La declaración del juez Juan Carlos Peinado sugiriendo que los policías asignados a la protección de Begoña Gómez podrían actuar en colaboración, ya sea «por iniciativa propia o bajo órdenes de sus superiores», en caso de una posible fuga de la esposa del presidente del Gobierno ha generado una fuerte reacción en los sindicatos policiales. Estas organizaciones han pedido al magistrado que rectifique, pues consideran que ha puesto en duda, sin base, la profesionalidad de los agentes.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, presentó una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial y solicitó que adoptara las medidas que estimara adecuadas. El lunes, la Comisión Permanente del organismo decidió remitir el auto al Promotor de la Acción Disciplinaria para que analice si dichas manifestaciones constituyen una falta grave de falta de respeto.
La hipótesis planteada por Peinado cuenta, sin embargo, con antecedentes históricos. En España y en otras naciones, varios líderes políticos han conseguido evadir, retrasar su captura o impedir su arresto con la ayuda de escoltas, policías y servicios de seguridad. Aunque las situaciones no son idénticas, evidencian que aquellos responsables de la protección de un mandatario también pueden transformarse en el principal obstáculo para su detención.
Carles Puigdemont (España)
Carles Puigdemont fue presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2016 y 2017. Salió de España tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior proclamación unilateral de independencia, momento en que la justicia comenzó a actuar contra los líderes principales del procés.
Inicialmente se le investigó por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. La acusación de malversación se refiere al presunto uso de fondos de la Generalitat para organizar y promover la consulta, pese a las decisiones judiciales que obligaban a impedirla. La orden nacional de detención persiste principalmente por este delito, mientras los tribunales evalúan si queda cubierto por la Ley de Amnistía.
En marzo de 2018, dos agentes fuera de servicio de los Mossos d’Esquadra lo recogieron en Estocolmo y lo trasladaron por carretera a través de varios países hasta Bélgica, sin ser detectados. El trayecto concluyó en una autopista alemana, donde Puigdemont fue arrestado. Posteriormente fue liberado y regresó a Bélgica. Los agentes fueron absueltos de encubrimiento, aunque la sentencia acreditó que lo asistieron pese a saber que existía una orden europea de detención y entrega. Puigdemont permanece fuera de España y aún no ha sido juzgado.
A pesar de que la orden de detención seguía vigente, al menos por malversación, Puigdemont reapareció en Barcelona en agosto de 2024. Para su escape se utilizó un vehículo vinculado a un agente de los Mossos d’Esquadra y tres policías resultaron investigados. Sin embargo, una jueza archivó temporalmente la causa al considerar que no estaba demostrada su colaboración activa. La Fiscalía apeló y la Audiencia de Barcelona abordará el caso próximamente.
Yoon Suk Yeol (Corea del Sur)
El caso de Yoon Suk Yeol fue aún más extremo. Presidió Corea del Sur desde 2022 hasta su destitución en 2025. La noche del 3 de diciembre de 2024 impuso la ley marcial y movilizó al Ejército, aunque el Parlamento logró reunirse y revocó la medida pocas horas después.
La Fiscalía le imputó haber liderado una insurrección mediante el despliegue de tropas con el fin de bloquear la Asamblea Nacional, detener a rivales políticos y tomar el control de la Comisión Electoral. Además, fue procesado por usar el Servicio de Seguridad Presidencial para evitar que los investigadores cumplieran la orden judicial contra él.
El primer intento de arresto concluyó en un enfrentamiento frente a la residencia presidencial. Decenas de escoltas y militares formaron un cerco humano que forzó la retirada de los investigadores. La segunda operación, el 15 de enero de 2025, consiguió romper esta defensa y capturar al expresidente. En febrero de 2026 fue condenado a cadena perpetua por insurrección y, en otro juicio, a siete años por obstrucción a su detención y otros delitos. Sigue encarcelado mientras recurre ambas sentencias.
Milorad Dodik (Bosnia y Herzegovina)
Milorad Dodik fue presidente de la República Srpska, la entidad autónoma mayoritariamente serbia dentro de Bosnia y Herzegovina. Durante años consolidó su poder mediante un discurso separatista y una constante confrontación con las instituciones centrales del país.
Dictaron contra él una condena de un año de prisión y seis de inhabilitación por desobedecer las decisiones del alto representante internacional, responsable de supervisar los Acuerdos de Dayton. Además, impulsó varias leyes para obstaculizar la acción de la policía, la Fiscalía y los tribunales estatales en el territorio serbobosnio.
En abril de 2025, la policía estatal intentó detenerlo, pero agentes armados de la República Srpska bloquearon la operación y amenazaron con usar la fuerza. Una investigación periodística reveló que Hungría había desplegado fuerzas especiales para rescatar a Dodik en caso de detención. El presidente llegó incluso a abandonar el país pese a la orden de arresto vigente.
Finalmente se presentó voluntariamente ante la Fiscalía y la orden fue anulada. Perdió la presidencia, pero logró sustituir la pena de cárcel por una multa, aunque mantuvo la inhabilitación de seis años.
Nikola Gruevski (Macedonia del Norte)
Nikola Gruevski fue primer ministro de Macedonia desde 2006 hasta 2016. En 2018 debía ingresar en prisión para cumplir una condena de dos años por abuso de poder, pero escapó del país antes de que la sentencia se ejecutara.
La justicia determinó que presionó a autoridades del Ministerio del Interior para adquirir un Mercedes blindado valorado en unos 600.000 euros, que luego utilizó para sus desplazamientos personales. Fue condenado por intervenir ilegalmente en la compra y beneficiarse del uso privado de bienes públicos.
En su caso, los escoltas oficiales colaboraron sin saberlo en su fuga. Gruevski les hizo creer que entraría en prisión, les pidió ropa adecuada y les indicó que regresaran a buscarlo a su domicilio al día siguiente. Mientras ellos lo esperaban confiados en que permanecía en casa, cruzó la frontera hacia Albania. Desde allí, vehículos diplomáticos húngaros lo trasladaron a Hungría, donde le otorgaron asilo político. Sigue fuera del alcance judicial macedonio, que elevó su condena a nueve años.
Mijaíl Kasiánov (Rusia)
Mijaíl Kasiánov, primer ministro ruso entre 2000 y 2004 durante el primer mandato de Vladímir Putin, pasó a la oposición tras dejar el Gobierno. Se convirtió en una de las figuras principales de las llamadas Marchas de los Disidentes.
El 14 de abril de 2007 participó en una manifestación ilegal en Moscú. La Fiscalía le había advertido dos días antes que no asistiera. La policía desplegó miles de agentes antidisturbios, bloqueó el recorrido y detuvo a más de cien personas, entre ellas Garri Kaspárov, periodistas y manifestantes.
Kaspárov y otros arrestados fueron sancionados por incumplir normativas sobre manifestaciones y debieron pagar multas de 1.000 rublos. Kasiánov evitó ser arrestado porque, según informó el Parlamento Europeo, sus guardaespaldas lograron sacarlo del lugar cuando la policía intentó detenerlo. Nunca fue procesado por estos hechos y después dejó Rusia.
Víktor Yanukóvich (Ucrania)
Víktor Yanukóvich fue presidente de Ucrania entre 2010 y febrero de 2014. Durante la insurrección del Maidán, escapó de Kiev en helicóptero gracias a una operación coordinada entre sus escoltas y las fuerzas especiales rusas.
En 2019 fue condenado en ausencia a 13 años de prisión por alta traición y complicidad en la guerra de agresión rusa. Entre las pruebas figuraba una carta dirigida a Vladímir Putin solicitando la entrada de tropas en Ucrania. En 2025 recibió otra condena de 15 años por organizar su salida ilegal del país, facilitar la huida de unas veinte personas y convencer a varios miembros de su escolta para desertar.
Putin admitió que Rusia intervino para sacarlo y trasladarlo a territorio ruso. Las autoridades ucranianas nunca consiguieron detenerlo y todas las condenas se dictaron sin su presencia. Actualmente reside en Rusia.
Oscar Sudi (Kenia)
Oscar Sudi, diputado por la circunscripción de Kapseret, Kenia, y uno de los principales aliados del entonces vicepresidente William Ruto, fue objeto de un operativo policial en septiembre de 2020 que rodeó su residencia para detenerlo, pero cuando entraron ya había desaparecido.
La Fiscalía le imputaba dos cargos por incitación al odio y uno por conducta ofensiva debido a declaraciones contra el presidente Uhuru Kenyatta. Se consideró que sus palabras no solo resultaban insultantes sino que podían generar enfrentamientos entre comunidades étnicas.
Sudi consiguió salir de la vivienda durante el operativo. Las sospechas apuntaron a un mando de la Unidad de Escolta Presidencial presente en la zona y a otros agentes destacados en la residencia. El diputado permaneció oculto casi 48 horas antes de entregarse voluntariamente. En febrero de 2022 fue absuelto por falta de pruebas.
Ronald Bato dela Rosa (Filipinas)
Ronald Bato dela Rosa, senador filipino y exjefe de la Policía Nacional durante la presidencia de Rodrigo Duterte, fue uno de los principales responsables de la llamada guerra contra las drogas, una campaña policial que causó miles de muertes en supuestas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la policía.
La Corte Penal Internacional lo reclama por presuntos crímenes contra la humanidad. La acusación sostiene que, como máximo responsable policial, ordenó o incentivó ejecuciones, propició que las muertes se presentaran como actos de defensa propia, aseguró impunidad a los agentes y premiaba a quienes participaban en las operaciones.
Dela Rosa se refugió varios días en el Senado. Cuando los investigadores intentaron ingresar para detenerlo, el servicio de seguridad del Congreso bloqueó la entrada y su jefe disparó un tiro de advertencia. En la madrugada del 14 de mayo de 2026, el senador logró abandonar el edificio. Desde entonces su paradero es desconocido, mientras la policía investiga el rol que desempeñó su equipo de seguridad en la fuga.