Las claves
El 62,8% de los españoles opina que la ley de nietos puede modificar injustamente los resultados electorales al añadir al censo a personas que no residen en España.
Un 67% de los encuestados apoya la retirada del derecho al voto a quienes viven permanentemente fuera del país.
El 61,2% considera perjudicial la regularización de 1,2 millones de inmigrantes sin papeles, por temor a saturar los servicios públicos y elevar el desempleo.
El 76,5% de los españoles reclama un fortalecimiento de los controles fronterizos y los requisitos de arraigo para bloquear nuevos flujos irregulares.
Una mayoría amplia, el 62,8% de la población española, piensa que la aplicación de la ley de nietos puede «injustamente cambiar los resultados electorales«, al incorporar al censo a 2,5 millones de personas con derecho a voto, aun cuando no residen en España.
Además, un porcentaje ligeramente superior, el 63,5%, estima que el Gobierno intenta con esta norma crear en el extranjero «un grupo de nuevos votantes agradecidos» con el PSOE, según el último estudio de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.
El ministro Óscar López reprochó el sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que promueva «teorías conspirativas» al señalar a la ley de nietos como una «maniobra electoral» impulsada por el Gobierno.
«Resulta inaceptable que un partido en el poder, el PP, deslegitime el Estado de derecho, el sistema electoral español y la democracia del país», afirmó López desde Almagro (Ciudad Real).
Aun así, la sociedad española observa con recelo esta medida promulgada por el Ejecutivo, que está acelerando el trámite para resolver las 2,6 millones de solicitudes de nacionalidad presentadas en los consulados españoles en América Latina.
De ese total de expedientes, el Gobierno ya ha resuelto favorablemente 557.709, según el último dato oficial de abril.
La Ley de Memoria Democrática abrió la vía para conceder la nacionalidad española a todos los descendientes de exiliados que debieron abandonar España durante la Guerra Civil y la Dictadura, víctimas de persecución política.
Sin embargo, una instrucción posterior firmada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, amplió la definición de «exiliados» a todos los que emigraron entre 1936 y 1955, incluyendo a cientos de miles que lo hicieron en busca de oportunidades económicas.
Según la encuesta, solo el 34,8% de los participantes comparte la visión del Gobierno, que considera que la ley de nietos cumple con «un derecho legítimo de los descendientes de españoles«.
Este criterio es respaldado principalmente por la mayoría de los votantes del PSOE (65,4%), Sumar y Podemos (89,4%), así como por el 63,5% de los extranjeros residentes en España.
Por otra parte, el 62,8% opina que crear 2,6 millones de nuevos españoles podría «distorsionar injustamente los resultados electorales, contando votos de personas que no residen en el país». Un tercio de los socialistas (32,3%) comparte esta sospecha.
Para prevenir este peligro, el 67% de los encuestados apoya «retirar el derecho al voto a quienes residen permanentemente en el extranjero«.
Incluso el 62,4% de los votantes socialistas estarían de acuerdo con esta medida, junto con el 64% de los extranjeros que viven en España.
Solo uno de cada cinco españoles (23,2%) sostiene que el derecho al voto debe estar ligado estrictamente a la nacionalidad, incluso para aquellos que «nunca han pisado nuestro territorio«.
Diversos países de la UE, como Alemania, Dinamarca, Irlanda y Malta, limitan o eliminan el derecho al voto para nacionales que no residen permanentemente en sus territorios, según EL ESPAÑOL.
Esta práctica se basa en la lógica de que quienes no están sujetos a las decisiones del Gobierno ni contribuyen fiscalmente no deben participar en su elección.
Los españoles asimismo critican la política migratoria del Ejecutivo, que ha concluido recientemente el proceso para regularizar a 1,2 millones de inmigrantes sin documentación (más del doble de la cifra anunciada inicialmente).
El 61,2% de los entrevistados cree que esta medida será «perjudicial» para la economía, anticipando «sobrecarga en servicios públicos y un incremento del desempleo«.
En contraste, el Gobierno argumenta que la regularización ayudará a reducir la economía sumergida y dinamizará el consumo, lo que aumentará la recaudación fiscal y las cotizaciones a la Seguridad Social.
Solo el 35% de los encuestados comparte esta visión, incluyendo a la mayoría de votantes del PSOE (61%), Sumar y Podemos (89,6%), y a los partidarios nacionalistas e independentistas (74%).
Los jóvenes entre 17 y 35 años son los más críticos con la regularización: el 75,3% considera que perjudicará la economía. De modo similar, el 80,2% de votantes del PP y el 97,3% de Vox opinan lo mismo. También uno de cada tres socialistas (31%) expresa esta opinión.
Un porcentaje aún mayor, el 76,5% de los españoles, cree que el Gobierno debe «reforzar los controles fronterizos y los requisitos de arraigo» para frenar nuevos flujos irregulares, en línea con la política europea vigente.
Esta postura también cuenta con el apoyo del 67% de votantes del PSOE y del 72,4% de extranjeros que residen en España.
Contrariamente, solo los votantes de Sumar, Podemos y partidos nacionalistas se oponen a esta posición.
De nuevo, los jóvenes menores de 35 años son quienes más fuertemente demandan (81,6%) el endurecimiento de los controles fronterizos y requisitos para obtener permisos de residencia.
El Gobierno había previsto que aproximadamente 500.000 inmigrantes sin papeles participarían en la regularización, pero el número final de solicitudes ascendió a 1,2 millones, más del doble.
La Policía ha detectado numerosos casos de fraude, con inmigrantes que se han trasladado a España desde otros países europeos para aprovechar esta regularización, pese a que es obligatorio demostrar residencia en España antes del 31 de diciembre anterior.
El sondeo indica que el 54,2% cree que el número real de inmigrantes irregulares en España supera la cifra oficial anunciada por el Gobierno. Entre votantes socialistas, el 61% admite esta posibilidad.
Por otro lado, un 43,3% de los encuestados estima que el proceso de regularización ha tenido «un efecto llamada que atrajo a personas no calificadas según los requisitos iniciales«.
La mayoría de los votantes del PP (65%) y Vox (62,8%) sospechan la existencia de este «efecto llamada», justamente cuando casi todos los países de la UE están intensificando la vigilancia de sus fronteras.
Ficha técnica:
Se realizaron 1.416 encuestas a españoles con derecho a voto, mediante sistema CAWI-Panel entre el 2 y 4 de julio de 2026. La muestra fue equilibrada en fases sucesivas por cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo del voto. El ajuste de convergencia por interacción para el total nacional alcanza el 97% (no se especifica error muestral al tratarse de muestreo no probabilístico, aunque el error de equilibraje puede estimarse en ±3%). El estudio fue realizado por SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.