Las claves
Pedro Sánchez acumula cuatro años consecutivos sin convocar un Debate sobre el estado de la Nación, un hecho sin precedentes en la democracia española.
El único debate que Sánchez ha afrontado como presidente fue en julio de 2022, y nunca ha competido contra Feijóo en este formato.
El Partido Popular propone una reforma legal para establecer la obligatoriedad de un debate anual y censura la ausencia como una «regresión democrática».
El Gobierno justifica la falta de debate señalando la pandemia y otros factores, y defiende que rinde cuentas mediante comparecencias parciales y sesiones de control.
Pedro Sánchez es el primer presidente democrático que acumula cuatro años seguidos sin participar en un Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso.
El único que ha afrontado como jefe del Ejecutivo tuvo lugar el 12 de julio de 2022, más de cuatro años después de asumir el poder, en junio de 2018.
Hoy se cumplen cuatro años completos, una legislatura entera. No hay indicios que apunten a que Alberto Núñez Feijóo finalice esta etapa enfrentándose a Sánchez, quien elude este desafío con diferentes pretextos: la pandemia, varias convocatorias electorales y la presentación a «otros formatos de control»…
Fue Cuca Gamarra, entonces secretaria general y portavoz en el Parlamento por el PP, quien contestó a Sánchez ese día. Feijóo, recién nombrado líder del PP, se limitó a ser un observador silencioso, ya que solo era senador por designación autonómica.
Desde entonces ha pasado tanto tiempo que las imágenes parecen de otra época. Meritxell Batet presidía el Congreso, Inés Arrimadas era la portavoz de Ciudadanos y Pablo Echenique encabezaba el grupo de Podemos, socio minoritario del Gobierno.
Las alianzas empezaban a resquebrajarse, con los morados presionando para evitar que «los ricos aumentaran su riqueza aprovechando la crisis» posterior a la pandemia.
Como respuesta, Sánchez reforzó su mayoría anunciando gravar a las eléctricas y a la banca.
Desde entonces, ni en 2023, ni en 2024, ni en 2025 ni en 2026 se ha convocado ese encuentro de política general que, sin estar legalmente obligado, ha sido uno de los rasgos característicos de la democracia parlamentaria española desde su instauración por Felipe González en 1983.
La ironía radica en que, al revisar el inicio del discurso de aquel Sánchez, justo antes de la explosión de casos de corrupción, comenzó criticando a su predecesor, Mariano Rajoy, por la ausencia de este ejercicio de rendición de cuentas «desde 2015».
Ningún otro presidente anterior —ni González, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy— había evitado durante tanto tiempo el escrutinio parlamentario.
Según las cifras del propio Congreso, se celebraron 26 debates entre 1983 y 2022, lo que convierte esta etapa reciente en una excepción histórica.
Exigir por ley
El Partido Popular ha decidido centrar su ofensiva política contra Sánchez en esta ausencia, con Feijóo al mando.
En marzo de 2025, durante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, dedicó gran parte de su discurso a reclamar formalmente la convocatoria y a vincular la negativa a la «decadencia» del Gobierno.
En esa intervención tachó a Sánchez de «presidente zombi». Y concluyó: «La decadencia del Gobierno no puede traducirse en la degradación de la democracia a causa de una ambición personal», colocando la ausencia del Debate en el ámbito de la «regresión democrática».
No se quedó en palabras. Un mes más tarde, en abril de 2025, el PP logró que el Congreso admitiera a trámite una proposición de ley para modificar el Reglamento e implantar la obligatoriedad de un debate anual de política general, excepto en años electorales generales.
La finalidad es «institucionalizar» el Debate para eliminar la discrecionalidad del Gobierno, que actualmente tiene la exclusiva iniciativa para solicitarlo.
El PP enmarca esta lucha reglamentaria dentro de una campaña más amplia sobre la «carencia de hábitos democráticos» de un Ejecutivo que, según los populares, prefiere «comparecencias con temáticas mezcladas» antes que un examen global de su labor.
Múltiples excusas
El Gobierno, por su parte, nunca ha dado una razón única y clara. A lo largo de estos años ha esgrimido distintas causas. En primer lugar, la tradición de no realizar debates de Estado en años con elecciones generales.
Más tarde invocó el impacto de la pandemia, que alteró la agenda parlamentaria y el funcionamiento regular de las Cortes. Durante estos años, «siempre hubo una excusa válida», señalan fuentes opositoras… aunque ya no existieron excepciones ni en 2021 ni desde aquel único debate en 2022.
Desde Moncloa sostienen que este encuentro anual está compensado por comparecencias parciales: casos de corrupción, crisis energética, conflicto en Ucrania, inflación, gasto en Defensa, acuerdos con socios.
Todas ellas, menos arriesgadas porque centran la atención en asuntos específicos, que además Sánchez suele combinar, y permiten mayor control sobre el formato, supervisado por la presidenta Francina Armengol.
La tercera justificación implícita es exactamente esa. El Gobierno afirma que rinde cuentas «constantemente» a través de comparecencias específicas, ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros y sesiones de control.
Sin embargo, su propio Plan de Acción por la Democracia, presentado en 2024, incluye la promesa de instaurar un Debate anual sobre el estado de la Nación, lo que evidencia una contradicción entre su discurso de transparencia y su práctica política.
Artimañas
En privado, fuentes de Moncloa reconocen que un debate de esta naturaleza «abriría la puerta a mayorías alternativas» en votaciones simbólicas.
Además ofrecería a la oposición un espacio para confrontar no solo políticas específicas, sino la dirección general de la legislatura.
Como precedente, el PSOE señala a Rajoy. La última —y truncada— legislatura de este, entre 2015 y 2018, fue políticamente turbulenta: dos elecciones consecutivas, una investidura prolongada y una moción de censura que lo desalojó del poder.
Es una maniobra dialéctica; pero en ese contexto, se puede responsabilizarlo de la falta de debate en 2017, a pesar de que el Gobierno de Rajoy ya estaba consolidado y sin elecciones a la vista.
No obstante, desde que Sánchez ganó la moción de censura el 1 de junio de 2018 y hasta el 12 de julio de 2022, ni siquiera intentó convocarlo. Y la única vez que lo hizo sirvió para minimizar a un Feijóo silencioso, quien quedó relegado a la función de espectador.
Con quien, sin embargo, sí solía medirse era en el Senado. Entre mayo de 2022 y mayo de 2023, Moncloa promovió decenas de debates en la Cámara Alta sobre la crisis energética, fondos europeos o política territorial: el presidente, con tiempo ilimitado, frente a las intervenciones limitadas del líder opositor.
Feijóo intentaba convertir esos debates en una plataforma de proyección nacional. Pero siempre en un terreno menos peligroso para el Gobierno que el Congreso: allí no se votaban resoluciones de todos los grupos ni se ponía en riesgo la débil y frágil mayoría presidencial.