Las claves
A pesar de estar imputados en el caso Leire Díez, el ministro Marlaska mantiene en sus cargos a la directora y al DAO de la Guardia Civil.
Mercedes González y Manuel Llamas están imputados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia vinculados con maniobras para desacreditar a la UCO.
Ambos deberán declarar ante el juez el 16 de julio mientras continúan dirigiendo el Instituto Armado.
Asociaciones de la Guardia Civil han solicitado la dimisión de la directora y el cese del DAO debido a las supuestas interferencias en investigaciones internas.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, mantendrá en sus cargos a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y al teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo, pese a que el juez Santiago Pedraz los ha imputado recientemente en el caso de las cloacas del PSOE.
En un comunicado oficial emitido por Interior, Marlaska reafirma su «confianza en la directora, quien continuará desempeñando sus funciones como hasta ahora, mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se le requiera».
Ese mismo mensaje fue reproducido minutos después por Moncloa, es decir, por el presidente del Gobierno, principal implicado en las pesquisas de la UCO. La reiteración deja claro que el presidente también respalda a la directora y al DAO, autorizando que mantengan sus cargos pese a las serias sospechas que pesan sobre ellos.
Desde hoy, la directora y su DAO figuran formalmente imputados en el caso Leire Díez por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos deberán comparecer ante el juez el 16 de julio.
Esto genera una situación sin precedentes que intensifica la crisis interna en el Instituto Armado. La Unidad Central Operativa (UCO) tendrá que investigar a la propia cúpula de la Guardia Civil mientras la directora y el DAO permanecen en sus cargos por orden del ministro.
La misma cúpula estaría, según el juez, involucrada en las maniobras de la fontanera Leire Díez para desacreditar a la UCO en las investigaciones relacionadas con el PSOE y el entorno presidencial.
De acuerdo con la investigación, la fontanera del PSOE intentó impulsar una pesquisa contra la UCO y habría contactado para ello con la directora general de la Guardia Civil. González, en cambio, negó en su comparecencia en el Senado que en sus encuentros con Díez se abordara esta presunta trama.
Delitos
El juez Pedraz ha imputado a González y Llamas por los delitos mencionados, relacionados con las maniobras presuntamente impulsadas por Leire Díez para que se investigara a la UCO por supuestas filtraciones en los casos que afectan al Gobierno y por presuntas presiones a los agentes encargados.
En su providencia, el instructor indica que existen «indicios de responsabilidad en hechos que, prima facie, sin perjuicio de lo que determine la instrucción posterior, podrían constituir un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito contra la administración de la justicia».
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria dentro del Cuerpo, presentó hace un año denuncia por estos sucesos. Hoy reclama la dimisión inmediata de la directora general y la destitución del DAO.
La instrucción analiza, entre otros hechos, las reuniones entre la directora y Leire Díez, en una de las cuales se solicitó la rehabilitación de un comandante implicado en el caso Koldo, así como las directrices impartidas a mandos de la UCO para que minimizaran su actividad y evitaran protagonizar investigaciones con impacto político.
«Un año después, la investigación judicial afecta a quienes lideran el Cuerpo. La situación se vuelve insostenible. Cualquier guardia civil investigado por asuntos relacionados con el servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional», sostienen.
«No es admisible un doble rasero para la cúpula. La permanencia en el cargo de la directora general y del DAO, imputados por presuntas interferencias en el trabajo de sus agentes, resulta incompatible con el ejercicio del mando y perjudica gravemente la imagen institucional y la confianza interna», concluyen.
Desde la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) solicitan que la justicia trabaje con total independencia, sin interferencias, y que se depuren las responsabilidades oportunas. Consideran que «la actual Directora General solo tiene una opción para evitar seguir dañando el buen funcionamiento de la Guardia Civil».