Las claves
El PP sostiene que Feijóo siempre ha abogado por una ley de nacionalidad para nietos de exiliados, pero vía legislación formal y no por instrucciones administrativas.
Génova rechaza equiparar su propuesta con la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y aspira a derogarla por considerarla «sectaria e ideológica».
El PP denuncia que el Gobierno está incorporando millones de posibles votantes mediante nacionalizaciones masivas y la agilización de expedientes en consulados.
La dirección popular distingue entre la reparación para descendientes de exiliados y la posible manipulación electoral provocada por la ampliación del censo exterior sin garantías suficientes.
Alberto Núñez Feijóo niega la acusación de incoherencia lanzada desde Moncloa por haber defendido anteriormente una ley para nietos y ahora rechazarla. Su partido afirma que «entonces y ahora pide una ley de nacionalidad«, pero como norma formal y no «una instrucción introducida de forma oculta y sin garantías».
La dirección del PP subraya que siempre ha promovido una «ley reformada de Acceso a la Nacionalidad para Nietos», tal como figura en su programa electoral de 2023, dirigida a descendientes de exiliados. Los populares rechazan equiparar esto con la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
Desde Génova recuerdan que impugnaron por completo esa norma ante el Tribunal Constitucional. Su propósito es derogar dicha disposición por su carácter «sectario e ideológico» y proponer otra ley acordada en el Congreso, centrada en hijos y nietos de represaliados.
Esto implica evitar la «manipulación» de la actual ley, aprobada el 19 de octubre de 2022 y modificada únicamente cinco días después mediante una instrucción de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que «interpretó» como exiliados a todos los que abandonaron España entre 1936 y 1955.
La ofensiva contra Feijóo se ha desplegado en redes sociales y declaraciones públicas de ministros. Félix Bolaños ha difundido compromisos anteriores del líder del PP con la nacionalidad de nietos para presentarlos ahora como inconsistentes.
Óscar Puente también ha hecho lo mismo, uniendo tuits y entrevistas donde el PP defendía el derecho a la nacionalidad para descendientes de exiliados españoles.
El ministro de Transportes ha contrapuesto esas declaraciones con las actuales acusaciones a Pedro Sánchez de «ingeniería electoral» formuladas por Feijóo. Simultáneamente, ha criticado a la portavoz popular, Ester Muñoz, por sus intervenciones sobre los exiliados.
La respuesta de Génova fue expresada por Alma Ezcurra, vicesecretaria de Organización Sectorial.
En su tuit, defiende que el PP ha mantenido coherencia apoyando la reparación para nietos del exilio, pero denuncia que el Gobierno «no repara el pasado sino que asegura el futuro» manipulando el censo.
La controversia surge después de que el presidente del PP criticara al Gobierno por incorporar en un corto periodo de año y medio millones de nuevos posibles votantes mediante nacionalizaciones.
Campeón europeo
EL ESPAÑOL ha detallado cómo España se ha convertido en líder europeo en la nacionalización de extranjeros. Este fenómeno ha aumentado con la disposición para nietos de exiliados, regularizaciones masivas y un volumen sin precedentes de expedientes en consulados, como el de Buenos Aires.
Además, se ha documentado el desbloqueo repentino de expedientes que llevaban meses retenidos en consulados. Este desbloqueo se produjo ocho meses después de que expirara el plazo para solicitar la nacionalidad, acelerando considerablemente el censo exterior.
Otra cuestión que alimenta la sospecha del PP es la asignación de provincia a muchos de estos nuevos ciudadanos. Según este diario, hay descendientes que votarán en provincias que desconocen, lo que podría distorsionar las circunscripciones.
En respuesta a un documento difundido en el entorno de Moncloa, que acusa a Feijóo de haber impulsado ya una ley de nietos en 2002, éste ofrece matices. Como presidente de la Xunta, apoyó entonces reformas del Código Civil y propuestas específicas para descendientes de exiliados.
La clave, según el PP, es que esas medidas fueron tramitadas por el Parlamento y tenían beneficiarios claros y definidos. Así se reflejó en el punto 344 del programa electoral de 2023, que defiende el derecho de opción «garantizado por una ley reformada de Acceso a la Nacionalidad para Nietos».
Génova destaca también que ese compromiso contemplaba una dotación presupuestaria específica. El texto del programa incluía la necesidad de reforzar los consulados encargados de tramitar expedientes de nacionalidad, en lugar de la externalización y el colapso que Feijóo actualmente critica.
Distintas facetas
En los debates internos, la dirección del PP ha decidido dividir la discusión en tres ámbitos. Por una parte, la dimensión jurídica de la nacionalidad, que debe salvaguardar a los herederos de represaliados y a descendientes de la diáspora histórica.
Por otro lado, la dimensión electoral de esa nacionalidad, que requiere controles y garantías para evitar que la ampliación del censo se transforme en un instrumento de manipulación democrática. En este contexto, el PP señala ejemplos de países europeos con modelos distintos.
En Irlanda, solo los nacionales residentes en la isla pueden votar en elecciones generales. Italia y Francia, sin embargo, han establecido circunscripciones específicas para sus ciudadanos en el extranjero, lo que evita que los votos de emigrantes alteren las provincias existentes y otorga mayor peso político a la diáspora.
La tercera dimensión propuesta por el PP se centra en las garantías del voto exterior. La dirección expresa preocupación por el voto por correo de residentes ausentes, que es la modalidad predominante y, en su opinión, «presenta menos garantías que el voto de nacionales presentes y es considerablemente más vulnerable a la corrupción«.
En este marco, Feijóo insiste en que no cuestiona la justicia de reparar a los descendientes de exiliados, sino la manera en que el Gobierno está implementando la ley.
Afirma que la diferencia entre una ley consensuada y una instrucción «por la puerta de atrás» es la línea que separa la política de memoria de la «ingeniería electoral».