Las claves
El PP ha acotado el rol institucional de Vox en Castilla y León, Aragón y Extremadura, impidiendo que sus vicepresidentes puedan sustituir a los presidentes autonómicos durante sus ausencias.
Dentro de los nuevos gobiernos de coalición, la sustitución del presidente queda en manos de vicepresidentes del PP, reduciendo el protagonismo simbólico y efectivo de Vox en comparación con la legislatura previa.
Además, el PP ha limitado las competencias de las consejerías controladas por Vox, asegurando áreas críticas como Economía y Hacienda y reasignando otras a miembros populares.
Aunque Vox conserva carteras relevantes y exhibe ciertas conquistas programáticas, el PP mantiene el dominio sobre la representación institucional y la gestión administrativa principal.
El Gobierno de Castilla y León se constituyó el lunes 15 de junio con un decreto que incluye una disposición con alto valor político: Carlos Pollán, vicepresidente primero de la Junta por Vox, no podrá sustituir a Alfonso Fernández Mañueco en sus ausencias.
Este documento reduce así la influencia institucional de Vox. El artículo 4 determina que «la sustitución del presidente corresponde en primer lugar a la Vicepresidencia Segunda».
Con esta medida, Mañueco replica el modelo implementado por su homólogo Jorge Azcón en Aragón durante la primera legislatura, y recientemente aplicado por María Guardiola en Extremadura.
Aunque Vox ocupa las vicepresidencias, el partido de Alberto Núñez Feijóo se reserva la mayor representación institucional junto con la presidencia de los consejos en ausencia del jefe del Ejecutivo.
Esta circunstancia representa un cambio frente a la etapa anterior en Castilla y León.
En 2022, cuando Vox accedió a su primer gobierno de coalición, el sustituto habitual de Mañueco fue Juan García-Gallardo. Además de ser el único vicepresidente, sus competencias no incluían gestión directa y su papel se centraba en lo institucional.
García-Gallardo presidió cinco Consejos de Gobierno durante la ausencia del presidente y siempre representó a la autonomía ante el Comité de las Regiones de la UE.
Actualmente, ese poder tanto simbólico como efectivo se transfiere a la Vicepresidencia Segunda de Isabel Blanco, del PP, en una jugada que diversas fuentes califican como «un gol político» del PP sobre Vox.
Mañueco se fundamenta en la Ley 3/2001 de Gobierno de Castilla y León, que establece que «el presidente será sustituido por uno de los vicepresidentes, en orden, salvo que el presidente designe expresamente a otro miembro de la Junta«.
Bajo este nuevo esquema, Mañueco ha optado por su compañera del PP, reduciendo así la influencia institucional de Carlos Pollán.
Cabe destacar que, en la legislatura pasada, el propio Pollán presidía el Parlamento regional, cargo que ahora también pasó a estar bajo control popular.
El mismo juego del PP
Este cambio en Castilla y León no es un caso aislado. En Extremadura, María Guardiola ya estableció en su decreto del 30 de abril que, en su ausencia, quien presida el Consejo de Gobierno sea el vicepresidente segundo, Abel Bautista, también del PP, no Óscar Fernández Calle de Vox.
Aunque Vox mantiene la Vicepresidencia Primera y ministerios de peso político, la sustitución y representación institucional recaen en miembros del PP. Desde el entorno de la presidenta extremeña destacan que «Castilla y León ha replicado esta fórmula».
No obstante, este esquema ya tuvo un precedente anterior. Azcón lo aplicó para favorecer a su compañera del PP, Mar Vaquero, durante su primer Ejecutivo de coalición con Vox entre 2023 y 2024, fortaleciendo esa decisión en el actual mandato.
El decreto organizativo del Gobierno de Aragón, publicado el 4 de mayo, determina que la sustitución del presidente corresponde en primera instancia a Vaquero, consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, y no a Alejandro Nolasco, vicepresidente de Vox responsable de Desregulación, Bienestar Social y Familia.
Este modelo se ha extendido ahora en las tres Comunidades donde gobiernan con Vox, justo en medio de las negociaciones que Juanma Moreno lleva en Andalucía, sobre las que se conoce muy poco.
Matices en las consejerías
En Castilla y León y Extremadura, aparte de ordenar la suplencia, los decretos de formación del gobierno también limitan parcialmente las atribuciones de las consejerías que controla Vox.
Fuentes cercanas a las negociaciones destacan que se han «ajustado» las competencias de Pollán, restringiendo su influencia especialmente en áreas de Economía y Hacienda, en particular en aspectos relacionados con la desregulación normativa.
En el Ejecutivo de Guardiola, las áreas de Discapacidad y Dependencia se apartaron de la cartera de Servicios Sociales de Fernández Calle para ser trasladadas a Salud, bajo la responsabilidad de Sara García (PP).
Así, las Vicepresidencias Primeras ganan visibilidad y discurso político, aunque pierden parte de su peso institucional y autoridad.
Vox acepta esta configuración «a regañadientes», según fuentes implicadas en las negociaciones, puesto que el PP ha asegurado las áreas estratégicas.
Desde el lado popular se restan importancia a las críticas: «No es desconfianza, sino una organización ordenada; el socio tiene poder político y gestión, pero la estructura institucional sigue siendo definida por el presidente» y su formación.
En Vox varias voces califican esta situación como «un gol de Mañueco por la escuadra», dado que pese a mejorar resultados electorales respecto a las anteriores autonómicas, perder la Presidencia de las Cortes y peso institucional no es lógico.
Reconocen que el PP «domina la ley completamente, pues fueron sus autores» y acumulan cerca de 40 años en el poder. Según la normativa autonómica, la Vicepresidencia Primera de Pollán solo sustituiría a Mañueco en caso de fallecimiento o inhabilitación del presidente.
Los relatos
Vox ha conseguido entrar en los gobiernos de las tres autonomías con vicepresidencias y carteras destacadas, especialmente en las áreas de familia, servicios sociales, inmigración, agricultura y mundo rural.
Ha implantado el principio de «prioridad nacional» en ayudas, vivienda y prestaciones sociales, además de asegurar senadores autonómicos en zonas clave: «Para ellos, esto pesó más que otros aspectos, con el fin de lograr un grupo propio en la Cámara Alta». Esta es la narrativa que el partido promueve para justificar los acuerdos ante sus votantes.
Por su parte, el PP alardea de haber consolidado mayorías más fuertes que en legislaturas previas.
Mañueco, Azcón y Guardiola conservan las presidencias autonómicas y controlan las Mesas de los Parlamentos. Los populares señalan que, salvo en Aragón, han aumentado votos y porcentajes, y que la coalición con Vox fue el precio para garantizar la estabilidad, pero no para perder la dirección institucional.
Las negociaciones sobre asuntos de índole más «nacional» se condujeron directamente desde las direcciones centrales. Génova y la cúpula de Vox reservaron las decisiones más relevantes.
El propio documento interno de Feijóo para pactar con Vox establecía que el PP podía «ampliar su oferta programática, pero nunca contradecirla«. Este patrón se ha reproducido en los tres territorios, con textos casi idénticos en ciertos puntos sensibles.
Mañueco, Azcón y Guardiola preferían gobernar en solitario y lo han declarado en privado en múltiples ocasiones.
Desde sus entornos indicaban que «en Vox falta personal cualificado para que las consejerías funcionen adecuadamente» y que «la gestión es más eficiente con un solo partido gobernando y que el socio actúe desde el Parlamento».
Sin embargo, las matemáticas electorales les han obligado a permitir la entrada de Vox en los consejos de gobierno.
El balance final es que Vox exhibe consejerías, vicepresidencias y banderas programáticas como la «prioridad nacional». Mientras tanto, el PP conserva las llaves de la representación institucional y la mayoría de las áreas administrativas estratégicas: coalición sí, pero con el mando institucional claramente definido.