Salesland garantizaba así que sus empleados comparecieran en las vistas orales contra los locales que difundían los contenidos de LaLiga sin autorización.

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Un proveedor de LaLiga remuneraba con 100€ por declaración a sus trabajadores para que acudieran a testificar en juicios contra la piratería en establecimientos.

De acuerdo con la documentación a la que EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva, Salesland, la empresa vinculada a LaLiga, transfería esta suma a sus empleados para garantizar su presencia en las vistas orales, dado que sin estos testimonios, «perderían la mayoría de los casos».

Los pagos se efectuaban mediante transferencias bancarias individuales con el concepto «pago gastos».

El importe se abonaba independientemente de la distancia hasta el juzgado, el tiempo dedicado al desplazamiento o la duración del juicio, entre otras variables.

Asimismo, si los empleados asistían a dos señalamientos en un mismo día, se ejecutaban dos transferencias de 100€, no un pago único de 200€.

Cuando la declaración del testigo se realizaba de manera telemática, igualmente se abonaban los 100€.

Uno de los comprobantes que recibían los trabajadores de Salesland en concepto de asistencia a los juicios contra los bares pìrata. E. E.

El único requisito que Salesland solicitaba a sus empleados para abonarles la asistencia era la entrega del justificante correspondiente de la vista oral.

Fuentes cercanas al caso consultadas por EL ESPAÑOL indican que, en la mayoría de situaciones, cuando se celebraban estos juicios, los verificadores ya no estaban vinculados laboralmente con la empresa pagadora.

Las campañas de verificación tenían un plazo limitado, mientras que los señalamientos podían producirse años después de la inspección realizada al establecimiento.

Verificadores de LaLiga

El equipo de verificadores de LaLiga se encarga de detectar la emisión ilegal de sus partidos en bares y restaurantes.

Si durante una inspección uno de estos profesionales comprobaba que el local proyectaba contenidos sin licencia, se iniciaba un expediente de verificación que luego serviría como base para acciones legales.

Estos controles eran llevados a cabo tanto por personal contratado directamente por LaLiga como por la empresa externa Salesland.

Ambos grupos desempeñaban funciones casi idénticas en el terreno.

En estos informes se documentaba la identificación del establecimiento inspeccionado, la fecha y hora de la actuación y se capturaba una fotografía de la fachada, entre otros datos.

Este sistema facilitó a la organización dirigida por Javier Tebas llevar a los tribunales más de 2.000 procedimientos en diversos juzgados de España.

Incorporación de firmas

Los informes de verificación requerían la firma de los empleados que realizaron la inspección.

Una vez la documentación se cargaba en la aplicación corporativa de LaLiga, la labor del verificador concluía.

Después, no participaba más en la elaboración del documento final que se utilizaba en los procesos judiciales.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que los empleados no firmaban manualmente los informes, sino que la patronal del fútbol añadía la firma mediante una plantilla que reflejaba una rúbrica manuscrita en una hoja en blanco.

Hace años se solicitó a los verificadores de LaLiga una plantilla con su rúbrica para que esta fuera usada posteriormente.

Guerra contra la piratería

La patronal del fútbol mantiene una lucha constante contra la piratería, algo que no es reciente. Para lograr este objetivo, han implementado medidas extremas con el fin de alcanzar su meta.

Desde la creación de una aplicación que supuestamente espiaba a los usuarios, pasando por el bloqueo masivo de emisiones, hasta el pago de 50€ a ciudadanos anónimos que colaboren denunciando bares piratas.

En primer lugar, LaLiga aplicó un sistema que usaba los micrófonos de los teléfonos móviles para supuestamente detectar emisión fraudulenta de sus partidos.

«No se graban conversaciones. Solo son códigos binarios con los que se obtienen datos suficientes para verificar si se emiten partidos en establecimientos ilegalmente«, afirmó la patronal a EL ESPAÑOL.

El mecanismo de recopilación de datos se basaba en la emisión de sonidos durante unos segundos específicos, recogidos por el micrófono siempre que el usuario haya concedido permiso mediante la aplicación de LaLiga.

La empresa responsable de promover esta función fue Fluzo, una startup española.

Dicha sociedad gestionaba y compilaba los datos captados por el micrófono de cada usuario.

Su funcionamiento era similar a Shazam, la app que identifica canciones al captar el sonido ambiente del teléfono.

Por otro lado, en enero de este año, LaLiga lanzó una recompensa de 50€ para cualquier persona que notificara a un bar o restaurante que transmitiera partidos ilegalmente.

Para ello, implementó el Canal de Denuncias, un recurso que permite a cualquier ciudadano colaborar de forma anónima en su lucha contra la piratería.

El pago de 50€ es voluntario para quienes decidan aceptarlo. Primero, la patronal debe analizar la denuncia y confirmar que el fútbol se está emitiendo por canales no autorizados en el local.

«La gratificación de 50 euros se concede solo en casos donde la denuncia se valida tras el proceso de revisión, dentro de una política de agradecimiento regulada y transparente«, aclaró LaLiga.

Además, LaLiga llevó a cabo un bloqueo masivo a finales de 2024 para frenar la piratería.

No obstante, esta acción no solo afectó a páginas que emitían sin autorización, sino también a otras que ofrecían contenidos de manera legal.

Para impedir el streaming ilegal, la organización presidida por Tebas obtuvo autorización judicial que le permitió bloquear a los principales operadores de telecomunicaciones en España, como Movistar o Vodafone.

Numerosas plataformas protegían sus servidores y ocultaban su ubicación en tiempo real mediante Cloudflare.

En respuesta, la patronal solicitó el baneo de las direcciones IP desde las que se retransmitía el contenido.