Vinculación entre un asesor de Chivite y la empresa de Cerdán vinculada a Leire Díez según la UCO en adjudicación de vivienda pública

Antxón Alonso, propietario de Servinabar, envió a José María Aierdi, consejero de Desarrollo Rural de Navarra quien le había adjudicado contratos bajo investigación, los números de teléfono de la ‘fontanera’ del PSOE actualmente imputada y del ex presidente de SEPI.

La presidenta de Navarra, María Chivite, y el consejero de Desarrollo Rural, José María Aierdi, en 2025. EFE

El actual consejero de Desarrollo Rural en el Gobierno navarro de María Chivite y anterior vicepresidente entre 2019 y 2023, José María Aierdi, figura entre los primeros vínculos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) establece con el empresario dueño de Servinabar, Antxon Alonso. Este último es socio de Santos Cerdán en la compañía foco de diversas tramas de corrupción investigadas por la Audiencia Nacional, así como con la pareja investigada en varios de estos casos y considerada posiblemente cercana: la fontanera del Partido Socialista Leire Díez y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero.

La comunicación ocurrió el 10 de febrero de 2021, cuando Antxon Alonso, que posee el 55% de Servinabar, dejando el 45% restante a Cerdán bajo un acuerdo privado, envió al usuario identificado como «Aierdi» en WhatsApp, presumiblemente José María Aierdi, dos contactos: los correspondientes a Leire Díez y Vicente Fernández.

Esta fue una de las primeras interacciones conjuntas del grupo formado por Alonso, Díez y Fernández, denominado ‘Hirurok’ en WhatsApp y liderado por Santos Cerdán, hombre que ascendió desde el Partido Socialista de Navarra (PSN) hasta convertirse en mano derecha del presidente Pedro Sánchez.

La reciente aparición de Aierdi en el círculo potencialmente ilícito junto a Cerdán, Leire y otros añade nuevas sospechas en torno al consejero navarro. Aierdi dirigió Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda de Navarra, entre 2015 y 2019, periodo en que Nasuvinsa adjudicó contratos a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar, una mercantil pequeña y con escasa experiencia, pero con notable habilidad para conseguir contratos públicos en la región, justo cuando Cerdán tenía el control del PSN.

Concretamente, la empresa pública navarra adjudicó a esta UTE la promoción y construcción de 62 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Erripagaña, cerca de Pamplona, en 2018, además de otra promoción en 2022 con 46 VPO adicionales. El envío de los números de Leire Díez y Vicente Fernández a Aierdi ocurrió justo entre estas dos adjudicaciones públicas obtenidas por la firma vinculada a Cerdán, quien empleó a Vicente Fernández Guerrero tras su salida de la SEPI.

Por si fuera poco, la Oficina Anticorrupción de Navarra (OANA) ha identificado «irregularidades» e incluso posibles nulidades en estas adjudicaciones. En el caso de las 62 VPO de 2018, denuncia incumplimientos graves de la normativa de contratación pública y abrió en 2026 una investigación formal sobre estas promociones.

Además, Aierdi inicialmente ocultó una de sus reuniones con Antxon Alonso. Reconoció inicialmente tres encuentros, los días 6 de septiembre y 6 y 13 de noviembre de 2023 —dos para avanzar el proyecto de Servinabar en Mina Muga, que finalmente fue descartado— y otro para introducir a Forestalia, otra empresa que, según investigaciones de la Guardia Civil, habría realizado cohechos a cambio de obra pública.

Sin embargo, en su comparecencia en el Parlamento navarro durante la comisión de investigación sobre el caso Koldo, Aierdi admitió una reunión adicional con Alonso en 2018, justo antes de que Servinabar y Acciona obtuvieran la primera adjudicación de VPO en Erripagaña, actualmente investigada por supuestas irregularidades.

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