Producían 400.000 cajetillas diarias de primeras marcas en fábricas «bunkerizadas», diseñadas para ser trasladadas en aproximadamente una semana. El fraude fiscal ascendía a unos 200 millones de euros anuales, empleando tanto a ciudadanos del Este como a desempleados locales.
Desde el exterior, eran naves invisibles, situadas en lugares remotos. Factorías aparentemente comunes, alejadas de observadores externos pero siempre próximas a autopistas… Que en realidad funcionaban como instalaciones móviles: se preparaban para ser desmontadas y llevadas a otros sitios en convoyes de tráileres, «en tan solo una semana».
No obstante, según indica la UCO, en su interior eran «fábricas dentro de fábricas dentro de fábricas», resguardadas internamente, «bunkerizadas en cuanto a sonido, olor y humedad», y funcionaban con precisión, algunas operando «tres turnos de ocho horas, a destajo». Con empleados que residían en el mismo lugar, «casi en condiciones de semiesclavitud».
La producción alcanzaba ocho millones de cigarrillos diarios, alrededor de 400.000 cajetillas cada 24 horas, generando 2,5 millones de euros diarios en beneficios, de los cuales dos millones, que debían tributar a Hacienda, representaban un perjuicio fiscal directo.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en colaboración con las comandancias de Alicante y Cuenca (especialmente la Policía Judicial alicantina), desmanteló una estructura significativa de producción y distribución compuesta por seis fábricas ilegales ubicadas en Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo. Se incautaron 20 millones de cigarrillos y 38,4 toneladas de picadura de tabaco, y detuvieron a 50 personas (más un individuo que fue arrestado al intentar robar uno de los autobuses precintados) en 23 ubicaciones repartidas por toda España. En dos operaciones en las que, según fuentes del Instituto Armado, participaron hasta 300 agentes.
El Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO calcula que obtenían aproximadamente 200 millones de euros de beneficio anuales, «pero el tabaco ilegal no cuenta con el desaprobación social que debería, quizás porque lo asociamos con el contrabando tradicional«, señala a EL MUNDO uno de los responsables de la operación: «En otros países, el tráfico de tabaco se equipara al de drogas».
El impacto para Hacienda pública, explican, es considerable: «Vendían las cajetillas a cinco euros, de los cuales cuatro debían ser impuestos, ya que el tabaco tributa un 80%», detallan. La picadura de tabaco provenía de India, China o Emiratos, la inversión inicial en cada fábrica rondaba «un millón de euros» y «podían operar al menos dos o tres meses en cada ubicación antes de cambiar para evitar detección».
Los falsificadores, supervisados al menos en el terreno por un ciudadano lituano (monitorizado por Europol desde 2015) y otro polaco que se desplazaban por toda España coordinando acciones en vehículos de alta gama, fabricaban masivamente cigarrillos de marcas Marlboro, Camel y Winston. También controlaban la distribución minorista y, en ocasiones, establecían diferentes líneas de venta para productos provenientes de distintas fábricas, asegurando la salida comercial en caso de ser interceptados.
Empleaban, en ocasiones, maquinaria original importada de fábricas del Este de Europa, y en otras, réplicas chinas de dichos equipos, utilizando además mano de obra compuesta por desempleados locales y ciudadanos «polacos, moldavos, letones, ucranianos, rumanos y moldavos», algunos con experiencia previa en el sector en sus países. «A algunos les pagaban 2.000 euros mensuales, pero los sometían a condiciones laborales extremas durante meses, en ambientes altamente insalubres«.
Todo estaba meticulosamente planificado. Para evitar que el consumo eléctrico alertara a las autoridades, las fábricas disponían de generadores propios. La red contaba con especialistas técnicos, trabajadores cualificados de sus países, llamados en caso de averías. Preferían ubicarse en áreas «con altos índices de desempleo» para facilitar distribución y acceso a fuerza laboral.
Esta investigación, de larga duración, comenzó alrededor de 2020. «Se evidenció que la producción de tabaco ilegal comenzó en Europa hacia 2015», detallan en el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de UCO: «dejó de llegar en contenedores para fabricarse localmente, principalmente en Polonia, Bélgica (con el puerto de Amberes) y en tercer lugar España, donde la baja densidad de población y buenas comunicaciones facilitaban la instalación«.
La operación, compuesta en realidad por dos investigaciones, llamadas Vernisa y Maidan-Cigalike, y dirigidas judicialmente por juzgados de Elche y Tarancón (Cuenca), fue un esfuerzo conjunto en el que tuvieron un papel esencial Europol y OLAF (la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), con el apoyo de policías de al menos diez países europeos, con especial participación de Portugal, Lituania y Polonia.
Un dato relevante que explica el avance de este negocio en España es que actualmente solo permanece una fábrica legal de tabaco en el país, ubicada en Canarias, propiedad de Japan Tobacco International.
Una curiosidad: ¿se notaba la diferencia con los Winston, Camel y Marlboro auténticos? «Yo no fumo», comenta el mando de UCO consultado, «pero me dicen que eran de muy baja calidad».