Las claves
José Luis Rodríguez Zapatero percibió 200.000 euros por ejercer influencia sobre el Estado boliviano para beneficiar a la cementera Soboce y evitarle una sanción millonaria.
El acuerdo contemplaba un pago inicial del 50% y dietas de 10.000 euros diarios, además de cubrir gastos de desplazamiento en clase business.
La Policía apunta que Zapatero no ofreció asesoramiento efectivo para Focus Social Research SAC, utilizada como entidad instrumental para canalizar los pagos.
La intervención de Zapatero concluyó con la suspensión temporal de una sentencia que obligaba a Soboce a abonar 107 millones de dólares a una empresa competidora.
José Luis Rodríguez Zapatero recibió 200.000 euros, según la Policía, por influir en el Estado boliviano y evitar una condena millonaria a Soboce, empresa dedicada al cemento.
Después de múltiples gestiones de ZP ante autoridades de alto nivel, la Justicia revirtió la decisión y suspendió el pago que obligaba a la cementera a desembolsar 107 millones de dólares (aproximadamente 95 millones de euros) a una compañía rival.
El 13 de mayo de 2024, el expresidente firmó un contrato de «asesoría» con Focus Social Research SAC, compañía que, según la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), se usó como sociedad «instrumental» para canalizar los 200.000 euros y ocultar la verdadera razón del pago.
De acuerdo con la UDEF en un informe dirigido a la Audiencia Nacional, Zapatero no realizó actividad alguna como asesor para Focus Social. En cambio, sí mantuvo el 15 de septiembre de 2024 una reunión con el entonces presidente boliviano, Luis Arce, promoviendo los intereses de Soboce.
EL ESPAÑOL accedió al contrato firmado por el expresidente español, que forma parte de la investigación del denominado caso Plus Ultra, en el que Zapatero está bajo indagación por cuatro presuntos delitos (contra Hacienda pública, tráfico de influencias, lavado de dinero y contrabando).
Tal y como estableció el acuerdo, ZP recibió 100.000 euros —el 50% del importe total— por adelantado, y el resto en dos pagos de 50.000 euros cada uno.
De hecho, la secretaria de Zapatero, también implicada en la investigación, Gertrudis Alcázar, remitió la primera factura a Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del grupo al que pertenece Soboce, el mismo día de la firma.
Además, la factura tiene fecha del 10 de mayo de 2024, tres jornadas antes de formalizarse el contrato.
Junto con los honorarios elevados, el contrato prevé una dieta diaria de 10.000 euros y otros gastos que pudieran surgir en viajes, especificando la clase business para los desplazamientos.
Durante una visita a Bolivia, Zapatero tuvo encuentros el mismo día con el presidente izquierdista Arce en el palacio presidencial y con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Además, coordinó una reunión con el entonces ministro de Justicia, César Siles, a la que asistió Francisco Shwortshik, CEO de Soboce.
Sin embargo, las gestiones en favor de la cementera no se limitaron a estas acciones, como describe la UDEF.
El 6 de mayo de 2025, «bajo indicación de Zapatero», Alcázar solicitó a Fabiola Salazar, jefa de gabinete de Arce, el contacto del procurador general del Estado boliviano.
Este cargo equivale al jefe de la Abogacía del Estado en Bolivia; por entonces lo ocupaba Ricardo Condori.
“Buenos días, Fabiola. El presidente Zapatero me pide que me facilites el contacto del procurador y que me informes cuando el mandatario boliviano haya hablado con él, para que Zapatero pueda llamarle. Quedo a la espera del teléfono y tus indicaciones”, escribió por correo electrónico.
Ese mismo día, tras diálogo entre ZP y Arce, se iniciaron los contactos con Condori.
Según la UDEF, fue el ministro de Justicia boliviano en ese momento, César Adalid Siles Bazán, quien llamó al procurador general. Así lo confirmó Alcázar vía mail a Fabiola Salazar (jefa de gabinete de Arce).
Menos de tres semanas después, la situación judicial cambió y la Sala Constitucional de La Paz emitió una resolución que suspendió temporalmente la sentencia que imponía el pago de los 107 millones de dólares a la cementera.
Quince días tras ese fallo, Zapatero cobró la última factura pactada, por 50.000 euros.
«Sociedad instrumental»
La UDEF indica que, «según las conversaciones captadas, los servicios prestados por Zapatero a cambio de 200.000 euros no guardan relación con Focus Social Research SAC».
Esta entidad se dedica al marketing y comunicación corporativa y, según los investigadores, «fue utilizada como sociedad interpuesta».
«No se halló referencia alguna a gestión o asesoramiento real ofrecido a esta sociedad», agregan.
La Policía Nacional concluye que los pagos a Zapatero respondieron exclusivamente a sus gestiones en beneficio de Soboce.
«Las personas involucradas integrarían el grupo empresarial de origen peruano conocido como Grupo Gloria», presumen los agentes de la UDEF.
«El objetivo real», señalan, lejos del supuesto asesoramiento a Focus Social Research, habría sido «interceder o influir en favor de este grupo en varios litigios millonarios».