Teresa Peramato confronta a los senadores de la oposición: «Afirmar que somos parte de una red criminal es una falta de respeto a la institución y significa poner en entredicho el trabajo de sus 2.800 miembros».
Teresa Peramato, fiscal general del Estado designada por el Gobierno tras la renuncia de su predecesor Álvaro García Ortiz debido a una condena, abrió su intervención ante la Comisión de Justicia del Senado recordando que «ni la Constitución ni las Cámaras contemplan ningún régimen de supervisión» sobre el Ministerio Público. Peramato afirmó que ella no actúa como «opinadora ni comentarista de la función jurisdiccional» y también destacó los principios de «confidencialidad y prudencia» que debe respetar.
La fiscal general evitó responder a la mayoría de las preguntas de los senadores de la oposición sobre los encuentros entre la fontanera del PSOE, Leire Díez, y Diego Villafañe, quien fue mano derecha de Álvaro García Ortiz, debido a que consideró dichas interrogantes «repletas de juicios subjetivos» sobre su antecesor, condenado actualmente por revelación de secretos. «No soy ni comentarista ni opinadora», reiteró.
Peramato rechazó de manera contundente que la Fiscalía funcione «al servicio de una red criminal». «Afirmar esto supone un menosprecio hacia la institución. Decir que estamos implicados en una trama es desprestigiar el trabajo de los 2.800 fiscales», aseguró.
La compareciente se negó a abordar temas como el caso Leire o Plus Ultra, alegando que «están en proceso judicial bajo la tutela de los jueces». «No puedo formular observaciones ni comentarios al respecto», insistió. En cuanto a las reuniones en la Fiscalía General entre Díez y Villafañe, afirmó que ya entregó toda la información al juzgado central de instrucción que solicitó datos sobre las personas que acudieron a la Fiscalía entre enero y junio de 2025, así como las reuniones realizadas entre abril de 2024 y junio de 2025. Añadió que «si el magistrado considerara insuficiente esta información, se ampliará, pero este no es el espacio para proporcionar detalles al respecto».
Peramato aseguró además no haber impartido instrucciones «ni en relación con el caso Leire, ni Plus Ultra ni Koldo». De igual modo, negó haber llevado a cabo ninguna purga entre fiscales mediante sus decisiones de nombramientos.
Al inicio de su intervención, la fiscal general enfatizó que su propósito de «curar la herida» en la Fiscalía forma parte de un «diagnóstico institucional responsable». Subrayó que «la confianza interna se fortalece a partir del principio de unidad y la lealtad activa», añadiendo que la Fiscalía «no debe involucrarse en debates políticos ni mediáticos».
Respecto a sus designaciones, Peramato afirmó que se guió por los «criterios de mérito, profesionalidad y rigor» y reiteró que el Consejo Fiscal y sus recomendaciones «no tienen carácter decisorio», facultad que recae exclusivamente en ella. Agregó que «la fiscalización de los nombramientos discrecionales no está sujeta a control externo», defendiendo así su selección de cargos como «compatible con las necesidades del servicio», a pesar de que la mayoría del cuerpo fiscal cuestionó estas decisiones alegando que favorecieron al equipo de su antecesor y eliminaron a quienes, en el caso de García Ortiz, cuestionaron su gestión en el proceso relacionado con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Peramato también defendió la intervención del Ministerio Fiscal en el caso de González Amador frente a García Ortiz. Dicha actuación incluyó desde un inicio la consideración de que se vulneraban derechos fundamentales del entonces fiscal general, la solicitud de su absolución y, finalmente, un recurso de amparo contra la sentencia condenatoria ante el Tribunal Constitucional. Esta postura, señaló, «se mantiene», lo cual, a su juicio, demuestra que «se ha trabajado con plena independencia y autonomía».
Desde el PP, se criticó su silencio al defender a los fiscales amenazados por la fontanera del PSOE y se le preguntó por qué las visitas de Leire Díez a la Fiscalía para reunirse con el exmano derecha de García Ortiz no fueron registradas, cuándo tuvo conocimiento de ellas, por qué no se informó y si ella misma sostuvo encuentros con Díez.
Para el PP, el Ministerio Fiscal «se encuentra en ruinas porque se ha convertido en un instrumento político de Pedro Sánchez». La senadora popular María José Pardo Pumar agregó que «sanar las heridas implica esclarecer los hechos relacionados con su predecesor, no archivarlos» y subrayó la supuesta vinculación de la ex fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, con el caso Plus Ultra.
«Su política de nombramientos ha sido puesta en duda por la mayoría de fiscales por basarse en afinidades personales e ideológicas», afirmó Pumar. La senadora señaló que las posiciones ocupadas por los promovidos por Peramato estaban significativamente por debajo de otros candidatos que aspiraban al cargo y contaban con mayor rango; estos últimos, sin embargo, fueron excluidos.
En la misma línea, la portavoz de Vox, Paloma Gómez, insistió con preguntas similares, destacando la infiltración de «las cloacas del PSOE» en la sede de la Fiscalía General.
Posteriormente, el senador de ERC, Joan Josep Queralt, resaltó la teoría según la cual el Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz como represalia por el apoyo que este brindó a la Ley de Amnistía. También lamentó que las declaraciones y agendas de Víctor de Aldama y Leire Díez se hayan tomado como «el evangelio».