Las claves
El Congreso ha rechazado la senda de estabilidad planteada por el Gobierno, con votos en contra de PP, Vox y los independentistas catalanes, lo que complica la aprobación de los Presupuestos.
El apoyo de Junts resulta fundamental para el Ejecutivo, que confía en que la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía contribuya a mejorar la relación con el partido liderado por Puigdemont.
Podemos optó por abstenerse en la votación, criticando el incremento de inversión en defensa y dificultando aún más la posibilidad de un acuerdo presupuestario.
En caso de que los Presupuestos sean rechazados al llegar al Congreso, Pedro Sánchez podría verse obligado a convocar elecciones anticipadas, complicando su meta de completar la legislatura hasta 2027.
«Todo el mundo sabe que no tendrán Presupuestos y ustedes también lo saben». Así lo expresó el diputado de Junts Josep Maria Cruset durante el debate sobre la senda de estabilidad, el paso necesario antes de elaborar los Presupuestos Generales del Estado.
Este marco establece los objetivos de déficit, deuda y gasto público que forman la base para las cuentas públicas.
El pronóstico de Junts se confirmó: PP, Vox y los independentistas catalanes votaron en contra de la senda de estabilidad, un primer revés para el proyecto presupuestario del Gobierno.
Este resultado supone un duro golpe en el punto más sensible para el Ejecutivo, que intenta destacar el gasto récord de 226.032 millones de euros —destinado a fines sociales— como su principal baza.
La votación revela la minoría parlamentaria de Sánchez y hace aún más difícil su objetivo de aprobar unos nuevos Presupuestos, necesarios para sostener su intención de agotar la legislatura hasta 2027.
El respaldo de los siete diputados de Junts es esencial. El Gobierno confía ahora en que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, prevista para este jueves, ayude a reconstruir su relación con el partido de Carles Puigdemont.
Desde el Ejecutivo esperan un fallo favorable, aunque éste no implicará el retorno inmediato de Puigdemont, dado que la última decisión corresponderá al Tribunal Constitucional, posiblemente entre septiembre y octubre.
Sin embargo, no todo depende de Junts. Podemos se abstuvo, lo que aleja aún más las probabilidades de un acuerdo para los Presupuestos.
El partido de Ione Belarra justificó su abstención señalando que el aumento en inversión «se destina a tanques en lugar de sanidad y dependencia».
¿Qué sigue ahora? El Gobierno planea aprobar el nuevo techo de gasto en el Consejo de Ministros antes del receso de verano. La votación podría tener lugar en el pleno escoba de julio o, como fecha límite, en septiembre.
No cuentan con muchas opciones adicionales y advierten que en la segunda votación eliminarán el margen adicional de 5.850 millones para las comunidades autónomas contemplado en esta senda, anticipando un trámite aún más complicado.
Incluso ERC, cuyo portavoz Teresa Jordá expresó que votaba «enfadada» porque «no se resolvía el problema fundamental» de la «infrafinanciación de Cataluña», consideraba la posibilidad de modificar su voto.
Tras este segundo y definitivo rechazo, el Gobierno preparará las cuentas utilizando el techo de gasto vigente de 2023 y las enviará al Congreso.
La duda está en el momento. Según el artículo 134 de la Constitución Española, el Gobierno debe presentar el proyecto de Presupuestos ante el Congreso hasta el 30 de septiembre de cada año como fecha límite, aunque es un plazo que se ha incumplido repetidamente.
A partir de ese momento, iniciaría la tramitación. En el PSOE ya dan por hecho que las cuentas serán rechazadas inmediatamente debido a las enmiendas a la totalidad que presentarán los grupos, es decir: PP, Vox y Junts.
No será necesario un proceso de tres meses para negociar enmiendas, sino que los Presupuestos podrían ser tumbados en la primera votación. Eso abriría un escenario electoral que complicaría la intención de Pedro Sánchez de celebrar elecciones en 2027.
El presidente del Gobierno planea mantenerse en el cargo hasta el próximo año, contemplando convocar elecciones en febrero o marzo.
No obstante, si los Presupuestos son rechazados tras su presentación, Sánchez podría verse forzado a convocar elecciones anticipadas, como ocurrió en 2018. La ley establece que la votación debe celebrarse 54 días después de la publicación del decreto de convocatoria.
Esto complicaría su plan de llegar hasta febrero. Si se ajusta a los plazos y calendario, el Ejecutivo podría remitir las cuentas al Congreso para ser debatidas y rechazadas en octubre, con elecciones fijadas para diciembre.