El juez Ismael Moreno dirige la investigación sobre los pagos realizados entre 2017 y 2024 por el partido a sus dirigentes, trabajadores o cualquier individuo vinculado al partido.
El comisionista Víctor de Aldama se presentó este mediodía en la Audiencia Nacional junto a su abogado José Antonio Choclán para declarar en la pieza reservada del caso Koldo, donde se examinan las cuentas del PSOE desde 2017 hasta 2024 debido a posibles delitos de blanqueo y financiación irregular.
Esta constituye la primera declaración de Aldama en el caso Koldo tras la sentencia del caso mascarillas, que le condenó a cuatro años de prisión. No obstante, dicha condena ha sido suspendida por su colaboración con la Justicia, al igual que la de exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, sentenciados a 24 y 19 años y medio, respectivamente.
Aldama llegó de manera inesperada a la Audiencia alrededor de las 12 horas, permaneciendo declarando cerca de una hora en la pieza secreta, según informaron fuentes jurídicas a Efe. A su salida, tanto él como su abogado optaron por no ofrecer declaraciones por el carácter reservado del procedimiento.
En esta pieza secreta, el juez indaga en los pagos efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024 a sus cargos, empleados o cualquier persona vinculada al partido, valorando si algunos de estos pagos, como los recibidos por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, podrían constituir delitos de blanqueo o resultar de una posible financiación irregular.
En marzo pasado, Aldama ya había comparecido en el marco de esta investigación para entregar un sobre relacionado con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Durante su declaración, un mes antes, en la causa en la que se investiga un fraude tributario relacionado con IVA de hidrocarburos, refirió que la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, actual presidenta interina del país, le entregó ese sobre en enero de 2020, vinculándolo a una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez.
Esta semana se hizo público que Delcy Rodríguez ha presentado una demanda contra Aldama para que retracte las declaraciones públicas emitidas sobre este tema, especialmente en relación a haber recibido ella el sobre.
Los abogados de ambas partes están convocados el 16 de julio en los Juzgados de Madrid para una audiencia de conciliación; en caso de no alcanzar un acuerdo, Delcy Rodríguez podría presentar una querella por injurias, según señalaron fuentes de ILOCAD, el despacho del exjuez Baltasar Garzón que representa a la presidenta venezolana.
Uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso hidrocarburos hacía referencia a la fotografía de «un sobre marrón» con remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y destinataria la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Para la UCO, resultaba fundamental la «intermediación» de Delcy Rodríguez, quien recibió esa documentación y, supuestamente, se la entregó a Aldama el 4 de febrero de 2020, fecha próxima a su llegada al aeropuerto de Madrid el 20 de enero.
Antes de la declaración de Aldama, el juez del caso Koldo interrogó a Iñigo Rotaeche, dueño de la empresa Soluciones de Gestión, centro de la trama de las mascarillas, así como a un subteniente de la Guardia Civil asignado al complejo de Nuevos Ministerios, donde se ubica el Ministerio de Transportes, José Luis Rodríguez.
Rotaeche fue cuestionado sobre un nuevo delito fiscal que se le imputa, basado en el último informe de la ONIF, órgano dependiente de la Agencia Tributaria, mientras que Rodríguez defendió a su socio Koldo García, calificándolo como una «persona excelente» y defendió el negocio de pizarras que compartían, proporcionando detalles hasta que el juez interrumpió la declaración por tratarse de un asunto ajeno a la comparecencia.
En el contexto del caso Koldo, el magistrado también ha programado interrogar el 20 de julio como imputados a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos; a Joseba García, hermano de Koldo García; y a Ignacio Zaldívar, exdirectivo de Adif, todos vinculados con la inserción laboral de la primera en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.