El Ministerio de Trabajo pone en marcha su Plan de Choque contra el abuso en la contratación con más de 20.000 avisos a empresas por mantener a trabajadores en modalidades que deberían ser indefinidas

La Inspección de Trabajo ha remitido más de 20.000 notificaciones a empresas de todo el país durante junio, con el fin de alertarlas sobre posibles irregularidades en sus contratos temporales y de fijos discontinuos, según informó este viernes el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Las empresas afectadas cuentan con un mes de plazo para regularizar su situación antes de que se inicien procedimientos sancionadores.
Se trata del I Plan de Choque contra el Fraude en la Contratación, la primera acción de este tipo activada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en 2026. Esta iniciativa busca identificar a las empresas que emplean contratos temporales o fijos discontinuos cuando la relación laboral debería ser indefinida o permanente, respectivamente.
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El plan se centra en dos modalidades contractuales: por un lado, combate la utilización de contratos temporales en puestos que, por su naturaleza, deberían estar cubiertos por contratos indefinidos; por otro, identifica contratos de fijos discontinuos que realmente esconden empleos fijos ordinarios. Para ello, se consideran trabajadores que hayan estado dados de alta al menos 10 meses y medio en una misma empresa durante los últimos 12 meses.
Datos del operativo
En total, la ITSS envió 20.149 comunicaciones que involucran 31.545 contratos en todo el territorio nacional. Respecto al tipo de contrato, 9.076 avisos están relacionados con contratos temporales, afectando a 14.071 relaciones laborales. Los 10.973 restantes se dirigen a empresas con contratos de fijos discontinuos bajo sospecha, abarcando 17.474 contratos.
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Las compañías notificadas tienen un mes para corregir voluntariamente las anomalías encontradas. Si en ese plazo no se demuestra la regularización, la ITSS procederá con las inspecciones correspondientes, lo que podrá concluir en sanciones administrativas.
El cambio normativo que data de 2022
Este plan tiene su origen en la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 y vigente desde marzo de 2022. La normativa promovida por la ministra Yolanda Díaz limitó el uso del contrato temporal a dos causas específicas: circunstancias de la producción o sustitución de trabajadores. Asimismo, el contrato fijo discontinuo quedó reservado únicamente para labores intermitentes o estacionales. Cualquier empresa que utilice estas formas contractuales para necesidades estructurales y permanentes está incumpliendo la ley.
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La reforma endureció también el régimen sancionador. Las multas, que varían entre 1.000 y 10.000 euros, se aplican por cada contrato irregular y no por empresa. Esto implica que una entidad con diez contratos fuera de norma puede enfrentarse a sanciones que alcancen hasta 100.000 euros si no regulariza antes de la actuación de la Inspección.
Antecedentes del plan
La Inspección de Trabajo repite una estrategia que ya implementó en dos ocasiones durante 2025, en mayo y noviembre, aunque el alcance de este primer plan de 2026 es, por ahora, inferior al de los anteriores. El II Plan de Choque del 2025, desarrollado en noviembre, emitió 37.114 comunicaciones que abarcaban 77.210 contratos, más del doble que el presente operativo.
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Los datos de 2024 demuestran que la metodología de notificar antes de inspeccionar resulta eficaz para combatir el fraude en los contratos. De los 301.450 contratos analizados durante ese año, la mayoría se regularizó voluntariamente; únicamente 5.281 terminaron en sanción formal, con multas aproximadas a 5,2 millones de euros y un importe promedio situado en el segmento más bajo, cerca de 1.000 euros por contrato.

