gabinete en el Ministerio, y con el nombramiento de Domínguez en el Servicio Canario de la Salud (SCS), tras la destitución de la consejera Cruz Oval y de la directora del SCS, Blanca Méndez.
560% por encima de mercado
De acuerdo con las conclusiones del informe, la trama Koldo operó en Canarias mediante Soluciones de Gestión, una empresa «sin presencia en las islas ni experiencia en sanidad«.
El SCS le adjudicó contratos por más de 12 millones durante la emergencia, convirtiéndola en su segundo proveedor en la pandemia.
Según la comisión, estas adjudicaciones no se fundamentaron en una necesidad técnica sino en «una contratación condicionada por la esfera política».
El dictamen indica que se aceptó pagar precios hasta un 560% superiores al mercado, «a pesar de las advertencias internas de funcionarios» acerca de los sobrecostes y el stock suficiente de mascarillas.
«Intervención política directa»
En el caso de RR7, el SCS desembolsó 4 millones de euros por un millón de mascarillas FFP3 que nunca se entregaron. La empresa, dedicada «a la compra y venta de vehículos», carecía de solvencia y experiencia sanitaria, pero recibió el pago completo por adelantado y se intentó reactivar el contrato cancelado.
La comisión recuerda que la Fiscalía Anticorrupción calificó de «grotesco» ese intento de dar una segunda oportunidad a la misma compañía.
El informe concluye que el caso RR7 «denota una ruptura grave de control político sobre fondos públicos esenciales» y que la respuesta del Gobierno fue «tardía, insuficiente y políticamente inaceptable».
MegaLab recibió más de 5,4 millones para contratos relacionados con pruebas diagnósticas.
La comisión sostiene que esta operación «no respondió a una necesidad técnica previamente establecida por el Servicio Canario de la Salud, sino a un proceso de intervención política e intermediación directa«.
«Olivera negoció con Koldo»
El informe señala un «acceso directo y privilegiado» de la empresa de la trama Koldo en Presidencia, con «canales paralelos de comunicación» fuera de los procedimientos administrativos.
Subraya que se llegó a prestar servicios sin contrato formalizado y que la vía de emergencia se empleó después para «dar apariencia legal a una actividad ya iniciada», lo que representa una de las críticas más severas del informe.
El informe no solo detalla irregularidades administrativas, sino que describe los hechos como «una gestión políticamente reprochable, fallida, opaca en su estructura y en la toma de decisiones, negligente y laxa en sus controles».
«Las presiones políticas para efectuar pagos» aparecen como un elemento clave en el caso Soluciones de Gestión. El informe documenta mensajes de Torres a Koldo García en los que se asegura que está «pendiente de tu pago» y recoge la amenaza a la directora de Recursos Económicos: «O lo arreglas o te aparto».
«Torres no está al margen»
La diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, resumió esta conclusión en el pleno: «Hoy sabemos, por las comunicaciones recogidas en el informe de la UCO, que Olivera negoció directamente con Koldo […] y que dio instrucciones concretas al Servicio Canario de Salud para aceptar esa oferta con máxima urgencia».
Además, añadió que «toda esta operación contó con la intervención directa de Ángel Víctor Torres para acelerar los pagos».
El informe sostiene que Torres «no puede considerarse al margen de los expedientes más polémicos». Le atribuye «seguimiento e interés personal, gestiones directas, contactos, coordinación e interlocución constante con intermediarios y con miembros de la trama Koldo-Ábalos, presionando para la ejecución de operaciones específicas y pagos».
Por ello, la comisión rechaza que la responsabilidad recae únicamente en una funcionaria del SCS.
«Es materialmente imposible que contrataciones de tal envergadura se realicen al margen de la jerarquía administrativa», señala el texto, recordando que la exconsejera Oval declaró: «Si Ana María cae, yo caigo; si Conrado cae, yo caigo«.
Comité que «no existió»
Otro eje del reproche político es la organización del poder desde Presidencia.
El informe describe como una «decisión política» de Torres la sustitución de los órganos reglamentarios establecidos en el Decreto 99/2014 por un «Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria» sin estatus legal claro, sin funciones definidas, sin actas y sin registro de sus decisiones.
«Cuando un Gobierno opta por manejar una emergencia mediante estructuras sin cobertura legal adecuada«, advierte la comisión, «se debilita el control, se oscurece la cadena de mando y se dificulta la exigencia posterior de responsabilidades».
«La responsabilidad no recae en un comité que formalmente no existió, sino en quienes decidieron actuar así«, concluye el informe.
Conrado Domínguez y el descontrol
Este cambio coincide con la destitución de la consejera Oval y de Méndez, directora del SCS.
La comisión considera estas acciones «particularmente graves» porque «carecen de una justificación política convincente» y porque ambas habían gestionado «con eficacia y solvencia» los primeros casos de covid en Canarias.
Para el Parlamento, este relevo marcó un punto de inflexión que facilitó el abandono del protocolo de contratación con controles establecidos y abrió la puerta a irregularidades. Se produjo «un periodo de inestabilidad política en la sanidad canaria» con tres consejeros y cuatro directores del SCS en 14 meses, que dañó la continuidad del control.
En este contexto se comprende el rol de Conrado Domínguez, quien asumió la coordinación del comité de gestión aun cuando seguía siendo secretario general técnico de Obras Públicas.
El informe resalta que su protagonismo «no fue fortuito ni exclusivamente técnico», sino resultado de «una decisión política impulsada desde Presidencia y sostenida luego desde la estructura sanitaria».
Poco después fue nombrado director del SCS y, según el informe, «posiblemente desempeñó un papel clave en casi todos los expedientes de contratación con sospechas de irregularidades y favoritismos».
La comisión detalla que Domínguez se instaló en un despacho del SCS, «recibía a proveedores, daba instrucciones y participaba en contrataciones de material sanitario» antes incluso de ostentar un cargo formal en Sanidad.
Considera «de gran gravedad» que actuara «con el respaldo del presidente».
El otro pilar fundamental de este núcleo cercano es Antonio Olivera. Para el informe, su responsabilidad política se agrava debido a que intervino «en la fijación y negociación de cantidades y precios, en la presentación de propuestas al órgano gestor, en la interlocución con intermediarios externos, en el seguimiento de pagos y en intentos por desbloquear expedientes».
Las conclusiones reservan la crítica más severa para Torres y Olivera, cuya responsabilidad «no puede ser diluida ni atribuida a niveles jerárquicos inferiores».