Tras la pérdida de 143.880 hectáreas el año pasado, la campaña actual comienza con menos terreno bajo gestión y con equipamiento obsoleto, mientras los trabajadores reclaman mejoras profesionales.
«Esto va a repetirse este verano», advierte Sergio Fidalgo, el bombero forestal de Castilla y León que el año anterior se destacó como el héroe durante los incendios que devastaron El Bierzo. A sus 25 años, no dudó en enfundarse su traje protector para acudir voluntariamente a apagar las llamas, coordinar a brigadistas y civiles, además de denunciar fallos en la gestión. Su entrega fue reconocida con el prestigioso Premio Trono Popular a la Labor Callada.
La advertencia de Fidalgo, miembro de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León, surge tras la campaña de 2025, que concluyó con un balance de 143.880 hectáreas quemadas en esta comunidad autónoma, representando el 40% de la superficie arrasada en toda España. Los incendios provocaron además graves consecuencias humanas: cuatro profesionales fallecidos y 28.318 personas evacuadas, en un operativo que, según los propios afectados, colapsó en apenas 48 horas.
A pesar del alcance de la catástrofe, los especialistas en extinción de incendios aseguran que la preparación para el verano de 2026 sigue siendo insuficiente. Los planes de prevención de la Junta de Castilla y León indican que, aunque se han prolongado los contratos de los bomberos forestales, la superficie forestal en la que se limpian matorrales y se mantiene el monte para reducir riesgos ha disminuido un 7,4% este año. Además, denuncian que afrontan la nueva campaña con equipos de comunicación obsoletos de los años 70 y brigadas inactivas debido a la falta de capacitación.
La pérdida en el monte tras lo ocurrido en 2025 tiene también un fuerte componente personal. El paisaje solo permanece en la memoria, y el peligro de repetir un escenario similar en 2026 es elevado. Como señala Sara Mateos, agente medioambiental regional y delegada sindical, «lo que se quemó en un mes tardará cientos de años en recuperarse«.
El vacío emocional que dejaron los incendios en los pueblos se une a la frustración de quienes combaten los fuegos. «Vivir en el mundo rural no debería convertir a nadie en ciudadano de segunda», denuncian los afectados. «No somos héroes sin capa; somos personas que trabajamos y sufrimos», afirma Mateos.
Actualmente, la seguridad de los operarios frente a los incendios de sexta generación —fuegos extremos y difíciles de prever que afectan extensas áreas— depende de tecnología anticuada. Relatan que emplean sistemas que datan de hace 50 años y que fallan con frecuencia. «Algunos casi quedaron atrapados porque es vital mantener una comunicación constante», comenta Agustín Argulo, técnico de incendios y delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
La situación se agravó con la pérdida de cobertura telefónica en áreas clave tras el cambio de proveedor de la Administración. A esto se suma la sustitución de torres de vigilancia humana por cámaras térmicas, las cuales confunden el humo con deslizamientos de tierra. Fidalgo también denuncia la manipulación de datos: «Argumentan que aumentan los avisos por el 112, pero las torretas solo funcionan tres meses al año mientras que el 112 está operativo todo el año».
Por otro lado, señalan que numerosos compañeros no cuentan con la categoría profesional que les corresponde. Además, indican que la Ley Estatal de 2024, creada para reconocer la categoría de bombero forestal y sus riesgos, no se está implementando en Castilla y León, de modo que el 80% del operativo sigue bajo gestión de empresas privadas con categorías de «peón» o «jardinero». «Vas al médico con contrato de jardinería pero estás agotado por apagar incendios, y no pueden hacer nada», ejemplifica Sara Mateos.
Aunque la tragedia es reciente, las previsiones para 2026 indican que la superficie de trabajo asignada concretamente a las cuadrillas terrestres, encargadas de limpieza y desbroce, ha descendido en un año de 20.184 hectáreas a 18.635, una reducción del 7,7% que contradice las declaraciones oficiales sobre el fortalecimiento de recursos tras la crisis de 2025. La Administración regional, por su parte, afirma que ha prolongado la duración de algunos contratos.
En la práctica, según Sergio Fidalgo, las tareas de estos equipos se concentran principalmente en la apertura de zanjas auxiliares en caminos y en la recuperación de senderos abandonados por el éxodo rural, todo esto con el fin de facilitar el rápido acceso de los camiones de bomberos y garantizar la defensa del territorio.
La inversión pública que la Junta de Castilla y León destina este año se centra sobre todo en actualizar equipamiento, relegando el factor humano. Gracias a fondos europeos Feder, la Junta ha adquirido nuevos vehículos todoterreno, motobombas modernas y maquinaria pesada, pero sindicatos y trabajadores critican que, sin una formación adecuada, estos recursos no aportan un beneficio real. Además, la dependencia de empresas privadas dificulta la creación de una estructura profesional estable y con profundo conocimiento del terreno.
«Si las tareas de prevención no se realizan en periodos de lluvia y sin incendios, no tendremos el deber cumplido para el verano y volveremos a depender solo de la suerte«, concluye Agustín Argulo, quien subraya que la tragedia del año pasado debe considerarse un aviso serio.