Las claves
La Comisión Europea ha solicitado aclaraciones al Gobierno de España sobre el supuesto uso de fondos Next Generation para la contratación de un conocido de José Bono en la empresa pública Ineco.
El Ejecutivo español proporcionó versiones contradictorias: negó irregularidades en el Congreso, pero ante Bruselas reconoció que el asunto está bajo investigación y podría implicar medidas correctoras.
El caso salió a la luz después de que se encontraran mensajes entre Koldo García y José Bono, en los que se solicitaba la incorporación de un joven militante socialista en Ineco.
Bruselas vigila un posible uso indebido de fondos europeos en esta contratación, mientras que en España Moncloa ha restado importancia al asunto.
La Comisión Europea ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez explicaciones por el presunto empleo de fondos Next Generation, parte del Plan de Recuperación, para financiar la contratación en la empresa pública Ineco de un amigo del exministro socialista José Bono.
Moncloa aseguró ante el Congreso que en la contratación del joven socialista Álvaro Lario en Ineco no se destinaron fondos europeos y descartó investigar más. Sin embargo, frente al Ejecutivo Comunitario, el Gobierno español ha admitido que está «investigando lo ocurrido».
La disparidad entre ambas respuestas del Ejecutivo español emerge a raíz de las exclusivas de EL ESPAÑOL sobre los mensajes privados del Koldogate, hallados en el móvil del exasistente de José Luis Ábalos, ambos actualmente en prisión tras la condena firme por el caso Mascarillas.
En dichas conversaciones, reveladas por este diario, participaron Koldo García y el exministro de Defensa, José Bono.
En esos mensajes, el también expresidente del Congreso solicitaba «colocar» a un joven del PSOE en Ineco, la misma empresa pública donde se había introducido a Jésica, una de las parejas del hombre de confianza de Pedro Sánchez en el Gobierno, como ministro de Transportes, y en el PSOE, como secretario de Organización.
Contradicción
En España, ante preguntas del Partido Popular, Moncloa defendió que no existían indicios de irregularidad alguna.
Mientras tanto, en Bruselas, en respuesta a un requerimiento presentado por Vox ante la Comisión, el Gobierno español admite que el expediente está abierto y podría derivar en sanciones.
De este modo, un intercambio inicial de whatsapp sobre un «chaval encantador» se ha convertido en un seguimiento específico por parte del Ejecutivo comunitario sobre el contrato del militante socialista en una empresa pública, presuntamente financiado con fondos europeos.
El Ejecutivo brindó una versión ante el Parlamento español y otra diferente ante el Ejecutivo comunitario, obligado por la pregunta escrita planteada en la Eurocámara por Vox.
En Madrid, el asunto se describió como irrelevante para los fondos europeos; en Bruselas se confirma que el expediente sigue abierto y que se evalúan posibles medidas correctoras.
Comisario Dombrovskis
El contexto es el llamado Koldogate, una exclusiva obtenida gracias al acceso de EL ESPAÑOL al móvil de Koldo García.
De esos chats surgen evidencias de una red de favores, contratos y negocios que condujo a la condena en el caso Mascarillas del exministro Ábalos y su antiguo asesor.
En este entramado aparece el joven militante del PSOE Álvaro Lario. Bono lo presenta a Koldo como «un amigo» y solicita su incorporación en Ineco, empresa dependiente del Ministerio de Transportes vinculada a proyectos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Tras esta exclusiva, Vox registró en Bruselas una pregunta a la Comisión, suscrita por los eurodiputados Jorge Buxadé y Hermann Tertsch, a la que ha tenido acceso este diario.
En dicha pregunta se indaga sobre la posible malversación de fondos de la UE en la contratación de Lario y se exige conocer el proyecto específico del MRR que habría financiado su salario.
La respuesta la firma Valdis Dombrovskis en representación de la Comisión. El comisario recuerda que la responsabilidad principal de proteger los intereses financieros de la UE «corresponde a los Estados miembros» y señala que España ya ha sido auditada por su plan de recuperación.
La frase clave aparece al final de la respuesta comunitaria.
Dombrovskis indica que, tras una solicitud de información, «las autoridades españolas confirman que están investigando lo ocurrido» y que, hasta ahora, las solicitudes de pago no han incluido «ningún contrato relacionado con la persona mencionada, ni se prevé utilizar tal contrato».
Tres líneas displicentes
Esta versión contrasta con la brindada en España. El PP presentó en el Congreso una serie de nueve preguntas muy concretas sobre la contratación del joven socialista en Ineco y el posible uso del MRR para financiar su puesto.
Moncloa respondió de manera breve y poco detallada. Apenas tres líneas para sostener que no había indicios de desviación de fondos europeos y que no veía necesaria ninguna investigación.
Ahora, por el contrario, el propio Gobierno afirma lo contrario ante la Comisión. Declara estar «investigando lo ocurrido» y que seguirá colaborando con Bruselas para «aclarar los hechos y evaluar la necesidad de medidas correctoras».
Surge así un dilema: el Ejecutivo o mintió ante el Congreso; o lo hizo ante el Ejecutivo comunitario; o abrió una investigación sin notificarla a nadie en España.
Además, si insiste en negar el uso de fondos europeos para el contrato del amigo de Bono, queda confirmado que la colocación sí se realizó.