Las claves
El PP ha presentado la ‘Ley CUME’ con el objetivo de evitar que las ayudas a padres de hijos con cáncer u otras enfermedades graves finalicen al alcanzar el afectado los 26 años.
La normativa pretende que la prestación y el permiso para cuidar a hijos enfermos se mantengan si persiste una gran discapacidad, dependencia o necesidad de cuidados continuados.
Este proyecto propone actualizar la legislación para ajustarla a la realidad asistencial actual, fomentar la corresponsabilidad entre progenitores y simplificar los procedimientos administrativos.
El PP busca asegurar una aplicación uniforme de la prestación en todo el territorio nacional, evitando que el acceso dependa de la zona geográfica o de la interpretación administrativa.
El Partido Popular ha comunicado su iniciativa de Ley CUME, con la que pretende impedir que las ayudas a progenitores con hijos afectados por cáncer u otras enfermedades graves desaparezcan automáticamente al cumplir estos los 26 años.
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo busca garantizar la continuidad de la prestación y el permiso por cuidado de estos hijos, los cuales actualmente se eliminan al llegar a esa edad, aun cuando persistan la gran discapacidad, la gran dependencia y la necesidad de cuidados permanentes.
CUME es el acrónimo de Cuidado de Menores afectados por cáncer u otra Enfermedad grave, denominación de la prestación regulada en el Real Decreto 1148/2011 de la Seguridad Social.
Con esta iniciativa, el PP denuncia que la legislación vigente obliga a muchas familias a perder una ayuda fundamental justo cuando el hijo extiende esa edad límite, a pesar de que el padecimiento y la necesidad de atención “no desaparecen por cumplir años”.
El propio Feijóo lo sintetizó en un vídeo publicado en sus redes sociales: «Si me preguntan cuál es mi proyecto, es este, que las ayudas no se extingan cuando el hijo afectado por una enfermedad grave cumple 26 años».
La denominada Ley CUME se presenta como una nueva «ley Feijóo», continuando la línea de otras propuestas sociales con las que el PP aspira a construir una alternativa clara.
Desde Génova se afirma que no basta solo con marcar el paso a Pedro Sánchez, ni crecer únicamente «por la decepción o el rechazo del votante del PSOE» ante múltiples casos de corrupción, sino que es necesario seguir desarrollando «una agenda propia» que entusiasme a quienes demandan soluciones tangibles.
Un Gobierno «injusto»
En este contexto, Feijóo busca desplazar la atención del escándalo hacia la política social y arrebatar esa bandera a un PSOE centrado en la supervivencia de Sánchez.
El PP afirma que la gestión gubernamental sobre la CUME ha sido inconsistente, incluyendo un reciente intento de endurecer los requisitos para el acceso y la continuidad de la prestación.
La posterior reversión de esta medida, después de la presión ejercida por asociaciones de familias, evidencia sólo su falta de sensibilidad y que priorizan su propia agenda judicial, explica Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad del PP.
En contraposición, el líder del PP sostiene que su partido «sí ofrece soluciones a quienes enfrentan dificultades», conforme a lo manifestado por Fúnez en declaraciones a este medio. «Es profundamente injusto que una familia pierda esta protección únicamente porque su hijo cumple años», recalca, estableciendo el marco moral de la nueva ley.
La prestación
La prestación CUME consiste en un subsidio que compensa la reducción de ingresos de padres, adoptantes o acogedores que disminuyen su jornada laboral para brindar cuidados directos, continuos y permanentes a un menor con enfermedad grave.
Se reconoce cuando la disminución laboral se sitúa entre el 50% y el 99,99% y, en la práctica, permite mantener el ingreso total. Por ejemplo, si un progenitor con un salario mensual de 2.000 euros reduce su jornada al 50%, seguirá recibiendo 1.000 euros en salario y otros 1.000 euros de la prestación CUME.
Desde su instauración, esta ayuda ha beneficiado a decenas de miles de familias y ha movilizado cientos de millones en recursos públicos, conforme a los datos consolidados de las mutuas y la Seguridad Social.
Estos fondos sostienen hogares que, en caso contrario, se verían forzados a elegir entre preservar su empleo o abandonarlo para cuidar a sus hijos, especialmente en afecciones de larga duración o evolución incierta.
La propuesta del PP
El proyecto de ley presentado por el Grupo Popular introduce diversas modificaciones respecto a la regulación actual.
El cambio principal consiste en que la prestación y el permiso de CUME no finalicen automáticamente al cumplir los 26 años si persisten la gran discapacidad, la gran dependencia y la necesidad de cuidados continuados. El PP quiere que el criterio fundamental sea la situación real del hijo, no la fecha de cumplimiento que hoy establece los límites administrativos.
Asimismo, la iniciativa «actualiza la norma a la realidad asistencial actual», afirma el PP, incorporando la hospitalización domiciliaria y la atención ambulatoria especializada, no limitándose sólo a los ingresos hospitalarios tradicionales.
El texto incluye medidas para favorecer la corresponsabilidad, permitiendo que ambos progenitores puedan compartir la reducción de jornada en casos de mayor gravedad, y prevé la simplificación de los trámites administrativos.
Otro propósito es garantizar una aplicación uniforme en todo el territorio nacional de la prestación.
Aunque las competencias sanitarias y de servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas, el PP pretende establecer en esta ley unas bases estatales que impidan que el acceso a la CUME dependa del código postal o de la interpretación particular de una mutua o administración autonómica.
Fúnez añade al mensaje la reclamación de que «la legislación no continúe penalizando a quienes dedican su vida al cuidado de sus hijos» y defiende que los fondos públicos se gasten «donde realmente es necesario».
«El congelador de Armengol»
La Ley CUME se suma, además, a la serie de «leyes Feijóo» con las que el PP pretende mostrar su alternativa social: desde ayudas para afectados por talidomida o celiaquía, hasta la ley de Vivienda, la de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar, apoyo a víctimas del terrorismo o normas para fortalecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Fuentes consultadas indican que cerca de 60 iniciativas registradas en el Congreso o aprobadas en el Senado han sido bloqueadas por el boicot del Gobierno, directo o indirecto, a través de la presidenta de la Mesa, Francina Armengol.
El partido denuncia que todas estas propuestas permanecen «en el congelador de Armengol», y que podrían alcanzar las mayorías necesarias si fueran debatidas.
Según la dirección popular, esta paralización persigue impedir que el PP legisle por encima del Gobierno y demostrar que posee «más políticas concretas para resolver problemas que el propio Ejecutivo».
La nueva ley CUME aspira a ser el último ejemplo de este choque: una norma con la que Feijóo pretende disputar el ámbito social, y no solo el de la decencia, en la lucha por el voto.