Críticas dirigidas al Gobierno por exceder todos los límites de la transparencia hasta generar una enorme factura opaca que agrupa armas, salarios, planes de inversión y programas de inteligencia.

España mantiene una tendencia creciente en gasto militar. En 2025 alcanzó un 2,1% del PIB por primera vez en treinta años. En términos absolutos, representa 34.265 millones de euros, equivalente a la mitad del gasto anual público en educación, un tercio del gasto en sanidad y casi tres veces el destinado a dependencia. Esta semana la cifra aumentó en 6.287 millones adicionales para diversos programas aprobados en el Consejo de Ministros.
Con estas cifras, Pedro Sánchez ha neutralizado las críticas de Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), pero a la vez ha reavivado una molestia interna que crece desde la derecha y la izquierda, coincidiendo en un reproche común: el Ejecutivo destina sumas millonarias de dinero público al margen del control parlamentario, superando todos los niveles de transparencia hasta conformar una extensa factura opaca que mezcla armamento, salarios, planes de inversión y programas de inteligencia.
Tanto la izquierda como la derecha desaprueban su gestión en este ámbito: la izquierda sostiene que el dinero público debería enfocarse en necesidades urgentes de la ciudadanía; la derecha reprocha la falta total de diálogo en la toma de decisiones costosas dentro de una política de Estado que debería contar con el respaldo del Parlamento.
Después de la cita en Ankara, socios y oposición reclaman explicaciones. El PP ya ha solicitado el expediente completo del acuerdo del pasado 7 de julio, que autoriza la transferencia de crédito por 6.287 millones procedentes de diversas partidas para financiar acciones del Ministerio de Defensa, así como el expediente relacionado con otra transferencia de 1.399 millones al Ministerio de Industria para financiar planes incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.
Por su parte, Podemos exige a Sánchez aclarar si ha comprometido nuevo gasto militar y acusa al presidente de ocultar a la ciudadanía que está destinando su dinero a armamento en lugar de servicios públicos.

Así, el gasto en defensa se ha convertido en un terreno conflictivo donde Pedro Sánchez, más allá del efímero respaldo de Trump, no cuenta con apoyos. La oposición a la que enfrenta el Gobierno resulta especialmente severa dentro de los partidos que hasta ahora le han sustentado en el poder y esto ha llevado a que, para evitar enfrentamientos directos con debates incómodos y votaciones en contra, el Gobierno utilice ajustes y maniobras contables, transferencias presupuestarias y créditos extraordinarios como vías rápidas pero opacas y poco democráticas para destinar sumas considerables a gasto militar.
El PP reclama los informes de los últimos créditos para defensa
Esta ha sido la estrategia empleada para gestionar su propia contradicción, presentándose como líder internacional del rechazo a la guerra mientras sitúa a España como el tercer país de la OTAN que más ha incrementado su inversión en defensa, con un aumento cinco veces superior al crecimiento del PIB.
La imagen de pacifismo, destinada a calmar a socios radicalmente opuestos a una OTAN bajo la influencia de EEUU y su industria bélica, que desvia recursos potenciales para gasto social, comienza a desmoronarse. La oposición al aumento del gasto militar persiste de manera categórica en formaciones como Podemos, Bildu, ERC y BNG, y permanece latente en Sumar. Sin duda, esta oposición se intensificará si, como anuncia el Gobierno, se presenta a las Cortes un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027 que incluya una partida extraordinariamente alta para defensa, aunque distribuida bajo diferentes denominaciones entre varias secciones y ministerios.
Podemos acusa: «En español dice no a la guerra y en inglés, sí al rearme»
En la derecha, defensora firme de la Alianza y sus demandas, el significativo aumento del gasto militar también ha generado un fuerte conflicto con el Gobierno debido a su opacidad, considerada propia de «trileros», y por la clara intención de utilizar la política de defensa para provocar confrontaciones. Los populares acusan a Sánchez de decir una cosa en la mesa de la OTAN y otra al levantarse. Esta crítica coincide curiosamente con la acusación que le lanza Podemos: «En español dice no a la guerra y en inglés dice sí al rearme».
El mayor incremento, 10.470 millones de golpe, se produjo el año pasado mediante acuerdo del Consejo de Ministros y la aprobación de tres decretos ordinarios —sin necesidad de convalidación en el Congreso— para redirigir Fondos Next Generation, utilizar “ahorros disponibles” y emplear partidas presupuestarias no ejecutadas.
Sumar calificó esta subida como “desproporcionada”; Podemos llamó a la “movilización social”; el Partido Popular llegó a hablar de “cacicada antidemocrática”; ERC defendió el lema “escuelas y hospitales antes que tanques” y el PNV exigió que la inversión se dirigiera a la industria española en lugar de compras extranjeras. Ahora, después de Ankara, la tensión continúa elevada.

