Grandes medios cubren el cerco a Pedro Sánchez, la paradoja de que Zapatero pueda viajar y la “cercanía” de Peinado con la derecha
El juez considera que existe riesgo de fuga por parte de la esposa de Pedro Sánchez y sospecha que sus escoltas podrían facilitarla.
Retiran el pasaporte a la primera dama de España: esta es la noticia principal que ha resonado este fin de semana y ha llevado a Pedro Sánchez a ocupar titulares internacionales por motivos muy diferentes a sus habituales apariciones en grandes medios. El magistrado Juan Carlos Peinado ha ordenado juicio oral contra Begoña Gómez por cuatro delitos y le ha retirado el pasaporte, prohibiéndole salir de España, además de obligarla a comparecer cada quince días en el juzgado. Esta decisión, destacan medios importantes, no tiene precedentes en la historia reciente del país.
The New York Times publicó un titular que dice: ‘La esposa del primer ministro español, a juicio por corrupción’ y detalló que Gómez, de 55 años, está acusada de haber utilizado su posición para beneficiar a un consorcio tecnológico en la obtención de contratos públicos, además de un uso indebido de fondos durante su etapa como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. El diario neoyorquino señala que la fecha del juicio aún no está establecida y que Gómez niega toda irregularidad.
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The Washington Post optó por un titular más directo: ‘Un juez español ordena a la esposa del primer ministro enfrentar un juicio por corrupción y entregar su pasaporte’, y destacó que esta decisión ha desatado “una intensa confrontación política, con la oposición pidiendo la dimisión del Gobierno socialista de Sánchez”.
“Batalla política en el barro”
The Guardian tituló su reportaje ‘La esposa del primer ministro español, acusada y con prohibición de salir del país’ y explicó que la orden de Peinado implica comunicar la restricción de salida “en todos los puntos fronterizos y aeropuertos civiles y militares”. El periódico londinense señala a Manos Limpias, promotor de la acusación popular, como “un sindicato autoproclamado con vínculos a la extrema derecha” y subraya que el caso forma parte de varias investigaciones dirigidas al entorno del presidente, incluyendo el proceso abierto contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
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En Italia, el Corriere della Sera publicó una crónica que describe la noticia como “una bomba” en España, aunque “esperada por muchos”. El veterano diario define a Peinado como un juez “vinculado a la derecha” y dedicó un apartado a explicar el concepto de acusación popular —“una figura legal en el sistema español que permite a cualquier persona, aunque no haya sufrido daño directo, ejercer acción penal”—, fundamental para entender por qué el proceso avanza a pesar de que tanto Fiscalía como defensas han solicitado el archivo. El Corriere también destaca una contradicción en España: mientras que al expresidente Zapatero el juez Calama le negó la retirada del pasaporte al considerar inviable la fuga por su “notoriedad pública”.
En Alemania, Der Spiegel publicó con este titular: ‘La esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya no puede salir del país’, enmarcando el caso dentro de una “batalla política en el barro” que afecta a fuerzas tanto del Gobierno como de la oposición. La revista de Hamburgo recoge que el Ejecutivo y el PSOE acusan al juez de tener “motivación política” y actuar “de forma obsesiva”, y añade un detalle señalado en el auto de Peinado: que para hallar un escándalo de corrupción comparable en España habría que remontarse a los tiempos del rey Fernando VII, en el siglo XIX.
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“Casi inconcebible”, según el propio Peinado
Frankfurter Allgemeine Zeitung destacó que el juicio, que se celebrará ante un jurado popular, podría producirse en 2027 y coincidir con la campaña de las elecciones generales españolas, recogiendo la respuesta de La Moncloa que califica la medida de “desproporcionada” y ejemplo de la “obsesión” de un juez cuyas pesquisas “carecen de todo fundamento jurídico”.
Desde Francia, Le Figaro tituló ‘España: tribunal impide a la esposa del primer ministro Pedro Sánchez salir del país’ y describió a Gómez como alguien que “hasta el otoño de 2024 dirigía un máster de gestión” y que está bajo sospecha de haber usado la influencia de su esposo para obtener fondos.
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En Portugal, CNN se centró en la convocatoria extraordinaria y urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evaluar si abre un expediente disciplinario contra Peinado luego de sus declaraciones sobre los escoltas de Gómez. El medio recuerda que en noviembre de 2024 Peinado rechazó retirar el pasaporte antes del viaje presidencial al G20 en Brasil, calificándolo de “innecesario” y “desproporcionado”. Entonces, el magistrado señaló que era “casi inconcebible” que Gómez pretendiera residir en el extranjero “por un largo periodo”, ya que “disfrutaba de condiciones superiores al ciudadano común residente en España”.
Cerco al PSOE y al Gobierno
En Brasil, O Globo tituló: ‘La esposa del primer ministro de España enfrentará juicio por corrupción y tiene el pasaporte retenido’, explicando que el tribunal ordenó comunicar “a todos los puntos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para asegurar la prohibición de salida.
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Desde Singapur, The Straits Times situó el caso en un marco más amplio, señalando que Sánchez es “uno de los pocos líderes de izquierda que aún quedan en Europa” y que el proceso contra su esposa se suma a varios escándalos de corrupción que afectan a su gobierno, incluyendo investigaciones sobre el número tres del PSOE –Santos Cerdán– y el exministro de Transportes –José Luis Ábalos– por supuestos sobornos vinculados a obras públicas y contratos relacionados con el gas.
La Moncloa ha reaccionado a la decisión de Peinado afirmando que “se evidencia la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez cuya instrucción carece de sentido jurídico y está motivada solo por razones políticas”. La acusación popular, dirigida por Hazte Oír, reclama 24 años de prisión para Gómez. La Fiscalía ha solicitado en varias ocasiones el archivo del caso por falta de pruebas, y la defensa ha anunciado que apelará todas las medidas cautelares.
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