Dirige el principal brazo industrial del Estado, con activos valorados en 20.000 millones, tras una década como alto cargo en la Junta de Andalucía durante la etapa socialista.
El criterio de la actual número dos del PSOE, María Jesús Montero, para realizar el casting de nombramientos bajo su responsabilidad durante su etapa como ministra de Hacienda era muy claro: seleccionar a personas de confianza vinculadas a la Junta de Andalucía en la época socialista.
Dentro de ese grupo amplio entró en 2018 quien era interventor general de la Junta, Vicente Fernández, designado presidente de la Sepi. Y para sucederlo en 2021, la actualmente imputada Belén Gualda, ingeniera de Caminos (Granada, 1974) que había cumplido satisfactoriamente como presidenta de Navantia en los meses previos bajo el mando de la ministra.
Gualda desarrolló su carrera previamente en la Junta de Andalucía ocupando diversos cargos durante la década anterior. Su último puesto fue directora gerente de la Agencia de Obra Pública dependiente de la consejería de Fomento.
Su llegada a Madrid se produjo en octubre de 2020, tras ser seleccionada en la sombra por Vicente Fernández, entonces aún en el cargo, para presidir Navantia —según circula en la Sepi—. Montero estableció conexión con ella y más adelante la promovió a la presidencia de la Sepi cuando ya no pudo mantener vacío el puesto de Fernández al comprobar que su proceso judicial por Aznalcóllar se prolongaría.
Al incorporarse, Gualda mostró distancia con Fernández mediante ciertos gestos: rechazó designar a Leire Díez como jefa de gabinete y envió a otra persona cercana a su antecesor, la también imputada Rosario Martínez Manzanedo, a la fundación Sepi.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción detecta indicios de posible delito en su actuación en Tubos Reunidos al desbloquear el rescate de 112,8 millones del grupo vasco siguiendo directrices políticas, beneficiando con ello a la red vinculada a Fernández y Santos Cerdán.
¿Qué perfil tiene Gualda? A pesar de ser poco conocida para la opinión pública —ya que evita entrevistas—, percibe uno de los salarios más altos del Estado —260.000 euros— y está al frente del principal grupo empresarial público español, que maneja activos por 20.000 millones de euros correspondientes a importantes empresas estatales, desde Correos hasta RTVE. También administra participaciones estatales en Telefónica, Indra, Redeia, Enagás y Airbus Europa.
¿Cómo es Gualda? «Controladora, sobre todo controladora», señalan en la Sepi. No delega responsabilidades ni permite que se realice trámite alguno sin su supervisión directa, mostrando malos modos incluso frente a sus colaboradores cercanos en el comité de dirección cuando algo le desagrada.
Al mismo tiempo, es sumamente disciplinada con sus superiores. Aunque tiene un perfil técnico y «amplia experiencia directiva en el sector público empresarial», según palabras de Montero en su presentación, el desembarco de Gualda en la Sepi fue complicado. La primera tarea delicada encomendada por Moncloa fue cesar al presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, para colocar en su lugar a Marc Murtra. Lo efectuó con un estilo autoritario propio del sector público, en vez de la dinámica habitual en una empresa cotizada, y se encontró con el rechazo de consejeros independientes, quienes limitaron los poderes ejecutivos de Murtra. La respuesta de la Sepi fue destituir a todos ellos, lo que generó una crisis con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que criticó la actitud de Gualda aunque finalmente no la sancionó ni obligó a lanzar una OPA. Posteriormente, la implementación de las instrucciones desde Moncloa tampoco mejoró, ya que la sucesión de cambios en la cúpula atrajo a fondos bajistas y provocó la salida de más consejeros independientes.
Otra controversia en la gestión de Gualda es la administración de empresas rescatadas, permitiendo el incumplimiento de plazos de pago, como en los casos de Tubos Reunidos, Plus Ultra o Duro Felguera. Se trata de una persona con gran poder delegado y con imputación judicial.