Las claves
Alberto Núñez Feijóo ha comunicado su intención de promover una ley nacional sobre el concebido no nacido, semejante a la aprobada por Ayuso en Madrid.
Esta legislación reconoce al feto como integrante de la unidad familiar, posibilitando el acceso a ayudas públicas desde el comienzo del embarazo.
Feijóo ha respaldado el acuerdo entre Juanma Moreno y Vox en Andalucía, subrayando la relevancia de la estabilidad.
El líder del PP ha cuestionado a Pedro Sánchez, solicitando aclaraciones acerca de casos de corrupción y señalando irregularidades en la cúpula de la Guardia Civil.
Alberto Núñez Feijóo ha presentado una propuesta para instaurar una «ley del concebido no nacido a nivel nacional», similar a la recientemente implementada por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
El presidente del PP ha reivindicado esta medida como una de las señas de identidad ideológicas del partido y recordó que ya promovió una similar cuando estuvo en el gobierno de Galicia en 2011.
Durante una entrevista en Espejo Público, el político gallego defendió este lunes que los derechos de las mujeres embarazadas deben reflejarse en el sistema público de ayudas. «Eso debe considerarse desde el inicio, es una política familiar adecuada«.
Con esta regulación, el feto se reconoce como un miembro adicional de la unidad familiar para acceder a prestaciones públicas. Además, Feijóo elogió que Ayuso haya «actualizado y ampliado» el esquema que él estableció en Galicia, ahora llevado a Madrid.
El presidente del Partido Popular también defendió firmemente el acuerdo entre Juanma Moreno y Vox.
Feijóo rechazó las acusaciones de que el barón andaluz está mostrando un «pragmatismo» contrario a sus compromisos y lo enmarcó dentro de la idea de «responsabilidad». Según el líder popular, un dirigente «serio» no se deja encasillar, sino que acepta «la gestión de la realidad».
En concreto, si PP y Vox reúnen el 55% del voto andaluz, la obligación de Moreno era «ofrecer estabilidad al territorio», incluso cuando obtuvo «160.000 votos más que cuando tenía mayoría absoluta», hace cuatro años, y únicamente «los restos» le impidieron al presidente de la Junta obtener los dos escaños que necesitaba para revalidarla.
Ante las críticas por la «prioridad nacional» acordada con Vox, Feijóo negó de forma categórica que el dirigente andaluz hubiera afirmado que jamás suscribiría algo semejante.
De acuerdo con Feijóo, «lo importante es lo que figura en los documentos, no lo que otros interpretan». Y redujo el polémico concepto a una práctica, según él, vigente «desde hace décadas en España»: que las ayudas públicas se prioricen por criterios de arraigo, ajustados a la ley que impide la discriminación entre españoles.
Sánchez y la Justicia
No obstante, Feijóo no dejó pasar la oportunidad de señalar que su «alternativa» al actual Gobierno no se basa únicamente en un proyecto político, sino también en la «necesidad de que la decencia regrese a la política española».
Por ello, en materia de corrupción, ha centrado la atención en Pedro Sánchez y su entorno. Al presidente le exigió que «aclare qué sabe sobre las joyas» de José Luis Rodríguez Zapatero y los demás procesos judiciales relacionados con su partido.
El líder popular afirmó que Sánchez «está inquieto» porque «conoce muchas cosas» y se siente acorralado. Incluso, según Feijóo, esa es la razón por la que respalda a Zapatero, «porque en realidad se está respaldando a sí mismo».
Para el presidente del PP, Sánchez teme que «si Zapatero habla, o lo hacen otros implicados, muchos, incluido él mismo, podrían enfrentarse a la Justicia».
Feijóo fue más allá al analizar el caso Koldo y la actuación de la cúpula de la Guardia Civil.
Desde su perspectiva, resulta incompatible que la directora general y el DAO de la Guardia Civil continúen en sus cargos. «No es posible estar imputado y liderar a quienes deben perseguir delitos».
Por eso, calificó como «un deshonor para el cuerpo» que «las dos máximas autoridades estén bajo sospecha».
Participar en las cloacas que «elaboraron listas negras contra la UCO, fiscales anticorrupción, jueces y periodistas» para actuar en su contra, «no se puede hacer sin el conocimiento del ministro o del presidente».