Las claves
El PSOE y algunos miembros del Gobierno reprochan la decisión del Supremo de no encarcelar a Víctor de Aldama, condenado por corrupción, tras su colaboración con la justicia.
Montse Mínguez y Óscar Puente, entre otros, manifiestan su descontento en redes sociales debido a la disparidad de condenas entre los implicados en el caso.
El caso de Aldama se compara con otros precedentes en los que la cooperación con la justicia permitió a empresarios evitar la prisión, como ocurrió en la trama Gürtel.
Desde Sumar y ERC interpretan la sentencia como un mensaje hacia otros implicados: colaborar con la justicia puede conllevar reducciones significativas en las condenas.
En Ferraz y en el Gobierno se percibe indignación ante la condena del Supremo al exministro y exsecretario de organización, José Luis Ábalos, con una pena de 24 años de cárcel, mientras se absuelve a Víctor de Aldama de prisión gracias a su cooperación con la justicia, a pesar de haber sido condenado a 4 años y medio.
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, cuestionó en X: «¿Vale la pena ser corruptor en España?» Añadiendo que «francamente, cuesta comprenderlo». Posteriormente, en otro tuit, criticó al novio de Isabel Díaz Ayuso por no enfrentar consecuencias, aunque existe una investigación en curso.
Una opinión análoga tiene el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien censuró que Aldama no vaya a prisión debido a su aportación al esclarecimiento de los delitos bajo la condición de no delinquir.
«¿Lo observáis, niños? Si cometéis delitos pero luego os comportáis adecuadamente y ‘colaboráis’, el perdón estará garantizado y con solo presentar un informe insignificante, no entraréis en la cárcel».
«Es una sentencia que sirve como advertencia muy clara», añadió el ministro, señalando que actualmente existen varias personas alejadas del entorno socialista que podrían colaborar judicialmente para evitar la prisión a cambio de delatar a altos cargos.
El ejemplo más notable es el amigo de Zapatero, ‘Julito’ Martínez, quien ya ha cambiado de abogado y contratado a María Dolores Márquez de Prado, una penalista reconocida que defendió a Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, y esposa del expresidente de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño.
Desde que Aldama comenzó a revelar información, tanto en el Gobierno como en La Moncloa se ha criticado al empresario.
«Menuda invención», afirmó Pedro Sánchez tras las primeras acusaciones y la liberación preventiva del «nexo corruptor», que desde el inicio ha señalado tanto al presidente del Gobierno como a varios ministros, como Ángel Víctor Torres, aunque no ha aportado pruebas concluyentes contra estos últimos.
A pesar de las críticas de Puente y Mínguez, fuentes de Moncloa sostienen que «lamentamos y condenamos sin reservas conductas que claramente vulneran los principios en los que, según afirman, se basa el Ejecutivo de Sánchez: transparencia, mérito e integridad como pilares del servicio público».
Defienden además, tras la primera condena a un ministro de Pedro Sánchez, que en este tiempo han formado «equipos, actuado y promovido numerosas leyes y regulaciones fundamentadas en esos principios».
«Nos comprometemos a continuar trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea tolerada ni celebrada», aseguran.
A través de un tuit, la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, quien ocupa el cargo que tuvieron Ábalos y Cerdán, declaró que «la Justicia ha emitido su fallo y sus resoluciones deben ser respetadas y acatadas».
«La postura del PSOE ha sido inequívoca desde el principio: cero tolerancia con la corrupción, colaboración total con la justicia y máxima firmeza ante cualquier acto irregular», dejando a un lado las declaraciones de la portavoz de la Ejecutiva en X.
Otros precedentes
En el caso Gürtel también se libraron varios empresarios de la cárcel. Por ejemplo, Alfonso García-Pozuelo, ex presidente de Constructora Hispánica, quien tras reconocer haber pagado cuatro millones de euros a la red de Francisco Correa, no ingresó en prisión luego de que el Supremo confirmara que su condena de dos años se sustituyera completamente por una multa.
Situaciones similares ocurrieron con empresarios valencianos que admitieron haber aportado más de un millón de euros en negro para financiar actos electorales del PP a través de facturas ficticias emitidas a la empresa Orange Market.
Además, tras la confesión de Correa, la Fiscalía aplicó la atenuante de confesión, reduciendo drásticamente las peticiones de pena en diferentes piezas del caso. En Valencia, por ejemplo, la petición inicial de 24 años se rebajó a una condena final de 5 años y 3 meses.
Más adelante, en otro tuit, Puente criticó lo que consideró una sentencia excesiva, mencionando el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta del PP de León. «
Fue ejecutada con tres disparos a quemarropa» y las penas fueron de 22 años para la autora, Monserrat González, y 20 para su hija, Triana Martínez, como cooperadora necesaria. «Que cada uno saque sus propias conclusiones», concluyó el ministro.
Desde Sumar valoraron la sentencia como «contundente», mientras que Gabriel Rufián, portavoz de ERC, señaló que «lo de Aldama es un mensaje para Julio Martínez, Leire Díez y otros». «Si colaboras, te libras», añadió también en X.
No obstante, más tarde se cuestionaba qué queda realmente en el contenido de la actual legislatura.