El gobierno afirma que el desarrollo en la costa adriática representaría un cambio significativo para esta nación de pasado comunista, mientras busca posicionarse en el mercado turístico de lujo y avanza hacia la adhesión a la Unión Europea.
Se desataron enfrentamientos violentos entre la policía y manifestantes frente al parlamento de Albania el jueves, en medio de protestas constantes contra un polémico complejo turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump.
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Desde finales de mayo, se han realizado manifestaciones contra la construcción de un hotel de lujo relacionado con Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner en una reserva natural en Zvernec, ubicada en la costa suroeste de Albania.
Por segunda vez en la semana, numerosos manifestantes se congregaron ante el parlamento para intentar confrontar a los legisladores y bloquear el acceso al edificio.
Cientos de personas enfrentaron filas de policías antidisturbios que los rechazaron, lo que desencadenó enfrentamientos y varios arrestos, según reportaron periodistas desde el lugar.
La policía empleó spray de pimienta y cañones de agua intentando dispersar a la multitud, ante el intento de algunos manifestantes por romper las líneas policiales.
Las autoridades indicaron que nueve agentes resultaron heridos por objetos lanzados por los protestantes, aunque no confirmaron la cantidad de detenidos.
También se observaron actos de vandalismo, como la rotura de las ventanillas de un vehículo policial vacío en una calle cercana mientras la multitud era alejada de la zona.
Esto sucede tras la detención de seis manifestantes el martes, cuando lanzaron huevos a los vehículos de los legisladores.
La violencia contrasta claramente con las manifestaciones mayormente pacíficas que han convocado a miles en las calles desde el inicio del movimiento.
El proyecto del complejo turístico fue presentado en 2024, pero la última ola de protestas comenzó después de que se instalaran cercas de alambre de púas y maquinaria pesada en las playas a finales de mayo.
El gobierno sostiene que el desarrollo en la costa adriática supondría una transformación para el país, que aspira a entrar en el sector turístico de alta gama y avanzar en su proceso de adhesión a la Unión Europea.
Sin embargo, esta iniciativa, que abarca una isla protegida y una franja costera cercana en el sur del país, ha enfrentado la oposición de ambientalistas y críticos del histórico primer ministro socialista Edi Rama.
El proyecto de lujo contempla dos partes: un desarrollo costero en la laguna de Narta, reserva de fauna silvestre, y un complejo menor en la isla deshabitada de Sazan, antigua base militar de la era comunista.
La resistencia hacia el complejo se ha convertido en un símbolo de descontento por corrupciones percibidas, con protestas que exigen la renuncia de Edi Rama, denunciando falta de transparencia.
Guerra híbrida
En declaraciones a Euronews el mes pasado, Rama atribuyó la ira de los manifestantes a una «guerra híbrida» que involucra bots, narrativas antisemitas y actores extranjeros hostiles.
«Hay muchos bots, perfiles falsos y ataques desde múltiples frentes,» explicó Rama. «He visto esta dinámica en redes sociales esta semana. Lo que sucedió en otros países, ahora ocurre en el mío.»
Al ser preguntado sobre si las preocupaciones de los manifestantes eran justificadas, Rama sostuvo que sus inquietudes «bien intencionadas» están siendo «manipuladas» por actores que usan estrategias coordinadas en línea para explotar el sentimiento público en torno a la defensa ambiental y las relaciones de Albania con Israel.
En junio, la Comisión Europea emitió una advertencia tácita al gobierno albanés sobre el proyecto, instando a las autoridades a “actuar sin demora” para evitar poner en riesgo la candidatura del país a la UE, que exige el cumplimiento de normativas ambientales del bloque.
“Albania debe abstenerse de realizar acciones que puedan obstaculizar el cumplimiento del criterio final, en este caso el Capítulo 27, por lo que esperamos que las autoridades albanesas actúen rápidamente,” declaró Guillaume Mercier, portavoz, en referencia al capítulo de negociaciones de adhesión que obliga a alinear las normas medioambientales.
Fuentes adicionales • AP, AFP