El Ejecutivo afirma que «incrementa la recaudación y fortalece el sistema de pensiones»
Se trató de una decisión política. Además, representó un gesto hacia un aliado distante como Podemos, en un momento, a comienzos de año, en el que La Moncloa buscaba acercamientos con los partidos que respaldan la gobernabilidad. Sin embargo, el proceso de regularización de migrantes, que superó las previsiones iniciales del Gobierno —con un total de 1.174.978 solicitudes— posee también un importante efecto económico para las finanzas públicas. De hecho, una de las principales razones que el Ejecutivo expone en sus informes es que «la regularización incrementa la recaudación fiscal y robustece el sistema de pensiones». Este es uno de los argumentos que se presentan para impulsar la medida. «La plena integración de estas personas en el sistema administrativo y económico fortalece la Seguridad Social y eleva la recaudación tributaria», señala el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 presentado por Pedro Sánchez hace una semana, con una financiación inicial prevista de 500 millones.
La regularización otorga permiso para residir y trabajar en España. Aún se desconoce cómo afectará a las finanzas públicas.
Este impacto se observa en dos aspectos, el gasto y la recaudación. Porque el Consejo de Estado, en sus observaciones, criticó al Gobierno por no detallar el impacto presupuestario de esta iniciativa, calificándolo como una «laguna llamativa». En concreto, expuso en su dictamen: «La memoria incluye un análisis detallado de los impactos vinculados a la reglamentación propuesta, especialmente en las cargas administrativas que implica, aunque resulta sorprendente que respecto al impacto presupuestario específico, sólo se indique que ‘está siendo objeto de estudio’, lo cual representa una laguna notable dada la envergadura del proceso de gestión que conllevará esta nueva reglamentación».
En la exposición de motivos del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, el Gobierno recalca: «El acceso a una autorización de residencia, para personas que carecen de ella, incrementa las cotizaciones, reduce la economía sumergida y genera un impacto fiscal neto favorable».
En los estudios utilizados por el Gobierno para preparar la regularización se tomó en cuenta la experiencia de 2005. Basándose en ese precedente, La Moncloa extrae un dato que se refleja en sus informes: «La regularización de 2005 produjo más de 4.400 euros anuales por persona regularizada, mediante el IRPF y cotizaciones», concluye el documento que analiza las claves económicas y sociales de la regularización extraordinaria, fechado en abril. El propio Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 destaca esa cifra: «Produce efectos fiscales positivos: la regularización extraordinaria de 2005 aumentó los ingresos por IRPF y cotizaciones en más de 4.400 euros anuales por cada persona migrante regularizada; y la evidencia disponible en otros países indica que la inmigración tiene un efecto fiscal neto positivo sobre las finanzas públicas a nivel agregado».
Considerando esta cifra y con los datos oficiales facilitados por el Ejecutivo, el Estado podría recaudar 5.169 millones de euros, dado que hay 1.174.978 solicitudes de regularización. Para precisar y acotar la cifra, según el desglose oficial, hasta el 30 de junio se habían generado 160.000 altas laborales, que, tomando como base los más de 4.400 euros anuales por persona regularizada en 2005 (a través de IRPF y cotizaciones), representarían ingresos anuales estimados para las arcas públicas de 704 millones de euros. Esta cifra es provisional y se incrementará conforme avance el trámite de expedientes de solicitud —a fecha del 2 de julio se encontraban en proceso 609.737 expedientes—.
«El acceso a una autorización de residencia, para personas que no la poseen, incrementa las cotizaciones, reduce la economía sumergida y genera un impacto fiscal neto favorable», concluye el Gobierno en la exposición de motivos del Real Decreto. «Lo que sí cambia, y de manera notable, es el balance de las contribuciones: las personas regularizadas dejan de utilizar servicios públicos sin cotizar formalmente y pasan a financiarlos con sus impuestos y aportaciones», refleja el informe económico.
La necesidad de que las personas migrantes contribuyan para aumentar la recaudación y proporcionar recursos al Estado del bienestar ha sido objeto de un análisis profundo por parte de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia. Este organismo, ubicado en el Palacio de La Moncloa y adscrito al Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que reporta directamente al Presidente y a su jefe de Gabinete, elaboró un informe presentado a finales de marzo titulado ‘España ante el reto migratorio: dos futuros posibles’, que estudia la evolución social y económica del país ante la llegada de población extranjera. En este documento técnico se reconoce que el Estado del bienestar está «bajo presión» y que «reducir los flujos migratorios empeora el equilibrio de las finanzas públicas. Aunque genera cierto ahorro en gasto, este no compensa la pérdida de ingresos por cotizaciones y tributos aportados por los inmigrantes».
Además, esta Oficina realiza una proyección que plantea escenarios: en un contexto de baja migración, la caída de ingresos a largo plazo sería significativa y, para compensarla solo con impuestos, podría ser necesario aumentar la recaudación del impuesto de sociedades en cerca de un 14%, o en torno a un 6% en el IVA. En cuanto a las pensiones, la conclusión es clara: «con menos inmigración, financiar las pensiones será cada vez más difícil». Según las proyecciones, en 2075 cada trabajador debería aportar alrededor de 2.000 euros anuales adicionales para mantener el nivel actual de prestaciones.