Las claves
Feijóo reclama la dimisión de Pedro Sánchez tras la condena definitiva a José Luis Ábalos por corrupción en el caso Mascarillas.
El líder del PP señala a Sánchez como responsable directo por nombrar a Ábalos en el Gobierno y resguardarlo dentro del PSOE.
El PP considera que la sentencia muestra la decadencia institucional y planea incrementar la presión política mediante mociones en el Congreso y en el Senado.
Feijóo sitúa los recientes casos de corrupción, incluyendo las investigaciones a Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de una crisis generalizada del sanchismo.
Alberto Núñez Feijóo se presentó en una rueda de prensa organizada de manera urgente tras la sentencia del caso Mascarillas. «Es la segunda condena, después de la del fiscal, al Gobierno más envuelto en corrupción de la historia democrática», enfatizó.
El líder del PP expresó su sorpresa por «tener que hacer esto» y mostró su molestia ante «la decadencia» de la política: «José Luis Ábalos no existiría sin Pedro Sánchez, y Sánchez no existiría sin Ábalos», concluyó. «Por eso, debe apartarse junto a él tras esta condena».
Para Feijóo, la importancia de la sentencia radica en la unanimidad, en la «serie de delitos» cometidos por el exministro y antiguo «número dos» en el PSOE del presidente, además de tratarse de una condena firme: «Ábalos no se autoascendió ni se otorgó poder a sí mismo», recalcó.
«Fue Sánchez quien lo nombró su mano derecha al frente del PSOE. Fue Sánchez quien le entregó el acceso al dinero público, y quien volteó la mirada ante la evidencia pública de sus conductas reprochables».
Sánchez fue quien «engañó sobre su salida, y quien lo reincorporó en las listas para mantenerlo silenciado y, además, otorgarle aforamiento»: Incluso, «Sánchez quería que el PSOE financiara y gestionara su defensa… el mismo que llegó al Gobierno con una moción contra la corrupción, defendida precisamente por Ábalos».
Por ello, resulta «inaceptable» que Sánchez continúe en el cargo, ya que es «responsable políticamente de las acciones de sus ministros».
Dado que esta es la primera vez que un miembro del Gobierno es condenado por hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones, «las responsabilidades penales han quedado definidas, porque la sentencia no admite recurso; pero las responsabilidades políticas existen y no pueden ser eludidas«.
Estrategia política
Antes del Comité de Dirección, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió con la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y con las portavoces del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y en el Senado, Alicia García.
La gravedad de la coyuntura política en España, debido a la acumulación de casos de corrupción vinculados al PSOE, al Gobierno y al propio presidente, Pedro Sánchez, llevó a que la habitual rueda de prensa de Borja Sémper fuera sustituida por la comparecencia directa del líder de la oposición.
La sentencia por el caso Mascarillas y las votaciones decisivas en el Congreso y el Senado de esta semana aconsejaron una reunión de coordinación específica. Todo es parte del mismo proceso, «el nivel de decadencia institucional al que ha llevado el sanchismo», según declaró uno de los presentes.
Este miércoles, el Senado debatirá y votará la moción que exige elecciones, una sesión que «la Mesa del Congreso no permitió votar», explicó un alto cargo del partido. Se espera que esta semana se fije la fecha para «la moción de confianza» en la Cámara Baja.
Feijóo otorgó gran importancia a estos votos. «Ahí se decidirá si los socios continúan siendo cómplices necesarios«, advirtió, «o si alguno ya reconoce que no hay retorno».
La contundente sentencia del Supremo contra José Luis Ábalos y Koldo García, con un veredicto unánime y penas de hasta 24 años por corrupción en el caso Mascarillas, sitúa en el centro judicial a un exministro clave del sanchismo.
El PP, que actúa como acusación popular y solicitó penas de hasta 30 años para Ábalos y Koldo, ve avalada su estrategia judicial y ahora busca capitalizar políticamente.
Este caso se ha convertido en símbolo de la decadencia institucional que Feijóo intenta explotar políticamente, al situar al ex número dos del PSOE como líder de una red criminal durante la pandemia.
La reunión urgente con Muñoz, García y Gamarra buscó afinar el discurso del PP frente a un escenario que semanalmente se vuelve más complejo y «desafiante para el Estado de derecho», según fuentes internas.
Un caso tras otro
El sábado, el auto de Juan Carlos Peinado imponiendo medidas cautelares a Begoña Gómez, con indicios de una posible fuga facilitada por policías encargados de su escolta, desató una contraofensiva gubernamental que calificó la situación de «mafia desatada» y un supuesto plan contra «la familia Sánchez».
Óscar Puente y Diana Morant han transformado esta hipótesis del juez en una prueba de una conspiración político-judicial, apuntando al PP y a magistrados como parte de un plan para «derribar al Ejecutivo».
La tensión llegó incluso al CGPJ, que convocó una reunión extraordinaria este domingo para evaluar posibles medidas disciplinarias contra Peinado, mientras acusaciones populares piden que el Consejo «no sucumba a las presiones del Gobierno».
En este contexto, Feijóo intenta posicionarse como defensor de la independencia judicial y la «regeneración institucional», por lo que diseñó una respuesta coordinada con sus portavoces parlamentarias para aprovechar el choque entre Moncloa y los jueces.
Las revelaciones sobre la cátedra de la esposa del presidente, acusada de cuatro delitos por beneficiarse y beneficiar a empresas específicas vinculadas a su entorno, fortalecen la narrativa de uso instrumental de la universidad y de recursos públicos.
La investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en negocios privados, apropiación indebida y malversación se suma a otros frentes judiciales del sanchismo, ampliando el cerco alrededor del círculo cercano a Sánchez.
Para el PP, la imagen de una carrera académica y empresarial acelerada «al amparo de Moncloa» constituye munición directa para su discurso de regeneración y depuración institucional.
La dirección popular encuadra este caso en un relato común que abarca Ábalos, Koldo, las presiones al juez Peinado y otras investigaciones, hasta 15, con 19 delitos distintos, cerca de un centenar de imputados, y peticiones de cárcel que suman hasta 1.800 años», recordó Feijóo.
A estos casos vinculados al Gobierno se añade también el de José Luis Rodríguez Zapatero. La tasación de sus joyas, valoradas en 1,3 millones de euros y bajo sospecha por posibles delitos fiscales y de contrabando, se ha incorporado a la investigación del caso Plus Ultra.
La sentencia del caso Mascarillas, que beneficia al comisionista Víctor de Aldama (quien evita cárcel), ha sido celebrada por Feijóo. «Fue la postura que propusimos como acusación particular, porque es lo que manda el Código Penal».
Además, la utilizó como advertencia para el expresidente. El riesgo de que «cante Julito» —el intermediario clave en la trama Plus Ultra— y opte por colaborar con la Justicia, introduce un elemento de inestabilidad añadido para Zapatero y, en consecuencia, para el entorno de Sánchez.
«No soy su abogado, pero si lo fuera», comentó divertido Feijóo, «le aconsejaría que reflexionara si, además de decir la verdad, quiere beneficiarse de ella«.
«Se sabrá todo»
Esta semana se votarán esas dos mociones, recordó el líder popular, dándoles gran relevancia… a raíz de los nervios que han producido en el Gobierno y en el PSOE, y considerando que Junts y PNV parecen querer distanciarse del olor a corrupción.
«Nos decían que todo era una invención, que eran bulos, conspiraciones, una persecución…», enumeró el líder del PP.
«Pero este lunes, el Supremo de forma unánime, condenó a un ministro del Gobierno de Sánchez por sus actos durante el ejercicio del cargo. ¿Qué esperan, tres sentencias, cinco, diez? ¿Que haya aún más en prisión?», insistió.
«¿O acaso aguardan a que se archive un caso y se use como coartada para los demás?» Para Feijóo, «es inaceptable que [Sánchez] continúe un minuto más como presidente».
Añadió que «es insostenible para los socios y no lo soportan los españoles. Porque nadie lo eligió para que los robaran, para las mordidas, para proteger a los corruptos, nadie lo votó para organizar persecuciones contra la Policía, la Guardia Civil, los medios de comunicación y la Justicia».
Así terminó Feijóo: «Los ciudadanos le otorgaron un mandato para gobernar, no para saquear ni para mentir continuamente«.
Con una advertencia: «Soy la alternativa, asumo los problemas sin resolver y, además de enfrentarlos, prometo que se conocerá toda la verdad, el alcance del saqueo. Los españoles sabrán a dónde fue el dinero que nunca llegó para cubrir sus necesidades».
Feijóo busca presentar este caso como el cierre de un ciclo, donde la herencia del zapaterismo y el sanchismo confluyen en un conjunto de causas judiciales, justificando una estrategia de confrontación dirigida por su núcleo de regeneración y las portavoces en el Congreso y el Senado.