Se preparan alegaciones para argumentar ante el Tribunal Supremo que el procedimiento es «compatible» con la normativa europea y evitar así su suspensión.
El Ministerio de Migraciones, en conjunto con la Abogacía del Estado, está elaborando defensas para presentar ante el Tribunal Supremo que la regularización masiva de inmigrantes, cuyo plazo finaliza hoy, se ajusta al derecho comunitario.
Así lo han comunicado fuentes ministeriales tras conocerse que el alto tribunal considera detener la regularización colectiva de inmigrantes, alegando que esta «entra en conflicto con la Unión Europea». El Supremo emitió una providencia el 24 de junio, iniciando un proceso de audiencia para recibir «alegaciones» sobre la conveniencia de plantear al Tribunal de la UE (TJUE) una cuestión prejudicial interpretativa referente a esta medida. De presentarse, probablemente se suspendería la regularización mientras se determina la conformidad del decreto español con la legislación europea.
Desde el Ministerio dirigido por Elma Saiz aseguran que «la regulación ha sido redactada cuidando estrictamente su conformidad con el derecho comunitario», destacando que «la autorización de residencia y trabajo se limita exclusivamente al territorio español». De esta forma, intentan despejar los temores europeos sobre la posibilidad de que muchas personas que obtengan documentación en España puedan posteriormente trasladarse a otros países de la UE, aprovechando la libre circulación.
El Gobierno señala que esta «cuestión prejudicial interpretativa tiene como fin aclarar dudas específicas antes de resolver el fondo del asunto«, fijando como fecha límite para pronunciarse el viernes 3 de julio.
Asimismo, el Ejecutivo recuerda que en mayo pasado el TS «rechazó las medidas cautelares solicitadas para detener el proceso, que ha continuado desarrollándose con normalidad«.
En ese momento, y también cuando se aprobó el decreto de regularización en el Consejo de Ministros, el Pacto de Migración y Asilo ya se encontraba en vigor, aunque no aplicable hasta el 12 de junio. La Sala Tercera del Supremo señala seis posibles áreas de incompatibilidad, siendo este reglamento el primero de ellas.
Por otro lado, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha subrayado que durante esta «investigación» el Tribunal escuchará al Gobierno y a la Abogacía del Estado. También recordó que el intento de frenar el proceso mediante medidas cautelares fue rechazado y que el TS «dio un revés a la Comunidad de Madrid, a Vox y a asociaciones contrarias a estas personas».
Sumar insiste en ampliar el plazo
El socio minoritario del Gobierno defiende firmemente la regularización y confirma su adecuación legal en el marco de la Unión Europea. El portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, afirmó que es «evidente» que el procedimiento puesto en marcha por España «no interfiere ni contradice ninguna norma comunitaria». «De haber existido contradicción», señaló, «las instituciones europeas habrían iniciado las acciones legales pertinentes, lo cual no ha ocurrido».
También portavoz parlamentario de IU, destacó que el pacto de migración y asilo no contempla «ninguna disposición que impida garantizar derechos a ciudadanos extranjeros ya presentes en nuestro territorio». Similar posición expresó el diputado de Sumar y Comunes, Gerardo Pisarello, al subrayar la ausencia de «contradicción» con la legislación europea.
Con tono más contundente, el diputado de Compromís en el grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, alertó sobre un intento de «golpe» por parte del Tribunal Supremo «para eliminar los derechos de nuestros vecinos». Por ello, enfatizó que la respuesta del Gobierno «frente a esta nueva ofensiva de jueces y peperos» debe ser la ampliación del plazo de regularización para que nadie quede excluido. En su crítica, reprochó al Supremo que «nunca haya cuestionado las Golden Visa», un procedimiento que «otorga permisos de residencia a cambio de inversiones de 500.000 euros».
Para la líder de Podemos, Ione Belarra, no existe conflicto porque cada país de la UE es «soberano» para definir la política migratoria que considere «más eficaz». De cualquier modo, resaltó que la regularización «es una medida de justicia social que debe defenderse ante la Comisión Europea, las instituciones europeas y quien sea necesario», ya que «proteger los derechos humanos» sitúa a España «del lado correcto de la historia».