Solicitan documentación sobre el rescate y las comunicaciones entre la ministra Aagesen y la SEPI con el PNV
El Partido Popular ha activado una investigación desde el Congreso sobre el rescate con 112,8 millones de euros públicos a Tubos Reunidos. Los populares solicitan la comparecencia en Pleno y comisión de la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, exigen al Gobierno una gran cantidad de datos e informes relativos a todo el procedimiento y han presentado numerosas preguntas para obtener respuestas por escrito. Vinculan el rescate de Tubos Reunidos a la red estructurada en torno a la SEPI, que incluye a su ex presidente Vicente Fernández; la fontanera del PSOE, Leire Díez, y el socio del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, Antxon Alonso.
El PP fundamenta su iniciativa en los informes de la UCO, donde se señala que entre el 16 de junio y el 13 de julio de 2021, la solicitud de rescate realizada por la empresa experimentó un cambio radical de 180 grados, pasando de ser rechazada a aprobada gracias a las gestiones de Vicente Fernández para «movilizar al PNV» e influir directamente en La Moncloa.
De acuerdo con el relato que maneja el PP, el 16 de junio de 2021, el directivo de SEPI, Miguel Ángel Figueroa, informó a Vicente Fernández que la Secretaría de Estado de Energía, entonces dirigida por Sara Aagesen, descartaba el rescate de Tubos Reunidos por motivos medioambientales. Ese mismo día, según la UCO, Fernández «movilizó» a Antxon Alonso para activar al PNV.
Al día siguiente, 17 de junio, fue la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco quien, por medio de su viceconsejero, estableció contacto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con Aagesen. Cinco días después, el 22 de junio, el Consejo Gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia se reunió y mantuvo el rechazo al rescate solicitado. Tubos Reunidos ya enfrentaba el riesgo de declararse en concurso de acreedores.
El 3 de julio, Vicente Fernández planteó intensificar las presiones hasta alcanzar al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y daba por sentado que esperaba alguna forma de «retribución» si sus gestiones tenían éxito. Seis días más tarde, la presidenta de SEPI, Belén Gualda, fue citada en La Moncloa y el 13 de julio, el Consejo Gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia finalmente aprobó la liberación de la ayuda de 112 millones, mientras que el subsecretario del Ministerio de Transición Ecológica, Miguel González Suela, delegando en Aagesen, emitió informe favorable.
Frente a este giro, el PP pretende esclarecer si Aagesen o cualquier órgano del Ministerio recibieron «alguna instrucción, solicitud, recomendación o presión de Presidencia del Gobierno» y, en caso de respuesta negativa, como espera, solicita las «evidencias documentales» que respalden esa negativa.
La misma cuestión se dirige respecto a supuestas gestiones llevadas a cabo por el Ministerio de Hacienda, la SEPI, el Gobierno Vasco o el PNV con el fin de modificar el criterio de rechazo inicialmente establecido sobre el rescate.
Asimismo, demandan aclaraciones sobre las «objeciones» que Aagesen, entonces secretaria de Estado, planteó a la solicitud de ayuda y que se detallen las comunicaciones mantenidas a lo largo del proceso entre la Secretaría de Estado y el Ministerio de Transición Ecológica con representantes de la SEPI, Hacienda, Presidencia del Gobierno, Gobierno Vasco y PNV, incluyendo fechas, participantes y resultados de cada gestión.
También exigen al Gobierno la «copia íntegra» de todos los informes, notas, actas y comunicaciones que reflejen las objeciones técnicas, jurídicas, económicas y medioambientales que inicialmente planteó la secretaria de Estado de Energía, miembro además del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia, sobre el rescate, así como todos los documentos que finalmente respaldaron la aprobación, incluyendo el detalle de las reuniones específicas donde fueron tratados ambos casos.