Las claves
Dos agentes de la Guardia Civil declaran que Leonardo Marcos, exdirector general del cuerpo, instruyó no actuar con iniciativa en las investigaciones sobre corrupción que involucraran al PSOE.
Los funcionarios afirman que se solicitó un informe policial que exculpara a David Sánchez, hermano del presidente, en una causa por presunta adjudicación irregular de un cargo público.
El procedimiento, que también involucra al exlíder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo, se está juzgando en la Audiencia Provincial de Badajoz.
Según los testimonios, estas instrucciones de inacción fueron transmitidas igualmente por el actual director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas.
Dos guardias civiles han testificado que el exdirector general del Cuerpo Leonardo Marcos ordenó, mediante su director adjunto operativo (DAO), «no mostrarse proactivos» frente a la corrupción vinculada al PSOE.
Asimismo, exigió crear un informe policial que concluyese que en el denominado caso David Sánchez «no existía evidencia alguna».
Esta investigación, que comenzó en verano de 2024 cuando Marcos aún ocupaba el máximo puesto político en la Guardia Civil, está en proceso de juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz.
El jueves pasado fue la primera audiencia en la que el músico David Sánchez, hermano menor del presidente del Gobierno, compareció como acusado.
Junto a él estaba Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura, quien supuestamente promovió la adjudicación irregular de una plaza en la Diputación de Badajoz en favor del artista, debido a sus relaciones familiares.
Por otro lado, estos mismos agentes sostienen que el actual director adjunto operativo de la Guardia Civil también les ordenó «mantenerse al margen» para, en consonancia con lo indicado por Marcos, «no actuar con proactividad» en el caso David Sánchez.
Esta información consta en un informe de otro proceso judicial, donde se señala: «[Uno de los agentes] indica que el DAO les comunicó que, en investigaciones relacionadas con la corrupción política, y siguiendo las directrices del director general de la Guardia Civil, (…) la unidad responsable no debía mostrarse proactiva en dichas pesquisas».
El DAO — Manuel Llamas, en el cargo desde 2023 — habría expresado esto durante dos reuniones, una llevada a cabo el 12 de julio de 2024 y otra cuatro días después. En ese momento, David Sánchez aún estaba bajo investigación tratando de evitar ser procesado.
Uno de los guardias civiles testimonió que, en la primera reunión, el director adjunto operativo presente recomendó que en casos judiciales con impacto político fueran los jueces quienes «asumieran la iniciativa».
Llamas ocupa el máximo puesto operativo de la Guardia Civil desde hace tres años, mientras que el director general es un cargo político nombrado por el Consejo de Ministros, con la participación directa del ministro del Interior, cargo que desde 2018 ejerce Fernando Grande-Marlaska.
Marcos ya no dirige la Benemérita, habiendo sido relevado en septiembre de 2024 por Mercedes González.
Este miércoles, EL ESPAÑOL solicitó al Ministerio del Interior un pronunciamiento sobre estos hechos, sin obtener respuesta por ahora.
El ‘caso Hermano’
Según la planificación de la Audiencia Provincial de Badajoz, está previsto que David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo declaren este jueves en el juicio del llamado también caso Hermano.
En la sesión de miércoles, testificó durante toda la mañana Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO), el departamento responsable de la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez.
No obstante, el testimonio de los dos agentes acerca del DAO y Marcos no se recopiló dentro del caso Hermano, sino en otro procedimiento en instrucción: el conocido como caso Leire.
Mientras Balas declaraba en Badajoz, EL ESPAÑOL tuvo acceso al informe policial que recoge las declaraciones de estos guardias civiles, que testificaron ante agentes de la UCO, actualmente investigando a Leire Díez, señalada como la «fontanera» del PSOE.
El juez instructor del caso Leire es Santiago Pedraz, del juzgado de la Audiencia Nacional, quien en una de sus últimas resoluciones reveló una supuesta operación financiada con fondos del Partido Socialista destinada a desacreditar a jueces incómodos para el Gobierno.
Entre ellos se incluye a Beatriz Biedma, instructora del caso Hermano, quien ordenó en julio de 2024 que la UCO incautara miles de correos electrónicos de David Sánchez, Gallardo y otros altos cargos de la Diputación de Badajoz.
Por eso, los dos agentes que declararon ante la UCO señalaron que en ese periodo se celebraron reuniones en que Marcos exteriorizó su descontento por esta orden de Biedma y que, ya sea directamente o a través del DAO, solicitó a esta unidad, a la que pertenece uno de los agentes, «no actuar con proactividad».
De hecho, como consta en el documento, Leonardo Marcos habría pedido que se elaborase cuanto antes un informe policial sobre los correos que resultara exculpatorio y favorable para Gallardo y Sánchez, llegando incluso a pedir que los agentes encargados, de la UCO, renunciasen a sus vacaciones de verano si fuera necesario.
El pasado lunes, en la segunda sesión del juicio del caso Hermano, la fiscal Begoña García defendió la decisión de la instructora de ordenar la incautación de esos correos.
Aunque la Fiscalía solicitó que David Sánchez y Gallardo no fuesen condenados, García calificó como adecuada y necesaria la orden de Biedma, dado que los correos incautados reforzaron significativamente la acusación contra el hermano del presidente y otros encausados.
Varios de esos correos, según Biedma, demostraban que la plaza se creó ad hoc para David Sánchez, en perjuicio de otros aspirantes.
David Sánchez, hermano menor del presidente del Gobierno, afronta una pena de tres años de prisión, mientras que Miguel Ángel Gallardo enfrenta una condena de 18 meses.