El PP considera esta medida un «parche» y argumenta que el Estado acumula una deuda millonaria con las comunidades autónomas debido a los años en que la Administración General no asumió el 50% del coste del sistema.
Varios líderes del sector ubicado a la izquierda del PSOE comparecieron ayer en rueda de prensa y comenzaron su intervención con un tono festivo. «Felicidades», en palabras de la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero. La satisfacción surgía porque el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que supone la mayor inversión estatal en dependencia desde la instauración de la democracia: casi 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. La relevancia no radica solo en la cifra, sino en lo que implica para el sistema: a partir del próximo año, la Administración General del Estado financiará el 50% del sistema de dependencia, un «compromiso político» que el PSOE acordó con Sumar en el pacto que dio origen al actual Gobierno de coalición.
Así, el socio minoritario del Ejecutivo celebró ayer la consecución de este objetivo, que presentó Pedro Sánchez en una intervención a primera hora de la mañana, aunque su implementación corresponde al Ministerio de Derechos Sociales (de Sumar). «Esto es lo que puede darle más sentido a la política y también a la labor de un gobierno», valoró el titular de esta cartera, Pablo Bustinduy, argumento que compartieron otros líderes del espacio, sosteniendo que, a pesar de los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo, la aprobación de medidas como esta legitima la legislatura.
«Para quienes intentan hacer creer que este Gobierno está paralizado y es incapaz de avanzar, hoy es un excelente ejemplo para demostrar lo contrario», afirmó la portavoz de Comunes en el Congreso, Aina Vidal, una idea que respaldaron otros cargos del espacio. «La credibilidad del PSOE debe demostrarse con la adopción de medidas adecuadas», defendió Barbero, quien llegó a señalar que su demanda de «responsabilidad» a Sánchez se refiere a la puesta en marcha de estas políticas, evitando así responder si el presidente debe tomar otras decisiones por los casos de corrupción. También Alberto Ibáñez, de Compromís, comentó que continuar la legislatura «solo tiene sentido si se avanzan en cosas», y aumentar la inversión en dependencia es una de esas «cosas».
La asignación económica aprobada por Moncloa responde a una petición generalizada entre las comunidades autónomas, ya que en 2024 estas asumieron en promedio el 73% de la financiación destinada al sistema de dependencia. En 2027, el gasto será compartido a partes iguales con la Administración General, que ese año destinará 7.239 millones de euros a este fin, en contraste con los 3.478 millones de 2024. Además, la reforma es de carácter estructural, no una inversión puntual, puesto que modifica las cuantías que el Estado asume por cada persona con grado reconocido de dependencia. Esto asegura fondos para el futuro y revierte más de una década en que gobiernos centrales de PP y PSOE no atendieron la demanda de las comunidades de un financiamiento compartido.
Sin embargo, las autonomías no quedaron completamente satisfechas, pues reclamaron que el Estado mantiene una deuda millonaria acumulada por los años en que no ha cubierto el 50% de la contribución económica. «La dependencia requiere financiación permanente, no soluciones temporales», indicó la vicesecretaria popular Carmen Fúnez.
Por ejemplo, la Comunidad Valenciana—una de las más infrafinanciadas—exige al Estado una deuda de 3.911 millones de euros por el «desajuste» en la distribución de fondos en los últimos años; en 2024, la Generalitat asumió cerca del 80% del coste del sistema. También la Comunidad de Madrid, que ese año financió el 72% del gasto en dependencia, calificó de «burla» la inversión anunciada ayer, subrayando que el Estado acumula una deuda de 3.400 millones con esta región.
En cualquier caso, la contribución de la Administración General a la financiación del sistema de dependencia ha sido históricamente dispar entre las autonomías: en 2024, el Estado cubrió solo el 15% de los fondos necesarios en País Vasco y el 19% en Baleares y Navarra, frente a más del 38% en La Rioja o el 36% en Castilla y León. La reforma aprobada en el Consejo de Ministros igualará estas cifras, elevándolas al 50%, siempre que el Congreso ratifique el decreto.