Los especialistas de Fedea abogan por ajustar el sistema público de pensiones al envejecimiento demográfico mediante una jubilación escalonada, un mayor ahorro complementario y nuevas normativas que aseguren la equidad intergeneracional
El continuo envejecimiento de la población en España y la prolongación de la esperanza de vida requieren, según Fedea, reconsiderar el modelo que sostiene el Estado de bienestar y el sistema público de pensiones. La fundación sostiene que el debate debe ir más allá de cómo financiar las pensiones y enfocarse en adaptar las instituciones a una realidad demográfica que difiere considerablemente de la vigente al crear el sistema actual.
Este planteamiento se refleja en el estudio Instituciones, Envejecimiento y Equidad Intergeneracional, elaborado por el economista José Ignacio Conde-Ruiz, que subraya que el principal reto para garantizar la sostenibilidad del modelo “es institucional, no económico”. El informe destaca que el envejecimiento está perturbando el equilibrio entre generaciones, lo que hace imprescindibles reformas para distribuir de modo más justo los recursos públicos y las cargas del sistema.
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Entre las propuestas clave sobresale la adopción de una jubilación gradual que permita combinar la percepción de la pensión con un empleo a tiempo parcial. La finalidad es facilitar una transición leve entre la vida laboral y la jubilación definitiva, adaptando el sistema a carreras profesionales más extensas y a una población con mayor esperanza de vida.
Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), explica que la pensión que reciben los jubilados en España equivale a un 60% más de lo que han aportado a la Seguridad Social.
Ajustar las pensiones a una sociedad con mayor longevidad
El estudio sostiene que el aumento en la cantidad de personas mayores impacta directamente en el gasto público. El crecimiento del desembolso en pensiones, sanidad y dependencia coincide con una menor proporción de población en edad laboral, lo que frena el crecimiento económico y complica la financiación futura del Estado de bienestar.
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Para hacer frente a este contexto, Fedea propone un conjunto de reformas que superan el ámbito de las pensiones. Además de promover la jubilación escalonada, sugiere desarrollar completamente la cobertura de la dependencia como un seguro colectivo y ampliar los planes de pensiones de empleo mediante sistemas de adhesión automática (auto-enrolment), una modalidad que ya se aplica en otros países para fomentar el ahorro complementario.
La fundación también ve imprescindible redirigir parte del gasto público hacia políticas capaces de estimular el crecimiento económico a largo plazo. Entre estas menciona la inversión en educación, investigación, innovación, infraestructuras estratégicas y programas orientados a reducir la pobreza infantil, ámbitos que, a su juicio, generan mejores retornos para las próximas generaciones.
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El envejecimiento modifica el equilibrio económico
El informe ejemplifica el cambio demográfico con diversos indicadores. Entre 1995 y 2024, el gasto ligado al envejecimiento se incrementó en 5,3 puntos del producto interior bruto (PIB), mientras que la inversión pública descendió del 4,4% al 2,7% del PIB. Para los autores, esta evolución denota un desplazamiento progresivo de recursos hacia gasto corriente en detrimento de inversiones con impacto en el crecimiento futuro.
A esto se suma el deterioro del denominado dividendo demográfico. Entre 1980 y 1999, la estructura poblacional aportó un promedio de 0,44 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB per cápita, pero entre 2000 y 2019 esta cifra pasó a restar 0,19 puntos. Las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan, además, que esta contribución continuará siendo negativa en las próximas décadas.
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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, sostiene que el salario de los jóvenes es inferior al monto de las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera imprescindible implementar medidas orientadas a reducir esa desigualdad.
Según Fedea, esta realidad demanda incorporar una perspectiva intergeneracional en la elaboración de políticas públicas para evitar que el aumento del envejecimiento limite las oportunidades económicas de la juventud y comprometa la viabilidad financiera del sistema.
Cambios más allá de las pensiones
El documento incluye también propuestas institucionales. Entre ellas destaca la idea de reducir la edad de voto a los 16 años con la finalidad de incrementar la influencia política de las generaciones jóvenes, crear organismos encargados de proteger los intereses a largo plazo y exigir que las nuevas normativas cuenten con memorias de impacto intergeneracional que evalúen sus consecuencias futuras.
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En materia fiscal, Fedea propone fortalecer la disciplina presupuestaria aplicando de manera efectiva la prohibición del déficit estructural contemplada en el artículo 135 de la Constitución. Además, sugiere una regla de equilibrio que establezca que cada euro adicional invertido en políticas dirigidas a personas mayores debe ir acompañado de otro euro destinado a actuaciones para generaciones futuras, sin recurrir a un endeudamiento mayor.
Con estas propuestas, la fundación aboga por un cambio de paradigma que coloque a la demografía como eje central de la toma de decisiones económicas. El informe concluye que el envejecimiento no solo representa un reto financiero, sino una transformación estructural que requiere adaptar las instituciones para garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar y mantener el equilibrio entre generaciones.
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