Las claves
La Policía Nacional calcula que aproximadamente 400.000 migrantes que no residían en España antes del 31 de diciembre de 2025 han obtenido beneficios de la regularización extraordinaria.
De más de 1,3 millones de solicitudes presentadas, sólo cerca de 850.000 extranjeros sin documentación cumplían los criterios iniciales para acceder a la regularización.
Se ha detectado un mercado ilegal de documentos falsificados y un notable aumento de denuncias por pérdida de pasaportes entre migrantes de varios países por parte de la Policía.
La responsabilidad del control y validación de la documentación pasará al Ministerio de Inclusión y las oficinas de Extranjería, excluyendo a los agentes especializados en la materia.
La Policía Nacional estima que cerca de 400.000 inmigrantes entre los 1,3 millones que participaron en la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno no residían en España antes del 31 de diciembre de 2025, fecha límite para solicitarla.
Estos datos han sido confirmados para EL ESPAÑOL por mandos expertos que analizan la situación desde hace varios meses.
Este hecho contradice la afirmación gubernamental de que quienes solicitaron papeles ya vivían en España y que la elevada cantidad de solicitudes respalda la necesidad y acierto de la regularización extraordinaria.
Fuentes especializadas en la Policía sostienen que antes del 1 de enero de 2026 residían en España alrededor de 850.000 extranjeros sin documentación, quienes cumplían los requisitos para la regularización.
Dado que el número total de solicitudes, aún no oficializado, excederá los 1,3 millones, aproximadamente 400.000 personas habrían accedido al proceso promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que apunta a un fraude masivo.
A pesar de ello, la Policía Nacional ha sido excluida de la etapa actual de verificación documental.
La responsabilidad recaerá en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las oficinas de Extranjería bajo la dirección de Elma Saiz, mientras que los expertos policiales en Extranjería y Fronteras quedarán al margen.
Esto sucede aunque fueron estos funcionarios, no las ONG ni técnicos del Ministerio, quienes precisaron hace cuatro meses la cifra definitiva de solicitudes.
Dicha labor quedó reflejada en un informe firmado por el comisario jefe central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete.
El 21 de febrero, EL ESPAÑOL difundió este informe donde la Policía estimaba en 1.250.000 las personas beneficiadas por la iniciativa.
García Miravete alertaba sobre un probable «efecto llamada», señalando que las redes de tráfico utilizaban anuncios en terceros países mediante redes sociales.
Los agentes detectaron rápidamente un mercado negro de facturas y tickets destinado a inmigrantes que intentaban probar su estancia en España para acogerse a la regularización.
Advirtieron sobre la existencia de un «gran bazar» que ofrecía «facturas de gas o teléfono» en plataformas digitales como Telegram o Instagram.
Peregrinación a España
En un informe previo, apenas dos semanas tras el anuncio de la regularización extraordinaria, la Policía advertía que miles de extranjeros, entre ellos personas con antecedentes penales y policiales, afirmaban falsamente haber extraviado su pasaporte para obtener la regularización.
Ese documento, fechado el 10 de febrero, fue divulgado en exclusiva por EL ESPAÑOL.
A comienzos de año, los agentes detectaron un aumento del 866% en pakistaníes reportando pérdida de pasaporte; en argelinos, el incremento fue del 356%; marroquíes, 114%; y colombianos, 35%.
Según información de las unidades de Extranjería, miles buscaban «una forma de acreditar su presencia en territorio español durante el proceso de regularización extraordinaria«.
Además, se detectaron movimientos migratorios desde otros países de la UE hacia España, así como llegadas masivas de personas procedentes de los Balcanes, Pakistán y Turquía.
Igualmente, inmigrantes en situación irregular radicados en Francia o Reino Unido, según fuentes consultadas, han viajado a España para presentar documentación que demuestre su residencia cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.
«Desbordados por la realidad»
El proceso de regularización culminó el martes 30 de junio con cifras que superan todas las previsiones públicas; durante meses, el Gobierno mantuvo la estimación oficial en 500.000 beneficiarios potenciales.
No obstante, frente a los datos contundentes, el Ejecutivo ha intentado explicar esta diferencia asegurando que siempre consideraron «tres escenarios: 500.000, 750.000 o más de 1 millón«, siendo la cifra menor un legado del texto de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
«Se realizó una valoración basada en la ILP que resultó superada por la realidad», afirman fuentes gubernamentales.
La evidencia de que el Ministerio ignoró u ocultó varias alertas, incluido el informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, se encuentra en sus propios documentos internos.
El informe oficial gubernamental de abril de 2026 proyectó un máximo de medio millón de beneficiarios, aunque contempló la capacidad para tramitar 752.250 expedientes, utilizándola como un margen operativo del 150% para, textualmente, «absorber solicitudes duplicadas e incumplimientos de requisitos«.
Ahora, ante la evidencia numérica, el Gobierno recurre a explicaciones para justificar la disparidad.
Al mismo tiempo, reconoce haber manejado tres escenarios y declara que la realidad «se acercó más al escenario máximo», señalando que no divulgaron esa cifra inicialmente porque «era complejo contabilizar a personas sin documentación«.
Sostienen que «no hubo intención de engañar ni ocultar información» y resaltan que la irregularidad constituye «un proceso dinámico que evoluciona» y que también «es una exclusión administrativa que complica su cuantificación«.
Aunque ya admiten que más de un millón de migrantes han sido regularizados, el Gobierno aún no ha oficializado la cifra exacta de solicitudes recibidas.
El Ejecutivo mantiene esta información en reserva, alegando que el plazo concluyó el 30 de junio y que aún «no es momento para analizar los datos«, al menos hasta que finalice un examen minucioso de las solicitudes.