Las claves
El Gobierno ha confirmado que se han tramitado 2,62 millones de solicitudes y entregado 557.709 pasaportes según la denominada ‘ley de nietos’, superando ampliamente las previsiones iniciales.
En los dos últimos meses, han emergido 200.000 solicitudes adicionales, a pesar de que el periodo para solicitar la nacionalidad cerró en octubre de 2025.
Argentina encabeza el número total de peticiones, contabilizando más de 462.000 registros, y se estima que en Buenos Aires aún quedan pendientes más de 645.000 citas por procesar.
Esta nueva normativa podría multiplicar por cuatro las nacionalidades concedidas respecto a la antigua Ley de Memoria Histórica, manteniéndose la tasa de denegaciones muy baja (1,3%).
El plazo para acogerse a la denominada ley de nietos finalizó en octubre de 2025, tras una prórroga de un año debido a la ola de solicitudes. Sin embargo, transcurridos ocho meses, los expedientes continúan saliendo de los consulados y las cifras no dejan de aumentar.
En abril pasado, el Gobierno reconoció que existían «más de 2,4 millones» de personas que habían solicitado la nacionalidad mediante esta vía.
El dato fue proporcionado por José Manuel Albares durante un viaje a México, junto con la cifra de 545.000 nacionalidades otorgadas, mientras se negaba esta información al Congreso.
Recientemente, el Ministerio de Justicia ha dado una respuesta escrita en el Senado, aunque incompleta.
Según este documento, al que tuvo acceso este diario, la cartera dirigida por Félix Bolaños ya reconoce un total de 2.622.450 solicitudes tramitadas y la entrega de 557.709 pasaportes.
Esto implica que en apenas dos meses han surgido en las estadísticas oficiales cerca de 200.000 ‘nietos’ adicionales, a pesar de que el plazo para solicitar la nacionalidad cerró en octubre de 2025 y de que el Ejecutivo ha negado respuestas al Legislativo argumentando «problemas de digitalización».
Los consulados afrontan una congestión sin precedentes. Argentina, por ejemplo, lidera con 462.815 solicitudes de nacionalidad registradas en sus cinco consulados, según datos de Exteriores actualizados recientemente.
Esa cifra solo incluye los expedientes incorporados al sistema. Además, hay un atasco que aún no aparece en las estadísticas oficiales, razón por la cual en los últimos dos meses han salido de los archivos consulares 200.000 solicitudes adicionales.
Fuentes diplomáticas consultadas señalan que en Buenos Aires se han establecido mecanismos informales para registrar a quienes no lograron obtener cita por agotamiento de la agenda. Se trata de personas que desean presentar su solicitud, pero aún no han podido entregar la documentación, pese a que el plazo ha finalizado.
Se calcula que hay más de 645.000 citas pendientes de trámite, según estas fuentes. Esta congestión llevó al propio cónsul general en Buenos Aires, José María Ridao, a advertir que, al ritmo actual de resolución, de aproximadamente 10.000 casos anuales, se necesitarían más de 100 años para procesar todo.
Qué dicen los datos
Actualmente, las cifras alcanzan más de 2,6 millones de solicitantes. ¿Significa eso que todos obtendrán la nacionalidad española? No necesariamente.
Estos 2,6 millones representan únicamente a quienes han manifestado interés en acogerse a la ley: solicitando cita, inscribiéndose en listas o iniciando el proceso de alguna manera.
Aun así, es cierto que la tasa de denegación es extremadamente baja; en abril se estimaba que no superaba el 1,3%, según datos de Exteriores.
Una vez obtenida la nacionalidad, el ciudadano español (si es mayor de 18 años) puede votar en elecciones generales, autonómicas y europeas desde el extranjero, integrándose en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).
Comparación de leyes
Para dimensionar el alcance de la llamada ley de nietos, es útil compararla con su predecesora. La Ley de Memoria Histórica, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, permitió a hijos y nietos del exilio franquista solicitar la nacionalidad.
El resultado final fue de 491.177 solicitudes y 373.616 nacionalidades otorgadas, con una tasa de denegaciones aproximada del 24%, cerca de 118.000 negativas. Todo ello en más de una década de vigencia.
Sin embargo, la nueva ley de Sánchez, con apenas tres años en vigor, ya ha superado ampliamente esa marca de nuevos españoles. La ley de nietos probablemente triplicará y posiblemente cuadruplicará las concesiones de la norma anterior.
Respecto a los rechazos, fuentes diplomáticas explican a EL ESPAÑOL que la gran mayoría no responde a motivos de fondo, sino a errores formales, como falta de documentación o dificultades para acreditar la filiación.
Sin respuestas
El verdadero desafío de este proceso no es solo el enorme volumen de nuevos españoles con derechos plenos, ubicados a miles de kilómetros. También radica en los posibles efectos políticos y sociales derivados de la medida.
En este sentido, el Gobierno continúa sin ofrecer respuestas, incluso cuando finalmente atiende las preguntas escritas de la oposición en su legítima función de fiscalización.
El grupo de preguntas de los senadores del PP solicitaba cinco datos distintos: número de solicitudes y nacionalidades otorgadas, cuántos se han inscrito en el censo CERA y en qué provincias, la cantidad de expedientes previstos bajo la ley de nietos antes de las próximas elecciones para detectar un posible «aumento anómalo», y si el Gobierno ha elaborado algún informe sobre el «impacto» electoral derivado del cambio censal.
No obstante, Justicia respondió completamente solo a una de estas cinco preguntas; respecto a las demás, mantuvo silencio o dio respuestas parciales.
El Ministerio de Bolaños no aclara si ha habido un aumento significativo de votantes en ciertos provincias concretas, ni cuántos de los nuevos españoles están ya registrados para votar o en qué circunscripciones. Tampoco ofrece un calendario ni metas de resolución.
Este grado de opacidad coincide con lo publicado recientemente por EL ESPAÑOL sobre la falta de datos del Gobierno en el Congreso, que lleva cuatro meses sin facilitar la información solicitada por la oposición. Esto pese a que las preguntas se presentaron en febrero y que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, envió un requerimiento por escrito a Bolaños.
El Gobierno sostiene que la ley tiene como objetivo «reparar a los descendientes del exilio» y reconocer derechos históricos, mientras la oposición denuncia una «fábrica de votantes» y exige mayor transparencia.
Mientras tanto, las cifras continúan creciendo a un ritmo de 100.000 nuevos candidatos a ‘nieto’ cada mes, provenientes de los archivos consulares.