El Gobierno pospone la publicación de los datos oficiales hasta la finalización del proceso, datos que superan ampliamente sus expectativas
Hoy concluye el plazo para tramitar las solicitudes de regularización extraordinaria, iniciativa lanzada por el Gobierno de Pedro Sánchez el 16 de abril, destinada a regularizar a personas que residen en el país con situación administrativa irregular. La normativa exigía una estancia mínima de cinco meses para acogerse a este procedimiento; a poco más de dos meses desde su inicio, se observa que un tercio (34,3%) de los solicitantes lleva menos de un año residiendo en España.
El porcentaje asciende al 62% al considerar a quienes llevan menos de dos años viviendo en el país. Así lo reflejan las cifras recopiladas por la Fundación para la Ciudadanía Global, colaboradora del Registro del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Más del 67,5% de las solicitudes provienen de Latinoamérica, encabezadas por Colombia (29,5%), seguida por Venezuela (10,1%) y Perú (8,5%). Además, cerca de un 22,3% llegan desde África, con Marruecos como principal país de origen (14,2%).
El Ejecutivo prefiere esperar al cierre del procedimiento para divulgar datos más precisos sobre este proceso, que ya supera con creces sus pronósticos iniciales. El 15 de junio, el Gobierno informó la recepción de 900.000 solicitudes y la aceptación a trámite de aproximadamente 360.000 expedientes. Aunque algunos casos ya se han resuelto, el Ministerio dirigido por Elma Saiz aún no ha facilitado esas cifras. Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press indicaron que se han registrado 1,2 millones de peticiones, mientras que hace dos meses, el Ejecutivo estimaba en medio millón el número de beneficiarios.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificó el procedimiento como un «éxito», y durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros afirmó que las cifras difundidas previamente por el Gobierno «nunca fueron datos oficiales», sino «estimaciones» recogidas por la propia Iniciativa Legislativa Popular, presentada el 8 de septiembre de 2023.
Mientras en el Gobierno se celebra el proceso, la oposición mantiene críticas hacia esta regularización, que considera que «vulnera el derecho europeo», según subrayó ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Por otro lado, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, calificó el procedimiento de «escandaloso». «Vox afirmó que la regularización alcanzaría alrededor del millón de inmigrantes sin papeles y ahora vemos que esa cifra puede quedarse corta», señaló.
Desde la presentación de cada solicitud, la Administración cuenta con un plazo de tres meses para emitir su resolución. Ante los retrasos y la preocupación de que algunas personas puedan quedar excluidas, la plataforma Regularización Ya presentó una proposición no de ley en el Congreso, respaldada, entre otros, por Podemos, que ha tomado esta cuestión como bandera.