Las claves
El Gobierno sostiene que el permiso de residencia y trabajo otorgado en la regularización extraordinaria de inmigrantes permite únicamente residir y laborar en España, sin extenderse a otros estados miembros de la UE.
El Tribunal Supremo contempla la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE debido a dudas sobre la compatibilidad de esta regularización con el Acuerdo de Schengen y otras normativas europeas.
La regularización ha recibido más de un millón de peticiones, y el Ejecutivo defiende que se ha desarrollado conforme al derecho comunitario, siendo una competencia soberana de España.
El Plan de Integración y Ciudadanía destinará más de 500 millones de euros para fomentar el empleo, impulsar el aprendizaje de idiomas y fortalecer los servicios públicos dirigidos a los inmigrantes regularizados.
El Gobierno ha decidido enviar un mensaje de tranquilidad ante la polémica generada por la posible intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, medida que, según reconoce el Ejecutivo, ha superado las expectativas al superar el millón de solicitudes.
«El permiso para residir y trabajar se limita a territorio español, sin facultad para desplazarse a otros países de la Unión Europea ni para modificar la política migratoria de ningún otro Estado«, señalan fuentes de Moncloa.
La intención principal de esta iniciativa es ofrecer una solución a quienes ya están presentes en España y forman parte de su economía informal.
Así, la autorización tiene como fin integrar laboralmente y fijar a estas personas dentro de las fronteras nacionales, evitando que el desafío demográfico se traslade a países vecinos.
Este recordatorio surge ante las dudas manifestadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que evalúa si elevar una cuestión prejudicial al TJUE sobre la compatibilidad de esta medida con el Acuerdo de Schengen.
La inquietud legal del Supremo se centra en que, al conceder residencias temporales a más de un millón de personas, se les asigne automáticamente el derecho a circular libremente durante 90 días en períodos de 180 días, sin coordinación previa con los demás Estados miembros.
Asimismo, se plantea si existe una contradicción con la Directiva de Retorno o si la regularización entra en conflicto con el reciente Pacto de Migración y Asilo de la UE.
En concreto, se cuestiona si es correcto conceder residencia a personas en situación irregular en España que no han cumplido órdenes de expulsión vigentes, incluso si cuentan con respaldo judicial.
También se debate si España está infringiendo el principio de «cooperación leal» al ejecutar una regularización masiva unilateralmente, por decisión política, sin informar ni coordinar con la Comisión Europea ni otros Estados miembros.
Los magistrados han aceptado a trámite los recursos de comunidades como Aragón y la Comunidad Valenciana y anunciaron un proceso de audiencia, cuyo plazo termina el 3 de julio, para que sean presentadas las alegaciones por las partes implicadas, especialmente la Abogacía del Estado, que mantiene una colaboración estrecha con el Gobierno.
Desde el 7 de julio, el Supremo podría formalmente elevar una cuestión prejudicial al TJUE, si bien el Gobierno aclara que esto no implica necesariamente la detención del procedimiento.
«En caso de que el Tribunal Supremo plantee la cuestión prejudicial a partir del 7 de julio, será el TJUE quien decida, pero ello no supone que la regularización se suspenda mientras se toma una resolución».
Frente a estas reservas, el Ejecutivo rechaza interpretaciones judiciales que anticipen un descontrol en Europa y enfatiza que la norma «fue diseñada estrictamente para ser compatible con el derecho comunitario«.
Para reforzar esta posición, recuerdan que el desarrollo y ejecución de mecanismos de regularización como el arraigo o este proceso extraordinario corresponden enteramente a la soberanía española.
De hecho, según fuentes oficiales, cuando se atentó con las primeras críticas “el propio comisario europeo competente aclaró públicamente que esta es una cuestión de política migratoria bajo competencia española. Hemos actuado con todas las garantías legales”.
Plan de Integración y Ciudadanía
La estrategia del Gobierno para regularizar inmigrantes culmina esta semana con la puesta en marcha del Plan de Integración y Ciudadanía, que cuenta con un presupuesto superior a 500 millones de euros en su primer año y se extenderá progresivamente hasta 2030.
Este proyecto, organizado en 4 ejes y 16 medidas, asignará 185 millones de euros para facilitar el acceso laboral en sectores con alta demanda, como la construcción, la hostelería y los cuidados, incluyendo una oferta extraordinaria de 100.000 plazas en Formación Profesional.
Además, se destinarán cerca de 30 millones para la enseñanza de lenguas cooficiales y la prevención de discursos de odio, así como más de 260 millones para fortalecer los servicios públicos y asegurar la igualdad de oportunidades.
Está previsto crear en 2027 la Agencia Estatal de Movilidad Humana, que, si se aprueba en el Parlamento, reunirá funciones y recursos dispersos actualmente, con el objetivo de lograr una gestión migratoria «más sencilla, coordinada y eficiente».
Este martes, durante un evento en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), marco del lanzamiento de la campaña institucional ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país‘, Pedro Sánchez destacó que las cifras del proceso superan ampliamente las previsiones iniciales, demostrando que la medida era «necesaria«.
Afirmando que «no existe integración sin regularidad«, el presidente defendió que «la exclusión no protege a nadie» ni concede «prioridad nacional» a los ciudadanos de origen, sino que simplemente incrementa la vulnerabilidad de los recién llegados y dificulta la acogida social.
Estas afirmaciones responden a las críticas de la oposición, que advierten sobre un posible «efecto llamada«.
Esta preocupación ha trascendido las fronteras españolas y resonó con fuerza en el último Consejo Europeo.
En dicho foro, líderes políticos de diferentes familias, como la conservadora italiana Giorgia Meloni, el popular alemán Friedrich Merz e incluso la primera ministra socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, criticaron a Sánchez por la regularización masiva, advirtiendo que es una decisión que «afecta a todos«.