Las claves

Entre 2019 y 2025, España ha otorgado la nacionalidad a 1.343.027 extranjeros, posicionándose como líder en la Unión Europea en la concesión de nacionalidades.

Desde octubre de 2022, la ‘Ley de Nietos’ ha facilitado que 557.709 descendientes de emigrantes españoles obtengan la nacionalidad, mientras que hay más de 2,1 millones de solicitudes en proceso.

El incremento en el número de nacionalizados, especialmente marroquíes y latinoamericanos, ha generado críticas por parte de la oposición y líderes europeos debido a su influencia en el censo y las políticas migratorias.

España se distingue en Europa por la elevada proporción de residentes nacidos en el extranjero (19,3%) y por vincular el proceso de naturalización con la sostenibilidad demográfica y el rediseño político.

Pedro Sánchez ha situado a España como el país de la Unión Europea que ha concedido la nacionalidad a más extranjeros: 1.343.027 entre 2019 (primer año completo de su mandato) y 2025.

Este dato se ha incrementado 4,5 veces, pasando de las 66.498 nacionalizaciones durante el gobierno de Rajoy en 2017 hasta las 299.732 registradas el año pasado, según cifras oficiales del INE.

El crecimiento es aún más notable desde la implantación de la llamada Ley de Nietos, que ha generado 557.709 nuevos españoles desde octubre de 2022, mientras el Gobierno gestiona otras 2,1 millones de peticiones.

Con estos datos, España supera incluso a Alemania, que cuenta con casi el doble de población (49 millones frente a 82,7 millones).

Entre 2019 y 2024 (último año con datos oficiales de Eurostat), España ha nacionalizado a 1.043.497 extranjeros, equivalentes a 2.125 por cada 100.000 habitantes.

Durante el mismo periodo, Alemania ha concedido 1.028.240 nacionalizaciones, lo que equivale a 1.230 por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, Italia ha otorgado la nacionalidad a 1.024.992 extranjeros y Francia a 642.121, conforme a datos de Eurostat.

La ‘Ley de Nietos’

Simultáneamente al panorama europeo, España ha modificado sustancialmente su censo exterior, lo que ha despertado la preocupación de la oposición, que se cuestiona «¿qué implica realmente la Ley de Nietos?».

Esta iniciativa del Gobierno de Sánchez, incluida en la Ley de Memoria Democrática, permite conceder la nacionalidad a los descendientes de todos los españoles que emigraron entre 1936 y 1955.

A estos descendientes se les atribuye la condición de exiliados y víctimas de persecución política, a pesar de que en ese periodo se produjo una emigración masiva motivada por la búsqueda de mejores condiciones económicas.

Además, las personas que acceden a la Ley de Nietos pueden seleccionar el municipio desde el cual emitir su voto desde el extranjero, lo cual posibilita que ejerzan su derecho en provincias en las que nunca han residido.

Esto incluye territorios donde un pequeño número de votos exteriore podría influir en la distribución de escaños durante las elecciones.

Desde Moncloa, se ha negado durante meses facilitar al Congreso el desglose detallado sobre cuántos nuevos españoles ha creado la Ley de Nietos y dónde emitirán su voto exactamente.

Esta semana, el Grupo Parlamentario Popular ha lanzado una iniciativa parlamentaria para exigir la información desglosada «por circunscripción».

La participación del censo exterior (CERA) respecto al total del electorado aumentó del 6,85% en 2019 a casi el 10% en 2023, un incremento cercano al 47%, incorporando así decenas de miles de votantes adicionales en pequeñas circunscripciones.

Alberto Núñez Feijóo critica una «nacionalización acelerada» que alcanza hasta 2,5 millones de personas y una «manipulación silenciosa» del censo.

De entre los extranjeros nacionalizados desde 2019, bajo la administración de Pedro Sánchez, el grupo mayoritario corresponde a 289.316 marroquíes que ahora poseen pasaporte español.

Les siguen latinoamericanos: 122.214 provenientes de Venezuela, 118.649 de Colombia, 71.529 de Ecuador y 64.126 de Honduras.

Asimismo, 56.790 son de República Dominicana, 52.136 de Perú, 50.466 de Cuba y 50.009 de Bolivia.

De los más de 1,3 millones de extranjeros nacionalizados por el Gobierno de Pedro Sánchez, 297.157 nacieron en España, siendo hijos de extranjeros.

A nivel europeo, más de la mitad de marroquíes que adquieren la ciudadanía de la UE lo hacen en España, y el 93,8% de los venezolanos naturalizados en la UE obtienen el pasaporte español.

Esta realidad tiene repercusiones externas. El cambio en la postura respecto al Sáhara Occidental y el respaldo al plan marroquí de soberanía se producen mientras España crea decenas de miles de nuevos ciudadanos de origen marroquí y depende de Rabat para controlar fronteras y gestionar retornos en Canarias, Ceuta y Melilla.

En cuanto a Venezuela, la numerosa comunidad nacionalizada coincide con la controvertida función negociadora de José Luis Rodríguez Zapatero como presunto mediador con el régimen de Nicolás Maduro, figura influyente en el entorno sanchista e intermediario para el petróleo sancionado con empresas chinas.

La oposición denuncia un «blanqueamiento de la dictadura chavista» de Caracas mientras se concede la ciudadanía a cientos de miles de venezolanos.

El Gobierno de Sánchez avanza en contra de la tendencia europea, ya que la Unión Europea ha decidido reforzar notablemente sus políticas migratorias.

En el último Consejo Europeo, Giorgia Meloni y Friedrich Merz fueron los líderes que más criticaron la política migratoria impulsada por Sánchez.

Estas quejas comenzaron con la primera ministra danesa, Mette Fredriksen, también socialista, quien provocó el rechazo de otros líderes.

Meloni (ECR) abrió la sesión afirmando al presidente del Gobierno: «Lo que usted hace nos afecta a todos».

En esa misma línea se expresaron el primer ministro belga conservador Bart De Wever; el popular Merz, y el recientemente nombrado húngaro Péter Magyar.

Revolución desde 2018

Frente al periodo de Mariano Rajoy, la transformación del modelo es clara.

Hasta 2018, España figuraba en Eurostat como el cuarto país en nuevas nacionalizaciones, detrás de Reino Unido (antes del Brexit), Italia y Alemania, sin procesos masivos de regularización desde la era de José María Aznar.

Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa hace ocho años, España se ha convertido en el Estado miembro que más impulsa el aumento de naturalizaciones en la UE, considerando la ciudadanía una herramienta clave de política migratoria y así, un mecanismo de reconfiguración del demos, según un estudio de Funcas.

Perfil propio… u opuesto

Demográficamente, España se distancia del resto de grandes países de la UE, mostrando un perfil particular y contradictorio en sus políticas, especialmente tras la implementación del Pacto de Migración y Asilo.

En 2025, tendrá cerca de 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, representando algo más del 19,3% de su población, muy por encima del promedio europeo (10,4%). Las previsiones indican que para 2100 más de la mitad de la población española estará compuesta por inmigrantes y sus descendientes.

Alemania supera por poco a España en nacionalizaciones en 2024, pero enfrenta una población más envejecida y en disminución, incluso con alta inmigración.

Italia combina un elevado número de nacionalizaciones con un marcado declive demográfico. Francia presenta una tasa de natalidad superior y depende menos de la inmigración. Polonia sigue siendo principalmente un país emisor.

En este contexto, España es el país clave donde la naturalización está más ligada a la sostenibilidad demográfica y, por consiguiente, al rediseño del cuerpo político. No solo incrementa su población; según datos oficiales del INE, también cambia la composición de quienes serán los votantes en las próximas décadas.