El juez Peinado expone cómo Begoña Gómez utilizó su influencia como esposa de Sánchez para establecer su cátedra y beneficiar a Barrabés

El rector de la Complutense, Joaquín Goyache; Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Las claves

El juez Peinado decide enviar a juicio a Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias, le retira el pasaporte y le impide salir de España.

Según la resolución judicial, Begoña Gómez habría usado su estatus como esposa del presidente para instituir una cátedra en la Complutense y beneficiar a Juan Carlos Barrabés.

Barrabés consiguió dos contratos públicos por un total de 12,1 millones de euros tras presentar cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, mientras que la Intervención General detectó irregularidades.

La financiación de la cátedra creada para Begoña Gómez fue aportada por empresas bajo supervisión gubernamental o que recibían contratos públicos.

El presunto delito de tráfico de influencias constituye el núcleo central del auto emitido este sábado por el juez Peinado, quien envía a juicio a Begoña Gómez, ordena la retirada de su pasaporte y le prohíbe salir del territorio español.

En una resolución previa de mayo de 2025, recuerda Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid atribuyó a Begoña Gómez el «uso de su cercanía al Presidente del Gobierno, en calidad de su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones destinadas a impulsar su carrera profesional».

En dos sentidos. Por un lado, según el relato del juez, Begoña Gómez habría aprovechado su condición como esposa del presidente del Gobierno para obtener que la Universidad Complutense crease la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), de la que sería codirectora (a pesar de carecer de estudios superiores).

Por otro lado, tras apoyar a Begoña en sus actividades académicas y realizar varias visitas a la Moncloa, Juan Carlos Barrabés logró que sus empresas obtuvieran la adjudicación de dos contratos públicos por un total de 12,1 millones de euros.

Esto se hizo mediante cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez. La Intervención General del Estado detectó irregularidades en ambas adjudicaciones.

El juez Juan Carlos Peinado señala el «cambio drástico» que experimenta la carrera profesional de Begoña Gómez tras la llegada de su marido a la Moncloa en junio de 2018.

La esposa del presidente abandona la firma Inmark (especializada en la captación de fondos para ONG) y, solo dos meses después, en agosto de 2018, es nombrada directora del IE Africa Center, «estableciendo conexiones con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y con Hub/StartUp Wakalua SL, ámbito en el que coincide con Juan Carlos Barrabés».

El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, testificó ante el juez que en julio de 2020 recibió una llamada de la secretaria de Begoña Gómez: «Me pidió si podía acudir al Palacio de la Moncloa y allí asistí, reuniéndome a solas con ella«.

En esa reunión, la esposa del presidente explicó su propuesta de crear la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC).

Así se recoge en la declaración del vicerrector Juan Carlos Doadrio, quien detalló ante el juez: «El rector me llamó por teléfono (…) y me indicó que debía crear una cátedra para Begoña Gómez, la esposa del presidente”.

Todo este procedimiento, señala el juez, se desvió del «proceso académico normal».

Esto se debe a que Begoña Gómez no cumple los requisitos para liderar una cátedra: carece de estudios superiores y no formaba parte del personal de la Complutense.

Para solucionar este inconveniente, designaron un codirector, el profesor José Manuel Ruano, cuyo papel sería «simbólico o marginal«, según el juez.

Fue Begoña Gómez quien gestionó las negociaciones para obtener patrocinadores que financiaron la cátedra: Reale Seguros (que aportó 60.000 euros en varias cuotas) y la Fundación La Caixa (15.000 euros anuales).

Gracias a su posición «particular» como esposa del presidente del Gobierno, según expuso la Audiencia Provincial de Madrid, Begoña Gómez consigue financiación de «empresas sujetas a supervisión gubernamental o receptoras de subvenciones o contratos públicos significativos«.

El empresario Juan Carlos Barrabés había colaborado previamente con el Máster en Dirección de Fundraising Público y Privado en ONG de la Complutense, donde Begoña Gómez fue profesora desde 2014.

Ahora Barrabés intensifica su participación en la Cátedra extraordinaria que impulsó en 2020 la esposa del presidente del Gobierno.

Begoña Gómez, Pedro Sánchez y Francina Armengol, el 19 de junio de 2024 en el Palacio Real.

Barrabés declaró ante el juez que acudió al Palacio de la Moncloa al menos en cuatro ocasiones para tratar estos temas con Begoña Gómez. En «una o dos ocasiones» participó también el presidente, Pedro Sánchez.

Begoña Gómez firmó las cartas de recomendación («declaraciones de interés», según Pedro Sánchez) que Barrabés presentó como parte de sus méritos para conseguir dos contratos con la empresa pública Red.es.

Sus empresas lograron así dos adjudicaciones en 2021: una por 7,7 millones de euros y otra por 4,4 millones.

En el informe enviado al juez, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó «irregularidades importantes en la tramitación de estos procesos, incluyendo falta de transparencia, uso excesivo de criterios subjetivos de valoración, alteración de fórmulas de puntuación, incorporación de documentos sin firma o con trazabilidad deficiente y supresión de metadatos».

Estas circunstancias, añade el juez, «favorecieron indebidamente» a la UTE en la que participa el grupo Barrabés.

Además, esta semana el juez Peinado ha abierto una pieza separada del caso, luego de que la Fiscalía Europea detectara indicios de «un delito de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión» en un tercer contrato adjudicado por Red.es al empresario de Benasque (sin cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez en este caso).

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