Las primeras ministras de Dinamarca e Italia manifestaron su desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo español y respaldan la instalación de centros de deportación en terceros países.
Los mandatarios de la Unión Europea enfrentan múltiples temas en su agenda. Los debates se desarrollan sobre la marcha, por lo que habitualmente se acumulan retrasos en el calendario previsto. Este jueves y viernes tiene lugar en Bruselas el último Consejo Europeo del período, donde los 27 países discutieron la cuestión migratoria, un tema que genera diversas posturas y sensibilidades. Fuentes diplomáticas confirman que surgieron tensiones y fuertes debates entre varios líderes debido a las diferencias en sus propuestas. Pedro Sánchez defendió su oposición a la creación de centros de deportación para migrantes en tierras extranjeras, mientras algunos colegas expresaron su preocupación por el proceso de regularización acelerada lanzado por España, que culmina el 30 de junio y ha recibido ya 900.000 solicitudes.
Representantes de tres países distintos detallan que durante la reunión, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, integrante también del bloque socialista como Sánchez, valoró el trabajo de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para lograr la aprobación de una normativa que endurece las políticas migratorias y permite instigar centros de deportación. Insistió en la urgencia de mantener un diálogo estratégico al respecto.
«Externalizar la política migratoria hacia terceros países resulta completamente ineficaz, y existen suficientes experiencias comparativas, como en varios países africanos gestionados por naciones occidentales, que demuestran su fracaso», declaró Sánchez al llegar al Consejo Europeo, quien también se opuso a abrir ese debate estratégico, según informan fuentes comunitarias.
En el marco del intercambio, se hizo referencia al proceso de regularización impulsado por España, con líderes como Frederiksen y Giorgia Meloni, primera ministra italiana, mostraron su desacuerdo con esta iniciativa del gobierno de Sánchez, de acuerdo con información de Euroactiv y confirmaciones de este diario. «Lo que haces repercute en otras naciones», fue el mensaje que transmitió la líder italiana. A este argumento se sumaron países como Hungría y Bélgica.
Otros dirigentes europeos expresaron su «preocupación», ya que, coincidiendo con posturas como la del PP en España, consideran que la decisión española podría tener efectos sobre otros países. Es una medida que genera reservas en algunos Estados miembros.
Ese grupo conformado por Italia y Dinamarca encabezó además una carta que, en total, 19 capitales firmaron y remitieron este mismo viernes a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, solicitando que «avance cuanto antes en soluciones basadas en terceros países». Esto implica la creación de centros de retorno para inmigrantes. «La decisión democrática sobre quién puede entrar y permanecer en nuestros países debe ser siempre respetada», añade el texto respaldado asimismo por Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
Volviendo al debate del jueves, Sánchez defendió que sus políticas han logrado reducir las llegadas irregulares a España, un logro que también remarca Meloni. Curiosamente, Sánchez y Meloni mantuvieron una reunión bilateral en la que, según fuentes españolas, manifestaron su disposición para colaborar en pro de una «Europa sólida, ambiciosa y con peso propio en el escenario global».
Las posiciones sobre inmigración continúan siendo divergentes entre los líderes europeos, lo cual quedó en evidencia durante el Consejo Europeo. «Se puso de manifiesto la distancia existente entre España y algunos socios en materia migratoria».
Fuentes de la delegación española descartan un enfrentamiento con Meloni, aunque reconocen la existencia de debate en este asunto y que se presentaron las diferentes posturas. Desde su equipo afirman que Sánchez defiende con confianza su modelo migratorio, que incluye la regularización acelerada. En La Moncloa defienden esta medida afirmando que «España se sitúa a la vanguardia en justicia social».