La operación ‘Bibiache’ ha sacado a la luz un fraude que supera los 500.000 euros en el municipio de La Moraña, relacionado con la cría ilegal y la distribución masiva de animales en toda España.
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que se dedicaba a la cría y a la venta irregular de cachorros en la comarca de La Moraña, situada al norte de Ávila. La conocida operación ‘Bibiache’ ha resultado en la investigación de nueve personas presuntamente vinculadas al grupo, incluyendo a tres veterinarios, y ha identificado a 636 afectados en distintas regiones de España.
Los beneficios económicos acreditados por la red alcanzaron los 146.325 euros en tan solo un año, aunque se calcula que la estafa real supera los 500.000 euros cuando se incluyen pagos en efectivo y transacciones pendientes de análisis.
Organización del negocio y falsificación
El grupo adquiría animales para distribuirlos por todo el país mediante páginas web y redes sociales. Según las investigaciones, los cachorros no tenían absolutamente ninguna trazabilidad y se entregaban acompañados de documentación sanitaria y administrativa falsificada. Frecuentemente, se intercambiaban microchips entre los cachorros o directamente estos no estaban registrados.
En los registros realizados por la Guardia Civil en las instalaciones del grupo, se incautaron numerosos materiales médicos, incluyendo cartillas sanitarias en blanco, medicamentos de uso restringido y microchips sin implantar. Asimismo, se encontraron aves de especies protegidas (jilgueros y lúganos) que infringían la normativa CITES y se detectó una conexión ilegal a la red eléctrica.
Maltrato animal y veterinarios implicados
Las investigaciones judiciales confirmaron que los cachorros eran sometidos a traslados prolongados con apenas unos meses de vida. Tras la compra por las víctimas (que realizaban los pagos a través de transferencias telefónicas), varios perros sufrieron problemas graves de salud que requirieron atención veterinaria urgente, llegando a provocar el fallecimiento de varios ejemplares.
Para mantener esta estructura, la red contaba con la «colaboración necesaria» de los tres veterinarios imputados, cuya función era facilitar el acceso a los medicamentos y avalar la implantación irregular de microchips.
A los implicados se les atribuyen, en función de su grado de participación, diversos delitos: contra la protección de la flora y fauna, maltrato animal por omisión, estafa, publicidad engañosa, falsedad documental, intrusismo profesional, usurpación de estado civil, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias policiales ya han sido entregadas a la autoridad judicial correspondiente.