Las claves
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está siendo investigada por un caso de corrupción que involucra a 27 personas imputadas, entre las cuales figuran tres expresidentes.
La presidenta actual de la SEPI, Belén Gualda, está imputada por presuntamente facilitar rescates empresariales irregulares y quebrantar principios de objetividad e imparcialidad.
La red corrupta habría manipulado expedientes y concursos públicos, desviando más de 132 millones de euros mediante comisiones y contratos simulados.
La estructura administrativa de la SEPI junto con la creación del fondo FASEE habrían permitido diluir responsabilidades, posibilitando la aprobación de rescates controvertidos sin controles efectivos.
La convergencia de intereses privados, alta política y fondos públicos ha encontrado su escenario más oscuro en los pasillos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la Sepi.
El personal del holding público, dependiente del Ministerio de Hacienda, observa asombrado cómo las decisiones que implicaban decenas de millones de euros de fondos públicos dejaron de estar fundamentadas en criterios técnicos para resolverse en conversaciones privadas en restaurantes y chats cifrados.
La situación actual de la entidad está marcada por una oleada de imputaciones que configura un verdadero «nido de víboras«, según palabras de responsables que ocuparon altos cargos en la Sepi, que se ha ido «manteniendo a lo largo de los años«.
El juez Santiago Pedraz sumó esta misma semana a 25 nuevos imputados en el marco del caso Leire ligados al entorno de la Sepi.
Entre ellos se encuentran el expresidente de ENUSA José Vicente Berlanga, el directivo de Acciona Francisco Javier López Buciega, el expresidente de Mercasa José Ramón Sampere, el directivo del Grupo Forestalia Fernando Samper Rivas y Francisco Irazusta, ex consejero delegado de Tubos Reunidos.
Aun más preocupante es la imputación de la presidenta actual de la Sepi, Belén Gualda, junto con varios integrantes y exintegrantes de su equipo directivo, entre ellos Julián Mateos Aparicio, Miguel Ángel Figueroa, Concepción Ordiz, Rosario Martín y Fernando Albert.
La imputación de Gualda se añade a la del expresidente de la entidad, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, arrestado en diciembre de 2025 por su implicación en el grupo criminal Hirurok (la red de mensajería usada por Leire Díez y Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar).
También ha sido citado como investigado el vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora Toro, quien fungió como presidente interino durante algunos rescates polémicos, como los de Plus Ultra, Duro Felguera, Ávoris y Air Europa.
Este cúmulo de altos cargos bajo investigación, en activo o con vínculos recientes con la Sepi, ha sumido a la plantilla en estado de conmoción, confirmando la sospecha de fallos en los controles independientes del organismo.
El episodio que mejor sintetiza esta caída tuvo lugar a finales de noviembre de 2024, durante el seguimiento del rescate a Tubos Reunidos, el escándalo más reciente.
La metalúrgica vasca vendió activos en Sestao por más de 15 millones de euros, que según las cláusulas del rescate debían destinarse a reducir la deuda pendiente con el Estado.
No obstante, la dirección de Tubos Reunidos quiso retener 10 millones de euros para su caja, recurriendo a la red de intermediarios vinculados a Leire y Vicente Fernández.
Para ocultar la solicitud financiera, Leire modificó el borrador oficial haciendo hincapié en datos sobre el fomento del empleo femenino en la planta de Amurrio, sabiendo que un enfoque de género facilitaría la aprobación por parte de la presidencia de la Sepi.
Este acuerdo se llevó a cabo en un almuerzo de la red con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un restaurante en el madrileño barrio de Hortaleza. Cerdán, de hecho, ya se había reunido en noviembre de 2024 con la trama y representantes de Tubos Reunidos en la calle Ferraz, según una agenda manuscrita incautada por la UCO.
Meses después, el 28 de marzo de 2025, la Sepi concedió una excepción a la empresa, que acordó pagar a Vicente Fernández una comisión extraordinaria de 40.000 euros en compensación.
Sin embargo, esta relación ilícita comenzó años atrás, durante los momentos más críticos de la paralización económica causada por la pandemia.
El 7 de enero de 2021, la siderúrgica presentó formalmente a la Sepi su solicitud para recibir apoyo público temporal por un monto de 115 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado para rescatar a empresas afectadas por la Covid-19.
El expediente de Tubos Reunidos comenzó un proceso burocrático que, según el reglamento del FASEE, requería un análisis riguroso de su elegibilidad por parte de la Dirección de Participadas de la Sepi, asesoría externa independiente y la aprobación jurídica.
Estos controles tenían la función de garantizar que la inversión pública se realizaba en una empresa con viabilidad real y sin deudas pendientes.
Ante el riesgo de que la ayuda no prosperara, la red Hirurok activó todos sus mecanismos de influencia. Aprovechando los contactos de Fernández en la Sepi, obtuvo informes y borradores de viabilidad etiquetados como «CONFIDENCIALES» que enviaron a través de la aplicación cifrada Threema.
Al detectar que la Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ponía reparos al rescate, la red presionó políticamente a la cúpula del PNV en su sede de Sabin Etxea para exigir la aprobación urgente de la ayuda al Gobierno central.
La estrategia de presión tuvo éxito: el 13 de julio de 2021, el Consejo Gestor del FASEE aprobó formalmente la concesión del crédito participativo por 112,8 millones de euros, autorizados por el Consejo de Ministros el 20 de julio de 2021.
Dos semanas tras la inyección pública, la red reclamó su recompensa.
El entonces presidente de la siderúrgica, Francisco Irazusta, firmó un contrato simulado de asesoría por 5.000 euros mensuales bajo el concepto de «trabajos de prospección de mercados«. De esta forma, la red facturó un total de 127.050 euros.
Gualda: la presidenta en el foco
Cuando el rescate de Tubos Reunidos avanzó decisivamente, la presidenta de la Sepi era Belén Gualda González, nombrada oficialmente el 30 de marzo de 2021, pocos meses antes de que el Consejo Gestor del FASEE aprobara la operación que suministraría 112,8 millones de euros a la empresa.
Gualda, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada, llegó a la Sepi tras un breve periodo al frente de Navantia, la constructora naval pública, donde estuvo solo cinco meses.
Su trayectoria previa se concentró prácticamente en el sector público andaluz, bajo gobiernos socialistas, desempeñando diversos cargos de responsabilidad en la Junta de Andalucía. Fuentes consultadas sostienen que «es una persona del PSOE».
Entre 2008 y 2019 fue directora general de Transportes, Infraestructuras y Explotación del Agua en la Junta de Andalucía, Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático y directora gerente de la Agencia de Obra Pública de Fomento y Vivienda.
Por ello, fuentes externas interpretan el ascenso de Gualda (designada presidenta de la Sepi por el Consejo de Ministros a propuesta de María Jesús Montero) como una decisión con clara connotación política.
«La superior de Gualda es Montero. Punto. Sabiendo que Vicente Fernández tenía asuntos ocultos, al llegar a la Sepi comenzó a depurar personal y eliminó varias figuras de su equipo, aunque siempre actuó conforme a la ministra».
Este proceso interno representa, según el personal de carrera de la Sepi, un momento crucial.
Las fuentes explican que la llegada de Gualda implicó una ruptura de los equilibrios técnicos que funcionaban como contrapeso dentro del holding estatal.
Por ejemplo, la supresión de la histórica Dirección de Planificación y Control, función que incluía analizar el estado de las empresas públicas, revisar planes de viabilidad, detectar desviaciones presupuestarias y alertar de riesgos potenciales.
La sustitución de esa dirección por una Dirección de Estrategia fue interpretada internamente como algo más que una simple reorganización. «No se elimina ese control a los pocos meses de nombrarse si no hay intenciones ocultas».
La versión oficial de la Sepi habló de modernización estructural; empero, las fuentes aseguran que el efecto real fue reducir la influencia de los controles técnicos tradicionales y centralizar más poder en la presidencia y sus aliados.
En este escenario se gestionó el expediente de Tubos Reunidos. El rescate se convirtió en una de las intervenciones más importantes del FASEE, creado por el Gobierno para apoyar a empresas estratégicas durante la pandemia.
En la actualidad, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a Belén Gualda como investigada en el caso Leire, por su posible papel activo en la aprobación del rescate.
Anticorrupción sostiene que quebrantó los principios de objetividad e imparcialidad al asumir un «compromiso» con el CEO de la siderúrgica para asegurar la ratificación de la inyección económica.
En junio de 2021, un directivo de la Sepi, Miguel Ángel Figueroa, comunicó a Fernández que «BG«, las iniciales de Belén Gualda, deseaba agilizar varias operaciones la semana siguiente, incluida la de Tubos Reunidos.
La implicación de Gualda también se extiende a la fase posterior de seguimiento del crédito.
En marzo de 2025, la Sepi autorizó a Tubos Reunidos a conservar casi 10 millones de euros provenientes de la venta de un inmueble en Sestao, en lugar de destinarlos a amortizar el préstamo público.
Aunque el director del FASEE, Julián Mateos-Aparicio, también imputado, firmó materialmente la autorización, la operación fue completada por delegación de la presidenta de Sepi.
Esta cadena de firmas y favores ha llevado hoy a su imputación formal. Aun así, el Gobierno de Pedro Sánchez sostiene tener «plena confianza» en la directiva, pues las diligencias muestran «ningún indicio que comprometa» a Gualda.
Por tanto, avalan «el importante trabajo que está realizando al frente de una empresa pública que ha logrado preservar miles de empleos».
Las operativas en duda
El juez Pedraz describe un presunto entramado corrupto que se infiltró progresivamente en los órganos decisorios de la Sepi y sus empresas participadas, más allá del caso Tubos Reunidos.
Los miembros de ‘Hirurok‘ precisaban una red constante de cómplices en la esfera pública y privada para legitimar sus amaños, manipulando cláusulas y forzando licitaciones a cambio de jugosas mordidas.
Existen más investigaciones abiertas. Por ejemplo, la de ENUSA, empresa pública del uranio, donde se examina la manipulación de condiciones para ceder en usufructo a la multinacional Acciona las participaciones públicas en plantas de residuos de Melilla y Castellón.
También se indaga la adjudicación irregular de obras del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a la constructora Erri Berri.
Otra investigación analiza el desvío de 17,32 millones de euros de inversión estatal de la filial SEPIDES a favor de la compañía Arapellet, integrante del grupo renovable Forestalia. Y una quinta se centra en el multimillonario pelotazo inmobiliario de Mercasa.
Para blanquear estos fondos ilícitos, la red utilizó sociedades de intermediarios, principalmente Mediaciones Martínez S.L. y Servinabar 2000 S.L., mediante las cuales ingresaron cientos de miles de euros por supuestos servicios de asesoramiento y mantenimiento falsos.
El agregado de las operaciones sospechosas implica un desvío superior a 132 millones de euros de fondos públicos vinculados a la Sepi en beneficio de la red y constructoras asociadas.
De Conchita a Charo
Entre los nuevos imputados por la Audiencia Nacional figuran varios altos cargos de la Sepi y de sociedades participadas, como Conchita Ordiz, Miguel Ángel Santiago y Julián Mateos-Aparicio.
Ordiz, actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), fue promovida a secretaria general de la Sepi por el PP bajo la gestión de Cristóbal Montoro, se mantuvo tras el cambio de gobierno con Vicente Fernández y luego se vinculó a Red Eléctrica (REE) apoyada por el socialista Jordi Sevilla.
Después de ser apartada por Teresa Ribera «por intentar inflar costos regulados», según fuentes de Red Eléctrica consultadas por EL ESPAÑOL, fue recolocada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para presidir el TACRC, ente que supervisa las licitaciones públicas en España.
Desde este puesto, Ordiz supuestamente «favoreció» a Vicente Fernández al desestimar un recurso de competencia sobre el amaño en las obras de Avilés para beneficiar a la constructora Erri Berri. «He hablado con la presidenta del Tribunal de Contratos para que esté alineada con nosotros cuando llegue el recurso», escribió Fernández en un chat de Threema.
El TACRC, efectivamente, desestimó el recurso y ratificó la adjudicación a la UTE que integraba a Erri Berri. El 22 de enero de 2022, Vicente Fernández envió al grupo Hirurok un mensaje felicitándolos por lo «obtenido para Erri Berri«, señalando que «había sido un año de esfuerzos y gestiones con varios actores«.
Algunas fuentes cercanas a la Sepi describen a Conchita Ordiz como una profesional de «ambición extrema» y «el peor tipo de funcionaria: quien trafica con el poder que posee».
Otra figura que simboliza la renuncia a la neutralidad es Rosario Martínez Manzanedo, interventora general del Estado y Directora de Participadas de la Sepi.
La investigación indica que su firma técnica avaló las propuestas beneficiosas que facilitaron las inyecciones multimillonarias a Tubos Reunidos y Duro Felguera.
La Fiscalía Anticorrupción la incluye dentro del grupo de funcionarios públicos cuya «cooperación ilícita y necesaria» fue clave para la trama.
Como Directora de Participadas II, tenía responsabilidad directa en la tramitación del expediente de apoyo financiero temporal.
Las pruebas recabadas por la Guardia Civil muestran que, alrededor de septiembre de 2020, el entonces Director Corporativo de la Sepi, Miguel Ángel Santiago Mesa, también imputado, recibió documentos del rescate con la explícita «intención de entregarlos a ‘Charo’«.
El expresidente Vicente Fernández contactó directamente con Santiago Mesa y Rosario Martínez para recabar y verificar información sobre el estado del expediente«, evidenciando un acceso privilegiado de la red a documentos confidenciales.
Para la Fiscalía, la evidencia más significativa es que la «antepropuesta de resolución» favorable al rescate fue elaborada por Martínez Manzanedo.
Este documento confidencial, aprobado por el vicepresidente Bartolomé Lora y la presidenta Belén Gualda, contemplaba la «aprobación de la solicitud de apoyo financiero temporal presentada por Tubos Reunidos».
El archivo fue extraído ilegalmente por el directivo Miguel Ángel Figueroa Teva (imputado) y enviado a Vicente Fernández a través de Threema el 14 de junio de 2021, permitiendo a la red anticipar detalles antes de la presentación oficial.
Finalmente, la resolución favorable que la presidenta elevó oficialmente al Consejo Gestor del FASEE el 13 de julio de 2021 fue «preparada por Rosario Martínez Manzanedo«.
El papel de otro imputado, Julián Mateos-Aparicio Prieto, es esencial para demostrar que la actividad ilegal en la Sepi no se limitó a la pandemia, sino que continuó durante la fase de supervisión del dinero público.
Mateos-Aparicio fue Director de FASEE y Seguimiento, cargo técnico de alta responsabilidad encargado de verificar que las empresas beneficiadas cumplieran sus planes y devolvieran los préstamos.
Conocido como un colaborador cercano de la etapa en que Vicente Fernández presidió el holding, mantuvo con él una relación de confianza total. Tras su cese, Fernández utilizó esta relación para subsanar canales oficiales y actuar como intermediario secreto.
Su firma aparece en la resolución del 28 de marzo de 2025 que eximió a Tubos Reunidos de devolver anticipadamente 10 millones de euros procedentes de la venta de instalaciones en Sestao, firmando en delegación de Belén Gualda González, otorgando legalidad a un expediente considerado corregido informalmente en restaurantes de Hortaleza por la mediadora Leire Díez.
Bartolomé: el hijo del montorismo
Bartolomé Lora Toro, conocido en la organización como el verdadero «zar de los rescates«, está en el centro de la investigación judicial del Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid.
El juez José María Escribano le citó como investigado por presunta prevaricación administrativa vinculada a la concesión de un auxilio financiero de 475 millones de euros a la aerolínea Air Europa.
La imputación, derivada de querellas del Partido Popular y Vox, cuestiona la gestión de un directivo que, según la plantilla de Sepi, «controlaba absolutamente todo«. Casi todas las decisiones estratégicas en los inicios del fondo de rescate pandémico (FASEE) debían pasar por él.
La máxima autoridad de Lora se consolidó durante 18 meses de interinidad, desde octubre de 2019 a marzo de 2021, tras la renuncia abrupta del presidente anterior, Vicente Fernández.
Durante esta crítica fase sanitaria, Lora asumió la dirección ejecutiva interina y coordinó personalmente el lanzamiento del FASEE y la gestión administrativa de los rescates concedidos.
Bajo su tutela temporal se tramitaron y aprobaron las ayudas más controvertidas del holding, incluyendo Air Europa (noviembre 2020), Duro Felguera y Plus Ultra (marzo 2021), sumando 1.105 millones de euros públicos, de los cuales Lora fue el principal gestor técnico y político.
Incluso tras el nombramiento de Belén Gualda en primavera de 2021, fuentes aseguran que Lora continuó manejando de facto las operaciones más delicadas de la institución.
Los tribunales estudian si Lora propuso y gestionó la millonaria ayuda a la familia Hidalgo, consciente de la vulneración de los requisitos legales del fondo.
Entre las pruebas en investigación destaca que el grupo Globalia, dueño de la aerolínea, mantenía a cierre de 2019 una deuda tributaria de 5,8 millones de euros, incumpliendo la prohibición de recibir fondos públicos con deudas pendientes con Hacienda.
El sumario también incluye que Lora tuvo reuniones con técnicos de Globalia en junio y julio de 2020, antes de la apertura formal del expediente en agosto, actuando como interlocutor de confianza del exministro José Luis Ábalos para agilizar trámites urgentes.
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) revelan que Lora Toro servía como canal operativo del exministro Ábalos y su asesor Koldo García para acelerar tramitaciones a solicitud de Javier Hidalgo.
La UCO confirmó que Hidalgo contactó directamente con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para presionar desde Moncloa ante las dificultades del expediente.
La carrera de Bartolomé Lora se caracteriza por su notable capacidad camaleónica para sobrevivir y prosperar bajo diferentes gobiernos en sus 36 años de trayectoria ininterrumpida en la Sepi.
Tras una breve etapa en el sector privado como analista financiero en Bankinter y responsable de Tesorería en Ferrovial, Lora ingresó en 1990 en el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) durante el Gobierno de Felipe González.
Fue promovido a subdirector de Defensa por el Ejecutivo del PP de José María Aznar, asumió la dirección de Participadas, permaneció en el área de defensa con Mariano Rajoy y fue nombrado vicepresidente de la Sepi en 2017.
«Es un hijo del montorismo. Todos sus ascensos importantes los logró bajo el paraguas del PP», señala una fuente cercana. «Es un hombre del Opus Dei con vínculos militares, específicamente con la Armada gracias a su esposa, originaria de una familia militar de Cartagena. Al que le puedes decir cualquier barbaridad y no reacciona. Un cínico, en efecto».
Con Pedro Sánchez en el poder, Lora mantuvo la vicepresidencia en la Sepi bajo tres presidentes diferentes, acumulando cargos en filiales clave como Navantia, Alestis, ITP, Tragsa y Enagás.
A pesar de su capacidad de adaptación, fuentes con profundo conocimiento de la Sepi insisten en que Lora era un peón inamovible dentro de la estructura del exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, quien aseguró su posición en la organización.
El análisis judicial de la Sepi revela un dato demoledor para la reputación del holding estatal: casi todos los presidentes que han liderado la entidad en la última década han comparecido ante los tribunales como investigados o imputados por supuestos delitos de corrupción.
De hecho, antes de Gualda, Lora y Fernández, ejerció como presidenta de la Sepi Pilar Platero, imputada en el caso Montoro.
Su sucesor, Vicente Fernández, que presidió entre 2018 y 2019, renunció tras ser imputado por supuestas irregularidades en la mina de Aznalcóllar, causa por la que fue absuelto en 2025.
Por ello, la plantilla técnica de la Sepi observa con desaliento el desprestigio en el que ha quedado sumergida su institución. El holding estatal, que debía impulsar el tejido empresarial del país, se ha convertido en un socio bajo sospecha del que grandes empresas, incluyendo las del Ibex 35, buscan distanciarse.
«Un sistema corrupto y prostituido»
Según estas fuentes, las operaciones más delicadas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas fueron las primeras, aquellas aprobadas bajo la dirección provisional de Bartolomé Lora luego de la salida de Vicente Fernández.
«Si analizas las operaciones más problemáticas del FASEE, son las iniciales, las aprobadas por Bartolomé», indican. Consideran que Lora era una figura del montorismo afín al PP, conocida tanto en la casa como en el PSOE: un alto cargo técnico, superviviente de varios gobiernos, que quedó al mando en el momento clave.
La explicación interna sobre cómo la Sepi pudo transformarse en un organismo tóxico señala una arquitectura administrativa diseñada para diluir responsabilidades.
Recuerdan que la Sepi funciona con una presidencia designada por el Consejo de Ministros y un Consejo de Administración nombrado por Hacienda. No existe una línea jerárquica directa entre ambos, sino una estructura paralela.
«Inundamos todo de funcionarios y creamos procedimientos extremadamente complejos donde nadie decide nada». Las operaciones ordinarias pasan por el Comité de Dirección; si superan ciertos límites, llegan al Consejo de la Sepi; y si exceden ámbitos mayores, terminan en el Consejo de Ministros. «Al final todo queda en informes que nadie lee y se ignora el elefante verde en el centro de la sala».
La creación del FASEE introdujo una segunda capa de complejidad. El Gobierno asignó a la Sepi un fondo de 10.000 millones de euros, pero separó su gestión del Consejo ordinario del holding, creando un nuevo Consejo Gestor para el fondo.
«Es decir, se mantiene la estructura de la Sepi, su presidente y secretario general vinculados a las tareas extraordinarias del fondo; y se genera un consejo paralelo», explican las fuentes.
En la práctica, la estructura de la Sepi se replicó dentro del FASEE, con los mismos altos cargos técnicos bajo un órgano alternativo. «No tiene sentido. Crean el FASEE, lo vinculan a la SEPI por Real Decreto y montan un consejo paralelo al original».
La consecuencia, según esta versión, fue una cadena sucesiva de aprobaciones en la que la responsabilidad política y técnica quedó tan repartida que se diluyó. La Sepi preparaba los informes, tramitaba los expedientes y justificaba las ayudas; el Consejo Gestor presentaba la propuesta; y el Consejo de Ministros autorizaba las operaciones en sesiones con cientos de asuntos.
«¿Quién aprueba? Al final nadie aprueba realmente», sintetiza la fuente. Cuando Planificación y Control ponía objeciones, la solución era reducir el control técnico o eliminarlo. «La trampa es que nadie toma la decisión. Ni Bartolomé, ni el Consejo, ni el Ministerio. Es como el asesinato de Julio César: cada puñalada no es mortal, pero juntas lo matan. Ese es el método».
Concluye: «El sistema de la Sepi está corrupto y prostituido pues todos hacen la vista gorda».