Un juzgado de Madrid ordenó este miércoles la detención de Vito Quiles, luego de que no fuera notificado de una citación en una denuncia por un presunto delito contra el honor. El agitador manifiesta desconocer los motivos detrás de la orden: «No me entregaré ni me expondré a ser detenido como exige el Gobierno»
Solo un día tras la divulgación de la orden de arresto contra Vito Quiles, el agitador ultra respondió desafiando lo que califica como una acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez, provocada por sus preguntas dirigidas a la esposa del presidente. «No voy a entregarme ni a someterme a un arresto, como pretende el Gobierno, hasta nuevo aviso», declaró a EL MUNDO, antes de contar que ha contado con el respaldo explícito del presidente argentino, Javier Milei, para protegerse de lo que describe como «una cacería judicial» en su contra: «He recibido el apoyo de Milei y su ofrecimiento para refugiarme en la embajada argentina en España si la situación se complica».
Este miércoles, la Policía Nacional se presentó en las oficinas de Estado de Alarma (EDATV), plataforma donde trabaja Quiles, para ejecutar la orden de detención emitida por un juzgado de instrucción madrileño dentro de una investigación por un supuesto delito contra el honor.
De acuerdo con la agencia Efe, se ordenó la localización de Quiles tras su ausencia en un procedimiento en el que se le investiga por afirmar en redes sociales que la ex vicepresidenta del Gobierno y ex ministra de Hacienda María Jesús Montero sacó de prisión a un asesor de su departamento. El querellante, empleado en Hacienda durante 41 años bajo gobiernos del Partido Popular y del PSOE, sostiene en su denuncia que la difusión de este «bulo» en redes sociales dañó «gravemente» su reputación personal y profesional después de una «trayectoria intachable».
En la demanda se detalla que, mediante sus perfiles en Telegram y TikTok, Vito Quiles compartió información «completamente falsa» que le atribuía varios delitos por los cuales «habría estado en prisión» y que luego habría sido liberado por la entonces vicepresidenta, quien «lo encubrió y contrató» en el Ministerio. Además, el agitador ultra difundió su nombre completo y una fotografía, poniendo en riesgo la seguridad del demandante y «aumentando exponencialmente el daño causado» al generar «una persecución pública» con cientos de respuestas y comentarios de usuarios profiriendo «insultos, vejaciones y amenazas».
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